México aprueba el cobro de peritaje para víctimas de violación
Las víctimas que denuncien violencia sexual deberán pagar cerca de $72USD para comprobar el daño físico y psicológico
El pasado jueves 28 de Diciembre, el Congreso de Michoacán aprobó el cobro de peritaje a las víctimas de violación sexual en su presupuesto de ingresos para el Ejercicio Fiscal de 2018. El dictamen establece el pago de tres estudios (472 pesos o 23.9 dólares cada uno) para comprobar la agresión. Así, los certificados para comprobar la violencia física, psicológica y obtener visita domiciliaria suman la cantidad de aproximadamente 1,416 pesos (72 dólares).
En 2005, la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció la penalización de violación entre cónyuges y en 2007 se promulgó la Ley General de Accesos a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para castigar los feminicidios. Asimismo, fue creado el instrumento legal conocido como “Alerta de violencia de género” para evitar con apoyo oficial y legal los crímenes feminicidas en los Estados de México. De los 32 estados que comprenden al país, 5 estados han solicitado la alerta de género y 6 ya la han declarado.
El controversial dictamen pone en peligro los avances que México ha logrado en materia de derechos humanos y equidad de género. Aumenta las preocupaciones de la sociedad civil y activistas que luchan por defender la vida libre de violencia de las mujeres. Según la investigación realizada por el Sistema Nacional de Seguridad Pública se contabilizaron más de 12, 800 averiguaciones penales de enero a mayo 2017, de los cuales "5,222 son por violación y 7,604 por delitos como abuso sexual, pederastia y hostigamiento". Asimismo, otro reporte elaborado sobre Violencia Sexual en 2017 por la PGR mencionó que "ocho de cada diez víctimas de delitos sexuales son mujeres".
Las consecuencias del dictamen aparentan ser más dañinas que positivas para la sociedad civil, en especial para las víctimas de violencia sexual. En lugar de apoyar la penalización y la persecución de delitos sexuales, la nueva ley promueve la inhibición de futuras denuncias. Asimismo, ignora que las principales víctimas de violación, las mujeres, se llegan a ver restringidas económicamente por su pareja y aleja de ellas la posibilidad de obtener justicia. Al parecer, el Gobierno de Michoacán ha dejado el acceso a la justicia sólo para aquellas víctimas que puedan pagar por la continuidad a la denuncia penal.
En un país de más de 120 millones de personas, donde el 51% de la población son mujeres, es vital contar con mecanismos que protejan la dignidad de todos sus individuos, pero aún más de aquellos que son vulnerados. La violencia de género es un problema constante, el cual necesita de apoyo institucional para ser erradicada y de leyes que persigan efectivamente a los agresores. Igualmente, es necesario la toma de acciones efectivas que apoyen el programa de Alerta de Género, el cual hasta hoy no cuenta con un presupuesto asignado. En estos momentos se cuestiona la congruencia que hay entre los discursos políticos y las acciones del gobierno, ya que no es posible mencionar que existe un respaldo para la protección de las mujeres y al mismo tiempo pasar leyes que las violenten.
Latin American Post | Alessa Flores Vela
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