El Tren de Aragua venezolano y los cárteles chocan con la ofensiva de EE.UU.

Tras la captura de Nicolás Maduro en Caracas por fuerzas estadounidenses, Donald Trump la presentó como el primer paso en una guerra más amplia contra el “narcoterrorismo”. Pero en Venezuela y en toda la región, las etiquetas Cartel de los Soles y Tren de Aragua están cargadas de política, miedo y verdades inciertas.

Un operativo en Caracas y una narrativa en Washington

La imagen de un presidente en funciones capturado en su propia capital sirve tanto como un poderoso símbolo político como una realidad vivida. El sábado, el presidente Trump declaró que la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores durante la operación militar en Caracas formaba parte de una ofensiva calculada destinada, entre otros objetivos, a desmantelar el Cartel de los Soles, al que atribuyó el liderazgo de Maduro. Este encuadre resalta la lógica estratégica de vincular acusaciones criminales con acciones estatales de alto perfil, conectando hechos inmediatos con una intención política más amplia.

Para Estados Unidos, este encuadre estratégico transforma a Venezuela de un estado autoritario sancionado en un nuevo campo de batalla en una campaña en expansión contra el “narcoterrorismo”. El Cartel de los Soles, según se describe, se convierte en un símbolo de criminalidad fusionada con el Estado—presuntamente compuesto por élites militares y gubernamentales, acusadas de apoyar a organizaciones criminales transnacionales. Caracas, por su parte, rechaza estas acusaciones—revelando la disputa por la narrativa y la legitimidad en el centro del conflicto.

El nombre siempre ha sonado como folclore con una navaja en su interior. Proviene de las insignias de sol que llevan los generales venezolanos, símbolos de rango que se han convertido en metáfora de una red. Las primeras acusaciones públicas datan de 2004, cuando el periodista Mauro Marcano acusó a oficiales de la Guardia Nacional de participar en el narcotráfico. Desde entonces, la idea de un “cartel” recorrió la política venezolana como una historia de fantasmas: susurrada, utilizada como arma, descartada y luego revivida cada vez que Washington necesitaba una narrativa con filo.

En 2025, según el texto, Estados Unidos designó oficialmente al Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO, por sus siglas en inglés) tras haberlo clasificado previamente como Terrorista Global Especialmente Designado (SDGT). No fue un paso burocrático abstracto. Fue una afirmación pública sobre quién controla el Estado venezolano y para qué se utiliza ese control.

En el mismo extracto documental incluido en el texto, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la acción “expone aún más” lo que llamó la “facilitación ilegítima del narcoterrorismo por parte del régimen de Maduro” a través de grupos como el Cartel de los Soles, y prometió mayor presión sobre el Tren de Aragua, el Cartel de Sinaloa y sus facilitadores. El lenguaje importa porque traza una línea directa entre las redes criminales y la justificación para el uso de la fuerza a nivel estatal.

La taxonomía del terror y la política de las designaciones

El texto describe al Tren de Aragua como un grupo criminal transnacional originario de Venezuela, considerado la banda más poderosa del país. Nació en la prisión de Tocorón, en el estado Aragua, donde se consolidó bajo el liderazgo de Héctor Rusthenford Guerrero Flores, conocido como “Niño Guerrero”. Su estructura, jerárquica y disciplinada, se replicó más allá de los muros de la cárcel y se expandió, especialmente desde 2018, por Colombia, Perú, Bolivia, Chile, Brasil y, más recientemente, España y Argentina.

Esa expansión, sostiene el texto, viajó a lomos de los migrantes venezolanos que huían del país, un detalle fácil de distorsionar si se busca una historia de villanos clara. Migrar no es criminalidad, pero los grupos criminales pueden parasitar el desplazamiento masivo. El texto dice que la banda supervisó y se benefició de células establecidas en varios países sudamericanos, explotando la desesperación de quienes cruzan fronteras, cobrando extorsiones e insertándose en economías de contrabando y tráfico. En las zonas fronterizas, luchó por el control de pasos clandestinos, trochas y los mercados criminales que se agrupan a su alrededor.

El mito de la banda creció en parte porque el propio Estado, según el texto, practicó una política no oficial de entregar el control de ciertas cárceles a jefes criminales conocidos como pranes. Bajo el mando de Niño Guerrero, Tocorón se hizo famosa, albergando supuestamente un zoológico, piscina, parque infantil, restaurante y discoteca, detalles que suenan absurdos hasta que se recuerda cómo la gobernanza carcelaria puede colapsar cuando el Estado negocia con la violencia.

En septiembre de 2023, el gobierno venezolano envió a 11,000 efectivos policiales y militares, respaldados por vehículos blindados, para asaltar Tocorón y retomar la prisión. El texto dice que la dirigencia escapó y las células transnacionales siguieron operando. El golpe parecía el fin de una era. En cambio, pudo haber sido un giro, transformando una jerarquía basada en la prisión en una red más dispersa que puede sobrevivir fragmentándose.

