En Chile sí hubo violaciones de derechos humanos, ONU

Chile ha estado inmerso en una crisis social que estalló el 18 de octubre, cuando se anunció el alza en el pasaje del metro de Santiago. Desde ese día en adelante, los ciudadanos se han tomado las calles exigiendo mejoras en varios frentes como salud y pensión. La situación ha llevado a declarar el estado de emergencia y a que el gobierno replantee su accionar. El 2020 se realizará un referendo para que los chilenos voten si quieren que se realice una constituyente que modifique la actual carta magna.

Si bien el gobierno ha escuchado los clamores de los ciudadanos, la fuerza pública ha sido protagonista por el trato que le ha dado a los marchantes. Han sido varios los ciudadanos y ONGs, como Human Rights Watch y Aministía Internacional, quienes han denunciado el uso excesivo de fuerza y la violación de derechos humanos por parte de la policía, llamada Carabineros, y las fuerzas armadas.

Ahora es la oficina de la Alta Comisionada de los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, la que confirma las denuncias. El informe, publicado el viernes 13 de diciembre y que tiene 30 hojas, explica que durante las manifestaciones que se han realizado en Chile, “carabineros de Chile y las Fuerzas armadas incumplieron las normas y estándares internacionales sobre control de asambleas y uso de la fuerza”.

El documento, que fue enviado a Sebastián Piñera, asegura que "violaciones (a los DD.HH.) incluyen el uso excesivo o innecesario de la fuerza que resultaron en la privación arbitraria de la vida y en lesiones, tortura y malos tratos, violencia sexual y detenciones arbitrarias… Estas violaciones se cometieron en todo el país, pero su gran mayoría ocurrió en la Región Metropolitana y en contextos urbanos".

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El equipo de encargados que realizó el informe documentó:

• 26 muertes ocurridas durante las manifestaciones, de las cuales 11 fueron verificadas por el equipo.
• 113 casos específicos de tortura y malos tratos.
• 350 personas sufrieron heridas oculares por el uso de perdigones.
• En cuanto a violencia sexual, el documento da cuenta de 24 casos contra mujeres, hombres y niños y niñas adolescentes, perpetrados por miembros de Carabineros y militares.
• Desde el 18 de octubre hasta el 10 de diciembre se han registrado 4903 personas heridas incluyendo 2792 carabineros.

La ONU “señala que el Instituto Nacional de Derechos Humanos ha presentado querellas relacionadas con cientos de este tipo de casos”. Además, se resalta el "uso innecesario y desproporcionado de armas menos letales, en particular escopetas antidisturbios, durante manifestaciones pacíficas y/o fuera del contexto de enfrentamientos violentos entre manifestantes y fuerzas de seguridad. Esto ha resultado en un alto número de personas heridas, incluidos transeúntes y personas que no estaban cometiendo actos violentos, sino que protestaban pacíficamente."

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¿Cómo se realizó el informe?

“El equipo realizó 235 entrevistas a víctimas de presuntas violaciones de derechos humanos – incluidas las personas manifestantes heridas y detenidas y sus familiares- y realizó 60 entrevistas a oficiales de Carabineros de Chile, incluidos algunos heridos durante las protestas. Se otorgó al equipo libre acceso a hospitales y centros de salud, y se le permitió entrevistar a personas heridas durante las manifestaciones. También recibió acceso rápido e irrestricto a lugares de detención, incluidas comisarías de policía y cárceles, así como a personas privadas de libertad a quienes el equipo quiso entrevistar en privado, y a los informes y registros relevantes”.

¿Qué se le recomienda al Estado chileno?

• "Cese inmediato del uso indiscriminado de escopetas antidisturbios para controlas las manifestaciones".
• “Limitar el uso de gases lacrimógenos a situaciones en que sea estrictamente necesario, y nunca dentro de establecimientos educativos y de salud".

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• "Asegurar que las fuerzas de seguridad garanticen la rendición de cuentas con relación a las violaciones de derechos humanos y reconozcan estas violaciones".
• Establecer “un mecanismo de seguimiento, que involucre a nuestra Oficina Regional para América del Sur, con sede en Santiago, así como la participación activa de la sociedad civil, para evaluar dentro de tres meses la implementación de las recomendaciones realizadas en este informe, así como las recomendaciones de los mecanismos internacionales de derechos humanos."