Colombia: Acceder a la educación superior no es tarea fácil para las personas sordas

La inclusión es el arma moderna más potente que ha surgido en la lucha por la no discriminación de personas en condición de discapacidad, que a lo largo de la historia la sociedad ha convertido en un grupo vulnerable, frágil, débil, disminuido, los ha hecho dudar de sus capacidades y, por lo tanto, los ha aislado.

Esta vez me referiré puntualmente a las personas con discapacidad auditiva, para quienes ha venido ampliándose el desarrollo de políticas públicas en pro de garantizar la protección de sus derechos fundamentales y el desenvolvimiento pleno dentro de la sociedad, si los comparamos con otras discapacidades (cognitiva, visual, etc.), pero de manera absurdamente insuficiente.

En el desarrollo de un derecho fundamental como lo es la educación, uno de los escenarios cotidianos a los que se tienen que enfrentar miles de personas en condición de discapacidad auditiva, es la lucha por el acceso a la educación superior. Lucha porque, aunque constitucionalmente el Estado Colombiano esté obligado a llevar a cabo políticas y legislar de tal manera que se favorezca la integración social de las personas en condición de discapacidad, no ha cumplido a cabalidad con dicho mandato, sino se ha limitado a darle un manejo al tema meramente superficial.

Una persona sin ningún tipo de discapacidad que desea acceder a la educación superior en Colombia, tiene la posibilidad de presentarse a la institución de educación superior que desee a través del diligenciamiento del respectivo formulario de inscripción y posterior entrevista, contando también con múltiples facilidades de pago de su semestre académico. Para una persona sorda es “aparentemente igual”, salvo un pequeño detalle: no se puede pretender entender el acceso a la educación superior de una persona en condición de discapacidad, de la misma manera que una persona con todas sus capacidades.

Es decir, es absolutamente insuficiente pretender argumentar que el derecho al acceso a la educación superior de una persona sorda está garantizado por el simple hecho de permitirle comprar y diligenciar un formulario de inscripción, si el sistema educativo y por lo tanto, las instituciones de educación superior no están capacitadas (ni interesadas, ni obligadas a hacerlo) en las necesidades propias del sordo para el pleno desarrollo de su aprendizaje y formación profesional o peor aún, obstaculizan su admisión.

Presentar exámenes de admisión extra que no se exigen a aspirantes oyentes, exigencias más altas en los puntajes del examen de estado ICFES, múltiples entrevistas, entre otros, son los obstáculos que deben atravesar las personas sordas que aspiran acceder a la educación superior en Colombia y quienes logran superarlo, se encuentran con el mayor de todos: la carencia de un intérprete de lengua de señas.

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Las universidades públicas del país son las únicas obligadas a contar con intérprete de lengua de señas en las clases que lo requieran los estudiantes sordos, aquellos que logran superar el puntaje mínimo del examen de admisión exigido para ingresar a estas instituciones, mismo que se exige a una persona oyente; sin tener en cuenta las limitaciones de lenguaje que tiene un sordo.

Desde algo tan elemental como que su lectoescritura no es igual, por lo tanto su comprensión lectora tampoco, porque su idioma materno es la lengua de señas y el español es un segundo idioma, como para los oyentes lo es el inglés (imagínese usted oyente presentando el examen de la Nacional totalmente en inglés teniendo un nivel intermedio en ese idioma. Bueno, así se siente un sordo).

Otra institución que se supone pública es el SENA, que prepara en niveles técnicos y tecnólogos y al igual que las universidades públicas, está obligado a suministrar el servicio de intérprete a los estudiantes sordos, lo cual no cumple porque exige que para prestar este servicio, deben estar matriculados en el mismo curso un número determinado de estudiantes sordos, limitando descaradamente la libre elección de un sordo de programa académico, viéndose obligado a elegir un programa en el que estén los cupos para poder contar con intérprete y en el caso de las universidades públicas, estudiar una de las carreras que estas ofrecen ¿y si su deseo es estudiar una carrera que no esté dentro de la oferta académica de estas? están las universidades privadas.

El 98% de las universidades privadas en Colombia no tienen contemplado dentro de sus políticas internas la admisión de estudiantes sordos y, por lo tanto, la contratación de intérpretes de lengua de señas, así que, cuando un sordo es admitido en una universidad privada debe asumir además del costo normal del semestre académico, el costo de su intérprete de lengua de señas, que fácilmente equivale al valor de otro semestre, todo porque estas instituciones se excusan en que el derecho al acceso a la educación superior de una persona con discapacidad auditiva está cubierto con otorgarles la admisión y por lo tanto, hasta ahí llega su papel, lo que es totalmente falso, porque el derecho se está garantizando a medias, dándole una carga económica adicional al estudiante sordo.

De modo que, son un 5% de los sordos con bachillerato culminado que pueden acceder a la educación superior, porque los demás no tienen como pagarlo, así que, parece que el derecho de acceso a la educación superior de los sordos en Colombia, es un derecho para la clase alta y el estado no hace absolutamente nada para que eso cambie, pero si habla de inclusión en un país donde es lo último en la lista.