Estados Unidos ha incorporado esta historia criminal a su propio manual político interno. El texto afirma que en febrero de 2025, Washington designó tanto al Tren de Aragua como al Cartel de Sinaloa como Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO) y Terroristas Globales Especialmente Designados (SDGT), y describe al Tren de Aragua como involucrado en el tráfico ilícito de drogas, contrabando, trata, extorsión, explotación sexual y lavado de dinero. Señala que el Cartel de Sinaloa es uno de los cárteles más antiguos y poderosos de México, responsable del tráfico de fentanilo, metanfetamina, cocaína y otras drogas, además de una violencia generalizada.

Luego llega la afirmación más políticamente inflamable del texto: que en marzo de 2025, la Casa Blanca invocó la Ley de Extranjeros Enemigos de 1798, argumentando que el Tren de Aragua había “invadido” Estados Unidos bajo la dirección de Maduro. Bajo esa lógica, cientos de migrantes venezolanos fueron deportados a El Salvador por presuntos vínculos con la banda, a menudo sin que se presentaran pruebas concretas. En la memoria latinoamericana, esto se lee como un patrón familiar: una etiqueta criminal que se expande hasta convertirse en herramienta de política migratoria, con personas comunes atrapadas en la redada.

Ecos regionales de Buenos Aires a La Habana

Las designaciones no caen de manera uniforme en el hemisferio. El texto dice que gobiernos como los de Argentina, Ecuador, Paraguay y Perú respaldaron la decisión de EE.UU. de clasificar al Cartel de los Soles como organización terrorista, mientras que Venezuela y Cuba rechazaron la acusación, calificándola de “invención” o “fetiche” de Washington.

Esta división no es solo ideológica. También tiene que ver con la cercanía a la violencia, el alineamiento político y la necesidad interna de mostrarse “duro” en una región que ha convivido durante décadas con el crimen organizado. Vincular a Maduro con el narcoterrorismo ofrece una narrativa sencilla para gobiernos que quieren presentar la política de seguridad como claridad moral.

El texto también señala que, en el contexto de la designación de 2025, Estados Unidos ofreció una recompensa de 50 millones de dólares por información que condujera a la captura de Maduro y otros miembros del presunto grupo. Hasta principios de 2026, dice, el Cartel de los Soles seguía bajo investigaciones y acusaciones internacionales, especialmente tras la captura de Maduro en una operación militar estadounidense, que los gobiernos de Argentina y Ecuador vincularon directamente a la lucha contra el narcoterrorismo en la región.

En este contexto, la captura funciona como algo más que un hecho aislado; se vuelve central en una narrativa de campaña, subrayando cómo las victorias simbólicas refuerzan las agendas políticas.

Pero la posición del Estado venezolano, según se describe en el texto, es absoluta: niega las acusaciones, insiste en que el Tren de Aragua fue desmantelado y “derrotado”, y presenta las afirmaciones internacionales como agresión política. Esa negación coexiste incómodamente con otros detalles del texto que citan reportes de seguridad regional e investigaciones de InSight Crime que sostienen que el Tren de Aragua sigue siendo una amenaza activa, descrita como la organización criminal autóctona más poderosa de Venezuela, presente en al menos 16 estados, con más de 100 investigaciones federales abiertas en Estados Unidos.

Incluso la historia del liderazgo de la banda se lee como una tensión no resuelta. Niño Guerrero escapó antes del operativo de septiembre de 2023 y sigue prófugo. El texto dice que el Departamento de Estado de EE.UU. ofreció una recompensa de 3 millones de dólares en julio de 2024 por información sobre Giovanny San Vicente, conocido como “Giovanny” o “El Viejo”, nombrándolo como uno de los tres líderes y sugiriendo que la inteligencia estadounidense cree que figuras clave podrían estar ocultas en Colombia. La incertidumbre geográfica no es incidental. Es lo que hace que la banda sea temida y difícil de derrotar: una amenaza que puede estar en todas partes porque nunca está completamente localizada.

Lo que cambia ahora, tras la captura de un presidente, es la magnitud de las consecuencias. Cuando un Estado es descrito públicamente como un cartel, toda institución se vuelve sospechosa: el ejército, la inteligencia, la legislatura y los tribunales. El texto afirma explícitamente que el presunto cartel corrompió partes del Estado venezolano para traficar narcóticos hacia Estados Unidos. Esa es una acusación no solo de criminalidad, sino de un gobierno capturado, una afirmación que, de ser aceptada, convierte el derecho internacional en un instrumento más contundente.

En toda América Latina, la gente entiende lo que ocurre cuando el lenguaje de seguridad se expande sin límites. Puede justificar redadas. Puede justificar deportaciones. Puede justificar una nueva generación de intervenciones disfrazadas de necesidad moral. Y también puede ser utilizado por gobiernos autoritarios para descartar toda crítica como agresión extranjera.

Por eso la historia venezolana en 2026 no trata solo de si existen redes criminales; existen, y el texto las describe en detalle, sino también de qué ocurre cuando esas redes se fusionan con la identidad misma del Estado. En el espacio entre Caracas y Washington, las etiquetas se convierten en armas, y las personas comunes, los migrantes en el camino, las familias bajo sanciones, las comunidades que viven bajo extorsión, quedan para absorber las ondas de choque de una batalla que no eligieron.

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