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Bogotá: Audiencia a Nicolás Maduro por escándalo Odebrecht

El Tribunal Supremo en exilio de Venezuela realizó una audiencia para evaluar un posible juicio político a Nicolás Maduro por el escandalo de Odebrecht

Bogotá: Audiencia a Nicolás Maduro por escándalo Odebrecht

El Tribunal Supremo de Venezuela en el exilio realizó en Bogotá Colombia, una audiencia de antejuicio de mérito en contra de Nicolás Maduro, dicha audiencia es el primer paso ante un eventual juicio político contra el presidente del país suramericano. La ex fiscal Luisa Ortega expuso las pruebas que vinculan al primer mandatario venezolano con la multinacional brasileña Odebrecht. LA audiencia se llevo a cabo en el Congreso de Colombia.

“Hemos recibido la denuncia de Luisa Ortega sobre la relación de Maduro con la empresa Odebrecht por 2.5 billones de dólares que correspondían a 13 mega obras en Venezuela. El dinero se invirtió, pero las obras no están”, aseguró Miguel Ángel Martin Tortabu, presidente del Tribunal en exilio.

Una vez iniciada la audiencia se declaró la rebeldía por la voluntad del procesado, Nicolás Maduro, al no presentarse a la audiencia de antejuicio y por lo cual se le asignó un abogado de oficio llamado Andrés Lindo, quien procedió a hacer juramento y preparar su defensa, a nombre del mandatario venezolano.

Luisa Ortega aprovecho la oportunidad para exponer todos los argumentos que demuestran la relación de Nicolás Maduro y la empresa Odebrecht. Ortega Díaz aseguró que Maduro está implicado, también, en legitimación y blanqueo de capitales.

Para la Fiscalía, en cabeza de Ortega, las declaraciones de encausados en Brasil aseguran que Maduro, quien para 2012 se desempeñaba como Canciller de Venezuela, recibió 10 millones de dólares para la campaña presidencial de Hugo Chávez, además de ocho millones aportados por sus socios brasileños directamente a la campaña. En las elecciones presidenciales de 2013, la cifra con la que la multinacional brasilera ayudo al entonces candidato asciende a 35 millones de dólares enviados desde Brasil a cuentas en un banco de Antigua.

El presidente del Tribunal en exilio, Miguel Ángel Martin, afirmó que la audiencia es legitima porque está amparada por las leyes venezolanas, "países hermanos y amantes de la democracia han declarado que la nueva Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela es inconstitucional, la Asamblea Nacional de Venezuela ha declarado la propia inconstitucionalidad, los grupos de cancilleres de Lima, las universidades, la Conferencia episcopal de Venezuela la han declarado inconstitucional", afirmó Martin.

A pesar de que el chavismo no reconoce a la ex fiscal Ortega, a quien califican de traidora, ni al propio Tribunal en exilio, los magistrados desarrollaron la audiencia en cumplimiento de las leyes soberanas de Venezuela, y siguiendo el debido proceso como lo establece la Constitución nacional. Los magistrados del Tribunal Supremo fueron obligados a huir de Venezuela después de su nombramiento por la Asamblea Nacional a mediados de 2017. Algunos de ellos se refugiaron en la Embajada de Chile para huir semanas más tarde atravesando la frontera con Colombia. Sin embargo, tres de ellos fueron detenidos entre ellos, el juez Ángel Zerpa, quien actualmente permanece en arresto domiciliario a la espera del juicio, acusado de traición a la patria y usurpación de funciones.

Más allá del escándalo Odebrecht y el resultado, el principal obstáculo del Supremo en el exilio es su cuestionada capacidad de acción, y la legitimidad que tiene. Si bien la constitución guarda las formas legales y ampara al Tribunal en exilio, algo que no ocurre con el Tribunal Supremo chavista, la segunda goza de la legitimidad por el desempeño de funciones en el país. "Uno de los componentes esenciales de todo órgano de poder público es que ostente legitimidad en el desempeño de sus funciones, algo que requiere reconocimiento de otros poderes públicos y de la ciudadanía. Ni siquiera existe consistente reconocimiento por parte de la Asamblea Nacional hacia el Tribunal en exilio", afirma Nizar El Fakih, director de la organización Pro Iuris.

 

Latin American Post | Carlos Eduardo Gómez Avella

Copy edited by Susana Cicchetto

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