Luego de ser promulgada por el presidente Enrique Peña Nieto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación se posicionará acerca de la viabilidad de la polémica Ley

Luego de años de espera en el Congreso de la Unión, en un momento en que el final del sexenio se acerca y los reflectores apuntan más a los contendientes de los próximos comicios presidenciales que al Ejecutivo en turno, diferentes actores políticos comenzaron a presionar para que la Ley de Seguridad Interior quedase finalmente aprobada antes de la salida del actual mandatario.

La Ley fue promulgada por el presidente Peña Nieto el jueves 21 de diciembre, después de ser avalada en la Cámara de Diputados con 248 votos a favor, 115 en contra y 48 abstenciones. Luego algunas modificaciones hechas por el Senado, la ley contó con 74 votos a favor, 34 en contra y tres abstenciones.

No obstante, debido al marco jurídico mexicano, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) puede pronunciarse sobre una ley sólo después de que ésta ha sido promulgada. Por tanto, como afirmó Peña Nieto durante su promulgación, la SCJN ”será el árbitro legitimado constitucionalmente para tomar una resolución definitiva”.

Así, para decidir respecto a la implementación, habrá que esperar el pronunciamiento de la SCJN, luego de que su presidente, Luis María Aguilar Morales, dijera, al presentar su Tercer Informe Anual de la Labores, que ”la constitución no puede ser usada como pretexto para olvidar el respeto de los derechos”. Aguilar agregó que ”la Constitución misma, ha previsto y aún en la última reforma, ha endurecido las sanciones para quienes no cumplen con las sentencias protectoras de los más altos ideales, los derechos de todos, los derechos humanos”.

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A pesar de la crispación que generó la polémica Ley en organismos nacionales e internacionales como el INAI, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la ONU, Amnistía Internacional y distIGNORE INTOs grupos de la sociedad civil, la promulgación de la ley implica dar continuidad a la misma estrategia de seguridad que ha multiplicado la violencia en el país desde que llegó a la presidencia, hace más de diez años, el panista Felipe Calderón. Esta estrategia ahora tendrá lugar a través de un marco jurídico que no existía previamente.

En otras palabras, la Ley implica regular una situación que ya sucedía de facto desde la denominada “guerra contra el narcotráfico”. Esto consiste en propiciar la presencia de las Fuerzas Armadas en las calles, desempeñando labores que no les corresponden –como han declarado los propios mandos militares– y que les otorgan además mayores capacidades sin controles democráticos. Por ejemplo, la participación en labores de inteligencia en materia de seguridad interior posibilita el uso de métodos ilícitos de recolección de información. Asimismo, la ley los blinda ante cualquier tentativa de ser juzgados por gobiernos sucesivos luego de violar garantías individuales.

Para promover la iniciativa, el presidente Peña Nieto dijo que la Ley era necesaria para brindar mayor certeza a las Fuerzas Armadas. Mientras el Secretario de Defensa, Salvador Cienfuegos Zepeda, afirmó que propicia el trabajo conjunto entre gobierno y sociedad civil para garantizar la seguridad de la ciudadanía.

Sin embargo, un año antes, luego de la polémica surgida por un video -en el cual militares y elementos de la policía federal torturaban a una joven, evidenciando la práctica recurrente de la tortura en el país-, Cienfuegos dijo que se les ha obligado a desempeñar tareas que no les corresponde. ‘‘Quieren que estemos en los cuarteles, adelante, yo sería el primero en levantar no una, las dos manos para que nos vayamos a hacer nuestras tareas constitucionales. Nosotros… no pedimos estar ahí, no nos sentimos a gusto, ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes’’.

Por consiguiente, si bien la Ley atenta claramente contra los avances en materia de transparencia y rendición de cuentas alcanzados en el país, así como esfuerzos contra la impunidad y la desaparición forzada, los grupos que defienden la Ley argumentan que las Fuerzas Armadas deben de contar con un marco legal que les dé certidumbre.

El senador panista Javier Lozano afirmó ”que los mismos que hoy fustigan y advierten de amenazas a los derechos humanos por parte de las Fuerzas Armadas, sean los mismos que aplauden la monumental estupidez de otorgarle amnistía, perdón y olvido a los capos de la delincuencia organizada. Ahora, resulta que los buenos son los delincuentes y los malos son nuestras Fuerzas Armadas”.
 
Asimismo, entre otras cuestiones sensibles, la iniciativa contempla la posibilidad de las Fuerzas Armadas para intervenir en protestas sociales. Este mecanismo ha sido fundamental para exigir justicia y transparencia desde que surgió el movimiento #yosoy132, cuando Peña Nieto era candidato presidencial. Asimismo, esta estrategia fue utilizada luego de la desaparición forzada impune de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero.

La excesiva ambigüedad inherente a conceptos tales como ”seguridad pública” o ”seguridad interior”, puede producir el uso de forma arbitraria. Igualmente, la ambigüedad puede generar mal interpretaciones y actos por parte del gobierno en turno que contarán con el respaldo legal apoyo de las Fuerzas Armadas.

Así, dada la experiencia de la estrategia de seguridad vivida durante la última década, entre la violencia y el aumento de la inseguridad, las desapariciones forzadas y los asesinatos de periodistas, queda en el aire una sensación de inconstitucionalidad. A pesar de que habrá que esperar al posicionamiento de la SCJN, grupos de oposición y partidos políticos como el PAN, PRD, Morena y Movimiento Ciudadano han comenzado una estrategia para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la SCJN, asegurando que, si ésta valida la Ley de Seguridad Interior, recurrirán a instancias internacionales.

LatinAmerican Post | Cristian Márquez

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