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Iván Duque y las polémicas decisiones de la JEP

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El domingo en la noche, el presidente colombiano Iván Duque se pronunció sobre la Ley Estatutaria de la JEP

Iván Duque y las polémicas decisiones de la JEP

Como ya estaba previsto, Iván Duque se presentó ante los colombianos en una locución presidencial y anunció las modificaciones a la ley que se encarga de reglamentar la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), pieza clave dentro del acuerdo de paz que se llegó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC.

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De esta manera el presidente afirmó que ha “decidido realizar objeciones a seis de los 159 artículos  de la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Especial para la Paz por razones de inconveniencia e invitar a que el Congreso de la República las debata constructivamente”. Como lo afirma El Tiempo, esta ley es la última que falta entrar por vigencia, y “de no ser sancionada, la JEP seguirá tomando decisiones frente a sus investigaciones”.

Los seis puntos a los que se refiere Duque van dirigidos a la reparación de víctimas, que quien participe en un proceso de paz sea decidido por el Alto Comisionado para la Paz, definir cuándo las investigaciones de la justicia ordinaria relacionadas con la JEP, se puedan suspender, “permitir la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables”, de acuerdo con Semana; mantener la extradición y por último, impedir el ingreso de pruebas a la JEP cuando no se tienen en realidad.

Además, el otro punto que avivó el debate político es la presentación ante el Congreso una reforma constitucional del acto legislativo que le dio base jurídica al acuerdo de paz, y dentro de esto se encuentra “que excluya de esa jurisdicción los delitos sexuales contra menores, deje claro que quien reincida en actividades criminales perderá todos los beneficios y que cualquier otra conducta delictiva que se haya iniciado antes de la firma del pacto y siga ejecutándose después será competencia de la justicia ordinaria”, de acuerdo con El País. 

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Se abre un nuevo debate

Ante la decisión de Duque, diferentes medios resaltaron el alineamiento con el Centro Democrático, partido al que pertenece, y la influencia del actual senador Álvaro Uribe en las decisiones políticas del presidente. Tanto el partido político como Uribe son los principales opositores del acuerdo de paz firmado con las FARC, guerilla que ahora es un partido político y el cual cuenta con participación dentro del Congreso.

Para Pacifista, “Duque está objetando una Ley que ya había sido aprobada por el Congreso y que fue avalada por la Corte Constitucional”. El mismo medio añade que, “con las objeciones Duque pretende quitarle poder y fortalecer a la Fiscalía General, en manos de Néstor Humberto Martínez, quien ha criticado las facultades de la JEP en temas concretos, como la extradición”. 

Lo importante ahora es que el Congreso revise las objeciones de Duque. En este aspecto será clave que aquellos congresistas que estén en desacuerdo se unan y evalúen lo propuesto por Duque; sin embargo dentro de esta institución Duque no tiene mayorías. De ser aceptadas, pasarían a la Corte Constitucional, organismo que ya evalúo la Ley Estatutaria y la aprobó.

Mientras tanto, la JEP,  que ya lleva a cabo procesos en curso dentro de los cuales se destacan las investigaciones por falsos positivos, por casos de secuestro sistemático, entre muchos otros, “seguirá trabajando plenamente”, de acuerdo con la presidenta de esta jurisdicción, Patricia Linares.

Mediante un video, Linares asegura que la decisión la recibe con respeto y afirma que confía en la autonomía de los poderes públicos, “y dijo que a través de estos mecanismos se garantizará el funcionamiento de la JEP”, de acuerdo con Publimetro.

De esta manera, se espera que las Cámaras Legislativas no logren mayoría “de ninguno de los dos lados para tomar alguna decisión. Es decir, que no haya acuerdo entre aceptar o rechazar las objeciones presentadas por el Presidente de la República”, de acuerdo con El Tiempo.

Es así como el Congreso tienen hasta el 16 de diciembre para realizar el proceso, de no hacerlo el caso se archivará. Por otro lado, la polémica decisión ya ha hecho que por lo menos 100 personalidades rechazen la decisión. De acuerdo con Caracol Radio, entre ex ministros, funcionarios de gobierno, congresistas, periodistas, líderes defensores de los derechos humanos, entre otros firmaron una misiva, en la que también se le pide al Consejo de Seguridad de la ONU, “una estricta observación de la situación colombiana”.
 

LatinAmerican Post | Laura Viviana Guevara Muñoz

Copy edited by Vanesa López Romero

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