Con la captura de Jesús Santrich por narcotráfico, los acuerdos de La Habana enfrentan su primera prueba de fuego

Para Jesús Santrich, la desmovilización y el camino hacia el congreso de la República sufrieron el revés más grande. Para el ahora partido de las FARC y para el mismo gobierno colombiano, la captura de Santrich implica la primera prueba de fuego para la paz.
 

Read in english: Colombia: is peace threatened by a former guerrilla leader?

Seuxis Hernández Solarte, nombre de pila de Jesús Santrich, fue capturado y solicitado en extradición por Estados Unidos por cargos de narcotráfico y la interpol impuso circular roja en su contra. La DEA estuvo detrás de su captura, con una operación encubierta en la que se le siguió el rastro a Santrich después de su desmovilización.

Sin embargo, más allá de los cargos por los que Santrich fue detenido, el verdadero reto al que se enfrenta la paz en el país sudamericano es qué organismo tiene la competencia para juzgar al jefe exguerrillero. Santrich está involucrado en el envío de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos, al momento de su captura el pasado lunes 9 de abril, cuatro personas más fueron capturadas bajo los mismos delitos.

El Fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en rueda de prensa, explicó que los cargos bajo los cuales fue detenido el exjefe guerrillero fueron perpetrados desde junio de 2017 hasta el mes de abril en curso. Las fechas son muy importantes en este caso, pues según el más reciente fallo de la Corte Constitucional, relacionado con el marco jurídico de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la competencia para juzgar a Santrich recae en la Justicia Ordinaria. 

¿Quién debe juzgar qué?

Para la presidenta de la JEP, Patricia Linares, la sección correspondiente de este marco estudiará los hechos por los que fue detenido el líder de la desmovilizada guerrilla de las FARC. Una vez se revisen todos los cargos y se haga la investigación pertinente, se determinara las responsabilidades que tenga Santrich y la deuda que tenga con la justicia.

Linares recuerda que “si los hechos fueron cometidos con posterioridad a la fecha de terminación del conflicto, es decir, el 16 de diciembre de 2016, se debe remitir el caso a la jurisdicción ordinaria para los efectos pertinentes”, por lo que la solicitud de extradición tendría entonces que ser evaluada por la Corte Suprema de Justicia.

Para el director de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, la revisión que haga la JEP al caso y su posterior pronunciamiento revitalizara el proceso de paz, o también podría ser el declive del proceso. “Solo una decisión rigurosa y transparente enviará el mensaje de que la JEP tiene dientes, ésta puede ser la primera gran prueba de la JEP desde su conformación”.

Ahora, de confirmarse que la justicia ordinaria juzgará al exjefe guerrillero, la Corte Suprema de Justicia tendrá que estudiar el caso y analizar la solicitud de extradición. No obstante, quien tendría la última aprobación sería el presidente Juan Manuel Santos. El mandatario en rueda de prensa ya aclaró que, si todos los señalamientos son correctos y se comprueba su autenticidad, no dudaría en firmar la salida de Santrich del país con destino a los Estados Unidos para su posterior juzgamiento en ese país.

¿Incumplimiento de lo acordado?

El partido político de la FARC en un comunicado, de seis puntos, asegura que “con la captura de nuestro camarada el proceso de paz se encuentra en su punto más crítico y amenaza ser un verdadero fracaso.” Desde que se conoció la captura de Santrich, la hipótesis manejada por su partido es que se trata de un “montaje”, algo que Iván Márquez reafirmó, durante la rueda de prensa que se llevó a cabo el pasado martes 10 de abril.

Por su parte, el candidato presidencial y jefe negociador del Gobierno durante las negociaciones del acuerdo de paz en La Habana, Cuba, Humberto de la Calle, afirmó que con los eventos de esta semana “queda demostrado que el acuerdo quedo bien negociado. No pueden seguir delinquiendo, eso es absolutamente claro. Los miembros de las FARC tienen que tener conciencia de eso, y ahora no pueden decir que se está incumpliendo algo, si se comprueba que los delitos cometidos son posteriores a la fecha de terminación del conflicto.”

Latin American Post | Carlos Eduardo Gómez Avella
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