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Caso Balda: una nueva prueba para Rafael Correa en Ecuador

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El inicio del juicio por el secuestro del ex asambleísta Fernando Balda, pone una nueva prueba al ex presidente Rafael Correa, a quien se le acusa de haberlo ordenado

 

Caso Balda: una nueva prueba para Rafael Correa en Ecuador

Justo en la antesala de las Elecciones seccionales de Ecuador, que se llevarán a cabo el próximo domingo 24 de marzo, el juicio por el secuestro de Balda podría afectar considerablemente las aspiraciones políticas de Correa y su movimiento Alianza País. El escándalo puede afectar al partido, pues estos comicios aspira a ser mayoría en las provincias y municipios de Ecuador, con el fin de contrarrestar al gobierno del actual presidente, Lenín Moreno y a los opositores de Correa, que son aliados de Moreno.

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El juicio comenzó el pasado 4 de febrero, y en éste se juzgará a los responsables del secuestro de Fernando Balda, ocurrido en Bogotá (Colombia) el 13 de agosto del año 2012. Del hecho se señala como responsables a funcionarios del gobierno de Correa, que para ese entonces pertenecían a la Secretaría Nacional de Inteligencia, quienes pagaron con dineros estatales a quienes ejecutaron el plagio de Balda, que finalmente se frustró por parte de las autoridades colombianas.

 

De acuerdo con lo anterior, Rafael Correa ha sido señalado por Balda de haber ordenado su secuestro y utilizar para ese fin, al Estado y sus instituciones. Las acusaciones se hacen, además, considerando que Balda fue uno de los mayores opositores del gobierno de Correa y permanentemente ha hecho denuncias en su contra. La acusación contra Correa se fundamenta en que, precisamente, fueron esas denuncias las que habrían motivado a que Correa a ordenar ese secuestro.

 

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Los antecedentes del caso Balda

Por considerarse un perseguido político del gobierno de Rafael Correa, Fernando Balda buscó refugio en Colombia desde el año 2009, y posteriormente, desde mediados del año 2010, cuando empezó a residir de forma permanente en Colombia. Balda fue parte de Alianza País y compañero de Rafael Correa, pero en 2009 abandonó el oficialismo y empezó a militar en la oposición, acompañando y asesorando al expresidente Lucio Gutiérrez, el mayor crítico de Correa.

Durante su permanencia en Colombia, Balda se hizo cercano al expresidente Álvaro Uribe Vélez y varios de sus hombres más cercanos, especialmente José Obdulio Gaviria. Según la Revista Semana, tras el frustrado secuestro, el 11 de octubre de 2012 Fernando Balda fue abordado por las autoridades migratorias colombianas, quienes le informaron que tenían la orden de deportarlo. Esto, aduciendo que Ecuador lo había requerido por existir una sentencia judicial en su contra, por el delito de injuria calumniosa grave, por lo que su situación migratoria era irregular.

Esa misma noche, Balda fue llevado hasta el Aeropuerto Militar de Catam en Bogotá, en donde un avión de la Fuerza Aérea Colombiana lo transportó hasta Quito. Ya en suelo ecuatoriano, Balda fue recibido por Rommy Vallejo, entonces jefe de la Unidad de Gestión de la Seguridad Interna de la presidencia de Ecuador.

Posteriormente, el ex asambleísta fue llevado en otro avión hasta Guayaquil y recluido en la penitenciaría El Litoral. Dos semanas después fue trasladado a un pabellón de alta seguridad del penal García Moreno en Quito, y el 7 de enero de 2013, un juez lo condenó por atentar contra la seguridad del Estado.

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Las implicaciones de Correa:

 

En el caso Balda hay dos grandes implicados: el ex presidente Rafael Correa - que actualmente está exiliado en Bélgica -  y Pablo Romero, jefe de la Secretaría Nacional de Inteligencia durante el gobierno de Correa - exiliado en España -, a quien se acusa de ejecutar el secuestro de Balda, a través de los ex agentes de inteligencia Raúl Chicaiza y Diana Falcón, que a su vez pagaron a las personas que plagiaron al ex asambleísta.

 

Al respecto, el diario La República señaló que durante la primera audiencia del juicio, Chicaiza afirmó que el ex presidente Correa ordenó “traer como sea a Ecuador” a Fernando Balda, y que fue Pablo Romero quien le trasladó esa orden. Chicaiza también relató que conoció a Balda en mayo de 2012, que pagó a los ejecutores $28.000 USD en efectivo y que al menos dos de los secuestradores eran militares colombianos.

Sin embargo, Correa siempre ha negado esas acusaciones y ha asegurado con vehemencia que se trata de una persecución política de sus opositores. El diario El Comercio resaltó esto, y recordó que en una reciente entrevista con la agencia EFE, Correa argumentó que el que fuera presidente no implicaba que conociera del caso o fuera responsable de todo, asegurando que no se presentará a juicio “porque no cree en la independencia de la Justicia de su país”.

 

El Comercio destaca también que, si Correa se mantiene en su posición y no comparece ante la justicia ecuatoriana, deberá esperar hasta 2022 o 2027, dependiendo del Código Legal que se aplique para que prescriba la causa por el secuestro. Sin embargo, si llegase a abrirse otra causa por el delito de peculado -debido al pago del secuestro- y Correa llegara a ser juzgado, sería un delito que no prescribe en la legislación ecuatoriana.

 

Por el momento el ambiente político en Ecuador está nuevamente encendido. Mientras toda la oposición cree firmemente que Correa es responsable de ordenar el secuestro de Balda; Alianza País, los seguidores de Correa y el mismo ex presidente, insisten en su inocencia y reafirman que todo es producto de una persecución, cuyo objetivo es evitar que Correa vuelva a ser candidato y regrese al poder, más ahora en plena campaña de las elecciones seccionales.

 

LatinAmerican Post | Samuel Augusto Gallego Suárez

Copy edited by Juliana Suárez

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