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El Salvador: Nayib Bukele se enfrenta al Congreso

La militarización en el Congreso fue un intento del presidente Bukele para presionar a los diputados a votar una propuesta de un préstamo que está pendiente.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador. / Foto: Presidencia

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

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La creciente tensión entre el Legislativo y el presidente Nayib Bukele ha llegado a instancias jamás pensadas. La imagen que se vivió el pasado domingo en las instalaciones del Parlamento fue un acto de presión por parte de Bukele. Mientras se llevaba a cabo una sesión parlamentaria, varios miembros de las Fuerzas Armadas cargados con armas de guerra entraron y se posaron allí para presionar a los diputados.

La propuesta de Nayib Bukele, y la razón por la cual está presionando de manera intensiva al Congreso, es la negociación de un préstamo por US$109 millones para poner en marcha la III Fase del Plan Control Territorial. Con este dinero, el presidente salvadoreño tiene como objetivo la modernización del armamento de la Policía Nacional Civil (PNC) y el de las Fuerzas Armadas. Esta propuesta va alineada con uno de los ejes de su campaña presidencial, en donde pretendía fortalecerlas para poder combatir de manera más eficaz las bandas criminales del país.

Siendo así, la presencia de los militares en la sesión parlamentaria estuvo relacionada con el tema de la propuesta que Bukele quiere presionar. 

El viernes en la tarde Nayib Bukele convocó una ‘asamblea de emergencia’. Según el artículo 167 de la Constitución, en su aparte número 7, el Consejo de Ministros tiene la potestad de "convocar extraordinariamente a la Asamblea Legislativa, cuando los intereses de la República lo demanden". Siguiendo este artículo, el Congreso debería votar esta propuesta el domingo que pasó sin posibilidad de dilatación.

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Este hecho fue criticado por los miembros del Congreso, quienes han asegurado que el tema no es una emergencia y no había justificación para una asamblea extraoridinaria. Esto, criticado como un abuso de poder por algunos opositores, sumado a la presencia de las Fuerzas Militares en dicha Asamblea extraordinaria, fue considerado un acto extremista de Bukele. No solo fueron sus detractores quienes lo criticaron, pero también las acciones lo pusieron en el ojo del huracán frente a organizaciones interamericanas de Derechos Humanos.

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch manifestó su insatisfacción frente a lo sucedido y dijo que “Eso atenta contra la democracia y debe ser condenado sin ambigüedad”.

 

 

Llamado a la ‘insurrección’

Bukele quiere aprobar esa negociación a toda costa pues, según dice, es urgencia nacional pues combatir las bandas criminales es una prioridad. Por ello, al momento de llamar a la Asamblea extraordinaria amenazó también con ‘llamar a la insurrección’, a través del Artículo 87 de la Constitución.

Después de la fallida Asamblea extraordinaria, a la que asistieron menos de la mitad de los diputados, a pesar de que el presidente había dicho que era su deber obligatorio, decidió cumplir con su amenaza y hacer un llamado al pueblo según el Artículo 87. Con este artículo, se reconoce “el derecho del pueblo a la insurrección, para el solo objeto de restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en esta Constitución”.

Igualmente, el artículo dice que “se limitará a separar en cuanto sea necesario a los funcionarios transgresores, reemplazándolos de manera transitoria hasta que sean sustituidos en la forma establecida por esta constitución”. Este pretende ser un llamado a que el pueblo de El Salvador se pronuncie contra el Congreso.

 

 

La decisión de llamar a la insurrección fue catalogado una vez más como un hecho que atenta la democracia del país y fue criticado por distintas organizaciones internacionales y sectores políticos internos. La oposición, por su parte, criticó la decisión y la catalogó como un intento de ‘Golpe de Estado’ al Parlamento.

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