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Del discurso a la práctica: recientes maltratos a inmigrantes en EE.UU.

La agenda y los discursos discriminatorios del gobierno Trump podrían ir más allá de los usuales hechos de violencia 

inmigrantes en EE.UU.

Evolución de la violencia

Los medios de comunicación y la academia han dado cuenta de cómo la agenda del presidente Trump ha contribuido a legitimar sentimientos xenófobos, sexistas y racistas en Estados Unidos, facilitando la proliferación de crímenes de odio. Las cifras del FBI evidencian una reducción de estos crímenes desde 1996 hasta 2015, pasando respectivamente de 8.579 a 5.850 casos anuales a nivel nacional. Sin embargo, el conteo muestra un repunte entre 2015 y 2016 que alcanza los 6.121 casos en este último año. El trimestre de octubre a diciembre de 2016, en el que se comprenden las últimas elecciones presidenciales, revela un alza del 26% en la ocurrencia de delitos relacionados. Afroamericanos, hispanos, judíos, musulmanes, mujeres y población LGBTI son las principales víctimas de los ataques.

La presencia de grupos perpetradores de crímenes de odio experimentó un crecimiento en parte inversamente proporcional. El Southern Poverty Law Center (SPLC) señala que estos colectivos, tras una reducción en su número entre las administraciones de Bill Clinton y George Bush, se multiplicaron durante el mandato de Barack Obama, pasando de 149 en 2008 a 998 en 2015. Lo anterior indica, de acuerdo con la socióloga Esther Pineda, que los extremistas identificaron en el gobierno Obama una amenaza al estatus quo representado por sus antecesores blancos. Como resultado, estos grupos de odio se fortalecieron a nivel organizacional y al encontrar eco en las posturas conservadoras de Trump.

Otras manifestaciones

La ocurrencia de crímenes de odio y la conformación de grupos violentos oscilan tanto como el posicionamiento de los partidos en el poder. Asimismo, hacen parte de una cultura política de larga trayectoria, de la que se alimentan y a la que alimentan con frecuencia. El marco discriminatorio, en el que se producen los discursos de la actual administración, contribuyen a reforzar otras situaciones de abuso conexas. Tal es el caso del trato dado por la empresa Sarbanand Farms a un grupo de inmigrantes mexicanos contratados a mediados de 2017, así como de la reciente ley agraria del estado de Carolina del Norte.

Sarbanand Farms contrató a 72 jornaleros mexicanos para trabajar en California y Washington. Los trabajadores ingresaron a Estados Unidos con visas H2A y fueron sometidos a precarias condiciones laborales. Trabajaron en promedio de 8 a 12 horas diarias, sin protección para cubrirse del sol de verano y sin suministro de agua. A su llegada a Washington, permanecieron 15 días inactivos y sin pago, lo que la empresa justificó por demoras en la renovación de sus visas; aunque, según los trabajadores, se debió realmente a retrasos en las cosechas. Uno de los jornaleros, que padecía diabetes, falleció deshidratado tras obligársele a trabajar enfermo. Otros 9 de sus compañeros presentaron también cuadros de deshidratación, negándoseles cobertura en atención médica. Cuando los compañeros del jornalero fallecido notaron que su condición se agravaba, se quejaron por sus malas condiciones de trabajo. La respuesta obtenida fue el despido sin pago de sus últimos cuatro días de labor, un anuncio de que sus visas no se habían renovado y un ultimátum de abandonar sus alojamientos so pena de denunciárseles para deportación.

Por otra parte, Carolina del Norte expidió recientemente una ley que restringe el derecho de los campesinos a organizarse y negociar acuerdos colectivos con sus empleadores. La norma, según el SPLC, fue promovida por congresistas propietarios de empresas agrícolas. La promulgación afecta a más de 100.000 personas que proveen alrededor de 12 billones de dólares al estado y, son mayoritariamente de origen latino quienes trabajan por temporadas con visas H2A. La ley tiene carácter discriminatorio, abre las puertas al abuso y contradice las disposiciones de la Corte Suprema de Justicia referentes a la no limitación de las expresiones asociativas de los trabajadores. Además, entorpece la capacidad de la única organización campesina del estado para renovar sus acuerdos ya existentes y gestionar otros en el futuro.

Si bien la precariedad laboral de los inmigrantes no es algo nuevo en Estados Unidos, los hechos exponen la cultura política del país en concordancia con el discurso presidencial: transita hacia mayores formas de maltrato contra la población inmigrante en el plano empresarial y en el plano legal. Los atropellos a inmigrantes dejarían de ser únicamente un problema de violencia xenófoba, para institucionalizarse en la esfera productiva. Se trata de una situación más propensa al silenciamiento que los delitos de odio -de por sí sujetos a subregistro-, por lo que requiere especial atención por parte de la sociedad civil y los organismos de justicia.

LatinAmerican Post | Ricardo Barón

Copy edited by Marcela Peñaloza

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