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El ‘oro de sangre’ de Colombia podría estar en cualquier parte

En lugares como Timbiquí y Río Quito, en Colombia, hay cientos de pequeñas operaciones mineras que se enfocan en la extracción de oro. Muchas de estas responden ante las guerrillas dominantes de la zona o a las bandas criminales que se lucran del metal precioso.

El oro, después de extraído, se lleva a fundiciones clandestinas en las afueras de ciudades como Cali y Medellín. Después de fundido el oro es comprado por refinerías extranjeras a buen precio, y son estas quienes lo comercializan a joyeros y a empresas de tecnología. Para este punto de la cadena de producción, el origen ilegal y en muchas formas destructivo del oro ya no se discierne.

Aunque empresas como Apple y General Motors hacen auditorías particulares en sus cadenas de suministros para asegurar la legalidad de la operación, muchas veces es posible que, a pesar de la vigilancia, el oro ilegal llegue a los productos completos.

Tyler Gillard, asesor legal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), asegura que es “impráctico e inviable esperar que se trace el oro hasta su mina de origen”.

Debido a esto, la minería ilegal continúa siendo un negocio fructífero en Colombia, Perú y Venezuela, en donde no se le ha combatido con la fuerza con la que se combate en África. De hecho, 85% de las 59 toneladas de oro exportado por Colombia fue extraído de minas ilegales, sin la aprobación del gobierno o sin los permisos ambientales necesarios.

Durante los últimos años, el oro ilegal, junto con el resto de actividades mineras ilegales, se han instalado como fuente principal de financiamiento de las guerrillas armadas de Colombia, por encima incluso de la comercialización de cocaína. Esto la ha convertido en combustible del conflicto armado, y por tanto un problema para el gobierno y para la población colombiana.

El financiamiento de las guerrillas es apenas el primero de una larga lista de problemas que surgen a partir de la minería ilegal. El desplazamiento interno, el trabajo infantil y un enorme costo ambiental son algunos de los otros.

Algunas de las refinerías en las que se ha evidenciado la compra de oro ilegal son Asahi Reninig USA Inc y Metalor Technologies USA Corp. Ambas han comprado oro colombiano en mayor cantidad del que se produjo legalmente según cifras del Departamento Nacional de Estadística (DANE), lo que hace que sea altamente improbable que todo sea producido legalmente.

Una vez el oro entra a estas refinerías se legitima completamente en los mercados internacionales, pues están listadas dentro de los registros oficiales y cuentan con certificados de buenas prácticas comerciales.

Este es quizás el vínculo con el que más urgencia se debe lidiar, pues es el sustento de la actividad ilegal, la violencia y la degradación ambiental en Colombia. Asegurar que las grandes compañías metalúrgicas compren oro legal es un paso definitivo ante la consolidación de un posconflicto efectivo, pues si la minería ilegal puede sustentarse se convertirá en una constante fuente de violencia y en un problema de seguridad para el Estado.