AMÉRICAS

Dominicana sigue a Puerto Rico y Venezuela en camino de la insostenibilidad fiscal

República Dominicana parece haber adoptado la misma receta que ha conducido a otros países al desastre económico, incurriendo en préstamos a tasas excesivamente altas para financiar un desenfrenado gasto público.

Expertos consultados advierten que el peso de la deuda ha alcanzado niveles alarmantes para la nación caribeña, cuyo gobierno por otro lado se rehúsa a ejercer mayores controles sobre el gasto, una desastrosa combinación que hace aumentar el riesgo de un default.

“El pago de intereses ya es casi una cuarta parte del presupuesto del Estado”, dijo Ernesto Selman, director ejecutivo del Centro Regional de Estudios Económicos para la Sostenibilidad (CREES).

“Si no hay un cambio de tendencias en el mediano plazo, República Dominicana estaría corriendo el riesgo de volver a entrar en una situación de default. No es una situación inminente, y hay una oportunidad de cambio de esa tendencia, pero si en los próximos años no cambia, eso es lo que va a ocurrir”, agregó.

CREES forma parte de un creciente coro de voces que han estado advirtiendo que República Dominicana deambula por el mismo camino de irresponsabilidad fiscal que han conducido a Puerto Rico, Venezuela y Brasil a la penuria económica.

“Son políticas que al final son insostenibles”, insiste Selman. “Y eso lo decimos porque la República dominicana ha asumido déficit fiscales, año tras años, con excepción de un año, desde el año 2000 para acá”.

Y esos déficit fiscales se han financiado con endeudamiento.

Las cifras del Fondo Monetario Internacional colocaban la deuda pública consolidada dominicana en el equivalente de 48.5 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2015, y para el 2016 estimaba que alcanzaría el 49.5 por ciento.

Gran parte del problema son las altas tasas de interés que el país paga por esos préstamos, señaló Miguel Ceara, profesor investigador de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, centro de estudios privado dominicano.

La tasa de interés promedio está por encima del 8 por ciento, y eso obliga a que el gobierno tenga que dedicar al pago de intereses una una enorme cantidad de recursos.

La suma de los intereses que paga el gobierno central y del Cuasi fiscal del Banco Central alcanza el 4.08 por ciento del PIB, escribió Ceara recientemente en un informe. “Eso es más de lo que se destina al Ministerio de Educación”, enfatizó.

Ceara dijo en una entrevista telefónica que la deuda consolidada, la suma del costo de la deuda del gobierno central y la del Banco Central, ha llevado a que 29 de cada 100 pesos recaudados por concepto de impuestos se dediquen al pago de intereses.

Pero tal como ha ocurrido en países como Venezuela, gran parte de los fondos obtenidos a través de ese endeudamiento se ha destinado a fines dudosos.

“Con esa deuda se pagó el fraude Odebrecht, la sobrevaloración de obras en esos proyectos y la sobrevaloración que hubo con los aviones Tucano, más la comisión ilegal que se pagó”.

Según una investigación realizada por el diario The Wall Street Journal, la empresa aeronáutica brasileña Embraer pagó sobornos a políticos y militares dominicanos para que aprobaran un contrato de $92 millones para la compra de los aviones Super Tucano.

De la misma manera, República Dominicana está inmersa en el escándalo de corrupción relacionado con la también brasileña Odebrecht, el segundo país —Venezuela fue el primero— que más recibió sobornos para la obtención de jugosos contratos de construcción.

“Hay partidas [de gastos] que son incomprensibles”, dijo Ceara. “Hay un gran problema de sobrevalorización de obras. Obras que se presupuestan en 100, y aparecen ejecutadas no en 150, sino en 300 o en 400. Se multiplican por tres o por cuatro”.

Pero parte de los problemas económicos de República Dominicana está en los altos subsidios que paga en el sector eléctrico, operado por empresas estatales deficitarias, agregó Selman.

“Eso es una similitud a la situación de Puerto Rico, donde parte de los problemas económicos también parten de la energía eléctrica y el costo del servicio eléctrico”, explicó Selman.

“El tema es que las distribuidoras son del estado y son muy ineficientes; pierden una tercera parte de la electricidad que compran, y encima de eso dejan de cobrar el 3 por ciento de lo que facturan”, agregó.

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