La denuncia expuesta ante la Corte Penal Internacional busca investigar la violación a los derechos humanos por parte del gobierno venezolano

Argentina, Chile, Colombia, Paraguay y Perú son los países latinoamericanos que decidieron, el pasado 27 de septiembre, llevar una carta ante la Corte Penal Internacional (CPI), para que sea esta quien investigue “supuestos crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela desde el 12 de febrero de 2014”, informó El Espectador. En dicha petición también firmó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau.

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A estos países americanos, también se unió una potencia europea: Francia. Así lo hizo saber el primer mandatario de los colombianos, Iván Duque, en medio de una ceremonia civil llevada a cabo en el país cafetero. De acuerdo a Duque, el presidente francés, Emmanuel Macron, “apoya la denuncia que firmamos seis países en contra de la dictadura de Venezuela ante la CPI”.

Asimismo, el presidente de Colombia reconoció que el apoyo de Macron, así como el de las otras seis naciones, representa “un acto de solidaridad con el pueblo venezolano” y un “respaldo a la democracia y a las libertades” en Latinoamérica.

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¿Qué implicaciones tiene la inclusión de Francia a esta denuncia?

La decisión tomada por los seis países firmantes ante la CPI es un hecho histórico en contra del régimen venezolano que, desde el 2015, ha dejado cerca de 2,3 millones de migrantes (aproximadamente 5000 por día), según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM).

Ahora bien, dicha acción se vería corta ante la comunidad internacional sin el apoyo de grandes potencias mundiales como Estados Unidos, Reino Unido o Francia. Por lo que, afortunadamente, para las seis naciones denunciantes, este último se unió a su queja.

Gracias a la inclusión de Francia como país que apoya la denuncia en contra de Venezuela, “varios otros países podrían unirse al grupo muy pronto y fortalecerlo”, dijo Andrés Oppenheimer, columnista de El Colombiano. Según informó Oppenheimer, “Francia puede mover el tablero”, pues, de acuerdo con varias de sus fuentes, el gobierno francés  “está hablando con Alemania, España, Holanda, entre otros países europeos”.

Con esto, se podría hablar de una reafirmación por parte de la comunidad internacional para intervenir, políticamente, en territorio venezolano, algo que la CPI ya hizo en febrero de este año. La revista Semana recordó que el día 8 de ese mes la organización internacional ya había abierto una investigación preliminar, pero solo para esclarecer los hechos ocurridos “al menos desde abril de 2017”, añadió El Espectador.

Estados Unidos y Venezuela: la otra cara de la moneda

En el otro lado de la balanza se encuentran Estados Unidos y, el directamente afectado, Venezuela.

En el caso estadounidense, la postura ante las decisiones de la CPI es negativa, tal y como lo demostró su presidente, Donald Trump, el pasado 25 de septiembre, ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su discurso, el primer mandatario arremetió en contra de la CPI, argumentando que esta no tiene “legitimidad ni autoridad”. “Nunca cederemos la soberanía estadounidense a una burocracia que no rinde cuentas ni ha sido elegida por nadie”, aseguró Trump.

La inconformidad del gobierno norteamericano hacia el organismo internacional tiene sus raíces, según El País, en la investigación de “presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán”, que preside la CPI; la que, por supuesto, no ha sido vista con buenos ojos en La Casa Blanca.

Venezuela, por su parte, no atacó a la CPI, pero sí a Francia, después de su inclusión en la denuncia en contra del país sudamericano. La FM afirmó que el gobierno venezolano asumió dicha decisión como una “arrogante actitud asumida por el Gobierno francés”, y que “impacta negativamente las buenas relaciones que ambos países han sostenido por décadas”.

Asimismo, la Cancillería venezolana describió esta intervención como una estrategia “para mejorar la desprestigiada imagen del presidente Macron y su Gobierno”.

LatinAmerican Post | Christopher Ramírez Hernández

Copy edited by Laura Viviana Guevara Muñoz

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