El choque entre Estados Unidos y la Corte Penal Internacional

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En una decisión anunciada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, los Estados Unidos manifestaron las prohibiciones al personal de la Corte Penal Internacional

Mediante un comunicado, el secretario de Estado, Mike Pompeo, anunció las prohibiciones al personal de la Corte Penal Internacional (CPI). Las declaraciones de Pompeo se dieron en el marco de las presuntas investigaciones de la CPI ante “la situación de Afganistán”. 

Frente a lo anterior el secretario de Estado, explicó que “en noviembre de 2017, el fiscal de la CPI solicitó la aprobación para iniciar una investigación de la situación en Afganistán. Eso podría atacar ilegítimamente al personal estadounidense para procesamientos y sentencias. En septiembre de 2018, el gobierno de Trump advirtió a la CPI que si intentaba investigar a los estadounidenses, esto tendría consecuencias. Entiendo que la solicitud del fiscal de una investigación sigue pendiente”. 

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De esta manera, habrá “restricciones de visado para aquellas personas directamente responsables de cualquier investigación del personal. Esto incluye a las personas que toman o han tomado medidas para solicitar o promover dicha investigación”.

Pompeo recalcó que las decisiones tomadas están bajo la autoridad legal para publicar restricciones de visa ante cualquier extranjero, “estas restricciones de visa también se pueden usar para disuadir los esfuerzos de la CPI para perseguir al personal aliado, incluidos los israelíes, sin el consentimiento de los aliados. La implementación de esta política ya ha comenzado”.

Además, el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton, anunció que las represalias económicas y judiciales no solo serán dirigidas para la CPI sino para las empresas o países que colaboren con investigaciones a estadounidenses.

Por otro lado, la organización Human Rights Watch manifestó su descontento con la decisión y en un comunicado se refirieron al asunto afirmando que “los jueces de la CPI determinarán si es procedente iniciar una investigación sobre Afganistán. La Fiscal de la CPI decidirá si corresponde dar curso a una investigación sobre Palestina”. 

De igual manera, el director de Justicia Internacional de Human Rights Watch, Richard Dicker, afirmó que esta decisión de negar visas y por consiguiente la prohibición de entrar al país, “es un intento indignante de intimidar a la corte y disuadir el escrutinio de la conducta estadounidense (…), los países miembros de la CPI deberían expresar de manera pública que no se dejarán amedrentar en su apoyo a la CPI y que no están dispuestos a tolerar la obstaculización de EE.UU.”.

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Afganistán como foco de investigación

En noviembre de 2017, Fatou Bensouda, fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), “pidió a los magistrados de la corte que autorizaran una investigación sobre posibles crímenes de guerra y delitos de lesa humanidad cometidos en Afganistán desde el 1 de mayo de 2003”, de acuerdo con Human Rights Watch. 

Si bien los jueces todavía no se pronuncian por la investigación, ésta podría examinar los delitos realizados tanto por los talibanes como por las fuerzas gubernamentales de Afganistán. Además, trataría la inclusión de investigaciones a los miembros de fuerzas extranjeras, como los pertenecientes a la Agencia de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés).

Es importante recordar que a pesar de que Estados Unidos no hace parte del tribunal, al no adoptar el Estatuto de Roma, por lo que está fuera de su jurisdicción, Afganistán sí lo es y por eso la Corte puede interceder. De acuerdo con la ONU, “la corte puede ejercer su jurisdicción sobre todo los supuestos crímenes cometidos en territorio afgano desde mayo de 2003, con independencia de la nacionalidad del acusado”.

Las funciones de la Corte

Desde su creación a finales de la década de 1990, la CPI se ha encargado de “investigar y llevar ante la justicia a quienes cometan las violaciones más graves en contra del derecho internacional humanitario, a saber crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad y genocidio”, de acuerdo a la página oficial. 

Es así como la Corte ha realizado diferentes procesos judiciales y como resultado se han dado las primeras condenas. Por ejemplo, Thomas Lubanga, el fundador y ex líder de la Unión de Patriotas Congoleños fue el primer condenado por la CPI por enlistar y utilizar a niños para el conflicto armado. Otros judicializados son el presidente sudanés Omar  al-Bashir (crímenes de guerra y de lesa humanidad); Jean-Pierre Bemba, el ex vicepresidente de la República Democrática del Congo (crímenes sexuales y de género), entre otros. 

LatinAmerican Post | Laura Viviana Guevara Muñoz

Copy edited by Juliana Suárez