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La oposición en Venezuela, sin amigos

Los venezolanos, con la esperanza de revocar el mandato del presidente Nicolas Maduro, están pidiendo ayuda internacional a través de la Organización de los Estados Americanos. Pero incluso conseguir que comiencen las conversaciones en la OEA es difícil sin la ayuda del gobierno Obama.

Lilian Tintori, esposa del preso político venezolano Leopoldo López, celebró al lado de Mauricio Macri cuando este fue elegido presidente de Argentina en noviembre. La alegría de Tintori se basaba en la esperanza de que el gobierno de Macri se convirtiera en una voz líder en el tema de los derechos humanos en Venezuela.

Siete meses después, el gobierno de Macri ocupa la presidencia rotativa del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Sin embargo, Argentina está usando el puesto para bloquear una discusión en la reunión de la Asamblea General de la OEA que tendrá lugar en República Dominicana esta semana para tratar la falta de respeto de las normas democráticas en Venezuela. La crisis venezolana no está siquiera en el orden del día.

El gobierno de Obama no está ayudando. El Departamento de Estado dice estar “profundamente preocupado” por las formas no democráticas de Venezuela. Pero aunque EE.UU. paga las cuentas de la OEA y podría usar su influencia para insistir en que se discuta el tema, no lo ha hecho.

La discusión es un asunto urgente. La constitución venezolana permite un referéndum revocatorio del mandato presidencial. Si la votación se lleva a cabo antes de finales de este año y el voto por el “sí” gana, Nicolás Maduro será desplazado y habrá nuevas elecciones en 30 días. Pero si el referéndum se retrasa hasta el próximo año, como desea el gobierno, un voto por el “sí” significaría que el vicepresidente de Maduro termine el plazo y que su partido mantenga el control hasta febrero el año 2019.

A través de la OEA, los venezolanos ruegan a la comunidad internacional que presione al gobierno de Maduro para que respete la constitución. Macri está en el medio. La prensa especula que su posición es la contrapartida del apoyo de los países bolivarianos a la campaña de Argentina para que la ministra de Asuntos Exteriores, Susana Malcorra, lidere la Naciones Unidas.

Argentina lo niega. El viernes, el Ministerio de Relaciones Exteriores me dijo en un documento escrito que prefiere apoyar el “diálogo” entre las partes en Venezuela. Pero la oposición no tiene nada para dar a cambio: el referéndum en 2016 y la libertad para los presos políticos son derechos reconocidos por la constitución. ¿Propone Argentina que las libertades civiles deben ser negociables? Como las vías institucionales para resolver la crisis política en Venezuela están cerradas, una nación frustrada se está acercando a una explosión.

El sitio web venezolano El Cooperante publicó el miércoles un video de gente saqueando un camión que transportaba pollos vivos en una carretera del estado Lara. Las imágenes capturaron la cuasi anarquía que ahora define la vida cotidiana en Venezuela. La semana pasada, el coordinador general del Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, Marco Antonio Ponce, dijo a la agencia de noticias española EFE que en los últimos cinco meses su organización ha documentado “146 incidentes de saqueo y 108 intentos de saqueo”.

El saqueo no es sólo para obtener alimentos, según Ponce, que calificó a aquel como “[una] protesta con características violentas”. Él dice que en los últimos cinco meses se han producido un total de 2.779 protestas en todo el país, y que su número mensual está en constante aumento. Los manifestantes que piden alimentos, servicios básicos y libertades civiles a menudo chocan con la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana.

Con frecuencia, el resultado es la brutalidad patrocinada por el Estado contra civiles desarmados. La semana pasada la Guardia Nacional permitió que matones progubernamentales golpearan a miembros de la oposición en la Asamblea Nacional que protestaban por la demora del gobierno en aprobar la convocatoria al referendo de revocación.

Luis Almagro, secretario general de la OEA, quiere hablar en la reunión de Santo Domingo sobre las varias violaciones por parte de Venezuela de la “carta democrática” de la organización, que requiere que sus miembros defiendan la democracia.

Él está bien preparado. Su devastador informe de 130 páginas, publicado el 30 de mayo, documenta la escasez de alimentos, medicinas, equipos médicos, electricidad y agua. El reporte observa el deterioro de la nutrición debido a los altos precios y las largas colas, y hace sonar la alarma sobre los aumentos de la malaria y el dengue, la incapacidad del Estado para proporcionar datos cruciales sobre la salud pública y el aumento de la mortalidad neonatal y materna.

El informe de la OEA documenta la degradación de la seguridad pública, el aumento de la corrupción, la práctica de mantener presos políticos y la eliminación de la independencia del Tribunal Supremo. Ese tribunal suprime regularmente las leyes aprobadas por un congreso controlado por la oposición, entre ellas una que habría liberado a los presos políticos. La inconstitucionalidad del intento de Maduro de retrasar el referendo también es analizado con detalle.

Puede ser que Almagro no tenga los votos en la Asamblea General de la OEA para sancionar a Venezuela. Pero poner los hechos sobre la mesa dejará sentado en el expediente lo que algunos miembros de la OEA quieren ignorar y prefieren no hablar porque se han puesto del lado de Maduro.

En cuanto al presidente Obama, el ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero, quien apoya retrasar el referendo revocatorio hasta el próximo año, dijo el viernes al diario El País que el plan de “dialogar” con la oposición hasta entonces cuenta con el respaldo EE.UU. No es extraño que Macri haya dado la espalda a Tintori en su hora de necesidad.

Mary Anastasia O’Grady

The Wall Street Journal