Abogados piden a Corte Suprema derogar Ley de Amnistía en Nicaragua

Corte Suprema de Justicia de Nicaragua

EFE 

Un grupo de abogados presentó este lunes ante la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua un recurso de inconstitucionalidad contra una polémica Ley de Amnistía que, a juicio de la oposición, dejará impune la represión gubernamental en el marco de la crisis que estalló hace más de un año en este país.

El recurso fue presentado por los abogados Julio Montenegro, José Antonio López y Arnulfo López Cruz, miembros del organismo Defensores del Pueblo, y recibida por el secretario de la Corte Suprema, Rubén Montenegro.

En el documento, los letrados señalan que esa Ley, aprobada el 8 de junio pasado por la mayoría oficialista en la Asamblea Nacional, "violenta, de manera abierta, la Constitución Política de Nicaragua, porque con esto se niega el derecho al acceso a la justicia".

Argumentaron que esa Ley fue "creada para efectos de perdonar y olvidar, en este caso, a las personas que fueron objetos de procesos políticos" por parte del Estado.

Montenegro explicó que esa Ley protege a los culpables de cometer crímenes contra opositores durante las manifestaciones antigubernamentales que comenzaron el 18 de abril de 2018.

"Estamos interponiendo este recurso de inconstitucionalidad por considerar que el Estado de Nicaragua está violentando la Carta Magna, la está transgrediendo de manera abierta y se está volviendo una usanza de que se quieran reformar las leyes, aún en contra del espíritu de la Constitución Política", agregó el abogado.

Ese recurso se suma a otros interpuestos por la Asociación Madres de Abril, la Articulación de Movimientos Sociales, entre otros movimientos opositores.

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La Ley de Amnistía es rechazada por la oposición nicaragüense bajo el argumento de que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno y porque está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trató de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.

Nicaragua vive una crisis social y política que ha generado protestas contra el Gobierno de Ortega y un balance de entre 325 y 595 muertos, según organismos de derechos humanos locales y extranjeros, mientras que el Ejecutivo cifra en 200 los fallecidos.

La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) han responsabilizado al Gobierno de "más de 300 muertos", así como de ejecuciones extrajudiciales, torturas, obstrucción a la atención médica, detenciones arbitrarias, secuestros y violencia sexual, entre otras violaciones a los Derechos Humanos.

Ortega ha negado las acusaciones y ha asegurado que se trata de un intento de "golpe de Estado". Las manifestaciones contra Ortega se iniciaron el 18 de abril del año pasado por unas fallidas reformas de la seguridad social y se convirtieron en una exigencia de renuncia del mandatario.