Justo allí donde se violenta la ética periodística se deben marcar los límites de nuestro hacer profesional

De libertad de prensa, pilar fundamental de la libertad de expresión, se viene hablando desde que tengo uso de razón. Recuerdo que hace tres años, tras el ataque en las oficinas de la revista satírica Charlie Hebdo en París, se abrió una discusión que, justo en este momento, tiene cabida: ¿cuáles son los límites de dicha libertad? 

El ejercicio del periodismo está bajo asedio en Latinoamérica, y los hechos de este año lo comprueban: para el mes de mayo, según el Instituto de Prensa Internacional (IPI), 34 periodistas habían muerto en la región por hacer su trabajo. 

“América Latina se ha convertido en uno de los campos de asesinatos más grandes, donde los periodistas que cubren el narcotráfico y la corrupción política son particularmente vulnerables”, advirtió el IPI en su reporte anual, añadiendo que México es el país más peligroso de América Latina para desarrollar esta labor.

En Oaxaca, por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos registró 109 periodistas entre finales del año 2000 hasta enero del 2016 y 20 profesionales desaparecidos desde el 2005. 

Por su parte, en Nicaragua se aprobó el 16 de Julio una ley antiterrorismo que castiga hasta con 20 años de prisión a aquel que pretenda "alterar el orden constitucional" o el accionar del gobierno y esta ley está siendo utilizada para callar a medios de comunicación y periodistas que no sigan la línea del gobierno. 

El caso más reciente es el del periodista Roberto Collado, quien, según el Nuevo Diario, fue secuestrado mientras daba cobertura a una marcha a favor de los obispos en la ciudad de Granada y, después de cuatro horas, fue liberado con una herida en la cabeza y todo el cuerpo golpeado.

Por otro lado, según la Fundación para la Libertad de Prensa en Colombia (Flip), hasta julio de este año se habían reportado 98 casos de amenazas contra periodistas en todo el territorio nacional, incluyendo el caso de “Las Aguilas Negras”. 

Para quienes no saben, el sábado 14 de julio Jineth Bedoya, editora de El Tiempo, hizo público un panfleto firmado por el grupo de extrema derecha, Las Águilas Negras, en la que la declaran objetivo militar junto con algunos periodistas de La Silla Vacía y a líderes sociales, sindicalistas y defensores de derechos humanos de varias regiones señalados de colaborar con la guerrilla. 

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"Esta vez no estamos jugando, a partir de la fecha procedemos a la ejecución total de nuestras advertencias por varios años y que no fueron escuchadas por estos milicianos guerrilleros disfrazados de supuestos líderes y lideresas sociales (…) Para nuestra organización no existe ningún esquema de seguridad que nos impida proceder y ejecutar a cada uno de estos guerrilleros", decía la misiva.

El Espectador señala, además, que durante las elecciones presidenciales de este año, Álvaro Uribe estigmatizó en siete oportunidades a periodistas y medios y Gustavo Petro, en cinco ocasiones, contribuyendo a que varios profesionales hayan recibido amenazas e intimidaciones de sus adeptos por hacer su trabajo.  

Tenemos como periodistas, sin lugar a duda, una responsabilidad en nuestra sociedad, pues no hay verdadera democracia sin una prensa que ejerza un control minucioso sobre la legalidad de los actos del Poder Ejecutivo, pero creo que los límites de nuestro oficio se marcan justo donde no se trabaja desde una ética basada en la protección a la infancia, el respeto a la diferencia y la difusión de contenido “objetivo” y bien enterado que distinga entre opinión e información. 

LatinAmerican Post | Equipo Editorial