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Mauricio Macri, ¿gerente o presidente?

La elección de Mauricio Macri marcó un hito en la historia de Argentina. Desde 1912 hasta ahora, todos los presidentes democráticamente electos —en elecciones sin fraude— pertenecieron a los dos partidos tradicionales: la Unión Cívica Radical y el Partido Peronista o Justicialista. Macri rompió con esa tradición y además obtuvo la primera victoria presidencial de un partido de centro-derecha (Propuesta Republicana). Si termina su mandato en diciembre de 2019, se convertirá en el primer presidente democrático no peronista desde 1928 en hacerlo (los anteriores sufrieron golpes militares o renunciaron anticipadamente). En Argentina, el lugar común afirma que solo los peronistas pueden gobernar el país. ¿Podrá Macri quebrar la vinculación entre gobernabilidad democrática y peronismo?

Su gobierno está basado en un partido de centro-derecha formado por antiguos empresarios y activistas de organizaciones civiles que surgieron tras la crisis de 2001. Macri prometió “gestión” y reglas de mercado. Y para cumplir llenó su gabinete de exgerentes.

Es muy pronto para adelantar resultados, pero no para hacer un balance del primer año de gestión. Su estrategia de gobierno le ha facilitado cumplir con su programa económico pero puede generarle dificultades para su sostenibilidad política. ¿Qué desafíos le esperan?

A poco de asumir, Macri liberó el mercado cambiario y eliminó impuestos, cupos y regulaciones al comercio exterior, además de los controles de precios en la economía. Cumplía promesas electorales que buscaban desmontar el intervencionismo económico de su antecesora, Cristina Fernández de Kirchner. Recuperó también la autonomía técnica (y la credibilidad) del Instituto Nacional de Estadísticas. Redefinió los lineamientos internacionales de Argentina y fue recompensado con una visita del presidente Obama. Pese a tener minorías en ambas cámaras legislativas, el presidente supo aprovechar (e incluso alimentar) la división del peronismo para conseguir la aprobación de leyes, como la que le permitió renegociar la deuda en default, gracias a lo cual Argentina pudo retornar a los mercados financieros internacionales. Finalmente, las denuncias de corrupción contra funcionarios del gobierno anterior afianzaron el apoyo de sus propios votantes.

Macri ha podido mantener una popularidad alrededor del 50 por ciento, especialmente entre quienes fueron sus votantes, pese al impacto de la devaluación de la moneda y al aumento de tarifas de servicios públicos, que buscaba reducir el costo fiscal de los subsidios energéticos. El aumento de las pensiones y de los planes sociales a los desempleados y la decisión de no atacar el déficit fiscal de forma inmediata le permitió al poder ejecutivo usar fondos públicos para conseguir apoyos políticos y mantener la aprobación de una opinión pública caracterizada por su optimismo respecto al futuro desempeño económico y el rechazo al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner.

Si bien la popularidad de Macri ha resistido, el optimismo ha empezado a erosionarse frente a una contracción de la economía y una inflación que rondó el 40 por ciento en 2016.  El gobierno recurrió al financiamiento externo y a un blanqueo de capitales excepcional para pagar el déficit fiscal de 2016 sin recurrir a mayores impuestos en un contexto recesivo, pero la “lluvia de inversiones” que Macri esperaba para reactivar la economía no ha terminado de llegar. Además, la lentitud en la implementación de obras públicas (esperando controles que buscan evitar denuncias de corrupción) contribuyó aún más a la retracción del consumo.

Las elecciones legislativas de octubre 2017 generan nuevos desafíos. Los inversionistas esperan una confirmación del rumbo económico por parte de la población. Los votantes quieren resultados que ratifiquen su optimismo inicial antes de reafirmar su confianza en un gobierno que les ha prometido crecimiento positivo y menor inflación para 2017. Macri tiene que sumar legisladores en esta elección para poder aprobar leyes reduciendo su dependencia en la negociación de concesiones a la oposición. Si bien logró acuerdos legislativos en 2016 basados en el apoyo de gobernadores peronistas que buscaban afianzar la economía para garantizar su propia gobernabilidad, esta dinámica será más difícil en un año electoral donde los intereses del gobierno y del peronismo divergen. El fracaso de su ley de reforma política, por falta de apoyo peronista, es un ejemplo de lo que se avecina.

Frente a estos desafíos, el estilo de gestión de Macri puede jugarle en contra. Su pasado como empresario y presidente de un club de fútbol se refleja en una gestión apoyada en un equipo que responde a un gerente —un pequeño núcleo de funcionarios muy cercanos a Macri— pero no necesariamente en armonía con una coalición política que lo sostenga electoralmente. La falta de estrategia política puede ser costosa, no solo en términos legislativos para la segunda mitad del mandato, sino también para la continuidad de un proyecto político de centro-derecha democrático que pueda mantenerse pese a los vaivenes de la competencia electoral.

Para encarar esos desafíos, Macri debe afianzar una estructura política en todo el territorio nacional, un equipo que sobreviva al presidente del club de fútbol y a su popularidad coyuntural y, por ende, menos sujeto a los vaivenes de la misma.

La oportunidad otorgada por el control del gobierno nacional, la gobernación de la provincia de Buenos Aires (que alberga al 40 por ciento de la población argentina), y la ciudad de Buenos Aires podría haber sido utilizada mejor para ampliar la coalición de gobierno. Tanto el peronismo como el radicalismo, los dos partidos tradicionales, usaron el acceso al Estado para construir y expandir sus organizaciones. El partido de Macri, Propuesta Republicana, hizo algo similar para gobernar la ciudad de Buenos Aires desde 2007. Sin embargo, Macri no parece estar construyendo una estructura nacional que fortalezca la sostenibilidad política hasta el fin de su mandato y más allá del mismo, estableciendo así una alternativa de centro-derecha que demuestre que gobernabilidad democrática no es sinónimo de peronismo en Argentina.