Casi mil millones de dólares en sobornos es lo que se estima que la constructora brasilera repartió en diez países de la región

Y, como siempre, ninguno de nosotros sabe qué tanto podríamos comprar, o solucionar, con todo ese dinero. Así como no sabemos si eso es, apenas, la punta del iceberg.

Como toda historia de terror, empieza mucho después del principio, que es un poco incierto, para ser exactos, cuando la policía brasilera encargada de investigar a la petrolera estatal Petrobras arrestaba, en una de sus lujosas casas, a uno de los empresarios más poderosos de Brasil, alguien llamado Marcelo Odebrecht. El mundo de la economía local, y el político, por supuesto, empezó a temblar desde entonces. Y no han parado de hacerlo, ni parará dentro de poco. Porque los secretos que podría guardar el presidente de la mayor constructora de Latinoamérica, un animal de más de ciento cincuenta mil cabezas, con manos untadas en casi treinta países, entre otros, el mío, el suyo, el de ella, el de él o el de ellos, son de tal magnitud que podrían derrumbar presidencias, altos cargos ejecutivos o hacer caer gobiernos en toda la región. Esto, claro está, si el aparato judicial no está tan untado como los mismos acusados.

Los detalles de la compleja maquinaria corrupta (se habla de ella como si se tratara de un reloj suizo, porque casi lo es), salieron a la luz en diciembre del año pasado. Cuando se publicó la confesión en la que directivos de la empresa admitieron haber pagado poco menos de ochocientos millones de dólares en más de diez países de Latinoamérica. Los encargados de hacerlo fueron el Departamento de Justicia y la Fiscalía de Estados Unidos. Los directivos involucraron a docenas de gobiernos, incluyendo jefes de Estado, entre ellos el presidente de Colombia, el de Perú, entre otros, ministros, senadores y otras personas prestigiosas que hoy son investigadas o que ya fueron encarceladas.

Resumamos algunos en orden alfabético, para que el dolor sea menos disperso, más público y se concentre en donde debe ser, en los nombres propios: en Argentina, gasoductos, potabilización de agua, obtención de potasio y el soterramiento del ferrocarril Sarmiento, entre otros: treinta y cinco millones de dólares que se convirtieron en contratos por unos doscientos setenta y ocho millones de dólares; en Brasil, cientos de proyectos, incluyendo industrias extractivas y la represa Belo Monte, desde su planeación experta en arduas violaciones de los derechos humanos: ocho ministros del actual gobierno y los tres últimos presidentes investigados; en Colombia, la Ruta del Sol y la navegabilidad el Río Magdalena, las dos obras de alta ingeniería más importantes del país: dos campañas presidenciales financiadas de forma irregular y más de diez millones de dólares repartidos por doquier; en Ecuador, la hidroeléctrica Manduriacu y la refinería del Pacífico: funcionarios del Gobierno que recibieron pagos por treinta y cuatro millones; en México, proyecto petroquímico Etileno XXI, el más grande de América Latina, y el gasoducto Los Ramones II Norte: diez millones de dólares en sobornos a altos funcionarios de una empresa controlada por el Estado, por no repetir la palabra México; en Perú, la Carretera Interoceánica Norte Sur, el proyecto hidroenergético Alto Piura y el tren eléctrico de Lima: dieciocho meses de prisión preventiva para un presidente.

Ahora bien, ya podríamos estar pensando en que el dinero que ahora mismo tenemos en nuestros bolsillos no está tan limpio como creíamos. Porque en realidad no sabemos de dónde viene y, aunque supiéramos, tampoco sabemos que quien los hizo no fue pagado por Odebrecht o por uno de sus peones para construir el mundo que nos merecemos.

Latin American Post | Sergio Marentes

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