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Colombia de cara al Postconflicto

El pueblo colombiano está llamado a recomponer los rezagos del pasado e impulsar su participación desde la institucionalidad

Colombia de cara al Posconflicto

A partir de la firma de los Acuerdos de Paz en el 2016, no sólo una época de más de 50 años de guerra y transgresión a la dignidad del pueblo colombiano tuvo un final, sino también, se puso fin a una herencia de “infructuosas apuestas” de los diferentes Gobiernos, que en su momento, desvanecieron cualquier pretensión de alcanzar una verdadera paz estable y duradera. Estas “infructuosas apuestas”, cuyo origen podría determinarse por el choque de intereses y un discurso fragmentado sobre el progreso, fundamentalmente se relacionan con la innegable desarticulación entre los actores del Estado, la inoperancia de entidades públicas y consecuentemente con la desconfianza de la sociedad.

Ya hoy en día, con un horizonte transformado, el desafío actual del Gobierno Nacional es generar un completo modelo de articulación institucional en el que la participación y la corresponsabilidad de la entidades públicas sean los componentes “bandera” de una efectiva gestión, organización y ejecución de estrategias frente a los desafíos del espectro del postconflicto y el cumplimiento de los derroteros brindados por los seis puntos del acuerdo: 1. Reforma Rural Integral, 2. Participación Política, 3. Fin del Conflicto, 4. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas, 5. Acuerdos sobre las Víctimas del Conflicto y 6. Implementación, verificación y refrendación.

Por esto, es necesario destacar que este esfuerzo implica reinventar la filosofía ortodoxa del gobierno por tramitar todos los procesos de impacto social bajo esquemas innovadores y establecer objetivos concretos y coherentes desde su concepción hasta la práctica. Paralelamente, los ciudadanos no pueden ser ajenos a este proceso, deben sumar y fortalecer los lazos de las nuevas apuestas, reconociendo que de su participación, verdaderamente se cubren las necesidades de todo el territorio. Es así que la articulación institucional es, sin duda alguna, el nuevo norte en lo que respecta al desarrollo del país y la ruptura de las brechas sociales que aún son latentes en las poblaciones más vulnerables; caso tal, de las zonas donde la Reforma Rural Integral tendrá que mostrar toda su capacidad de gloria y efectividad como nunca antes.

Sin duda alguna, la tarea no es sencilla a simple vista, la responsabilidad del Estado radica en engranar todos los elementos que conforman el gobierno, de manera que se viabilicen todos los programas y proyectos en beneficio de la ciudadanía y su porvenir. En consecuencia, establecer un mecanismo de atención y respuesta a las problemáticas coyunturales que afectan al país, obliga a repensar los medios de trabajo entre las diferentes instituciones para potencializar sus competencias en cada una de las dimensiones políticas, económicas, sociales, ambientales y culturales. El pueblo colombiano está llamado a recomponer los rezagos del pasado e impulsar su participación desde la institucionalidad, es decir, apoyar el buen desempeño de todos aquellos que deben velar por el goce y la garantía de los derechos de un país que está en pleno proceso de entendimiento, negociación y transformación social.

 

Latin American Post | Pablo Felipe Corrales Ortiz