El Mozote, la masacre de 1981 que hoy salpica a Bukele

Esta semana, el popular presidente de El Salvador, Nayib Bukele, volvió a ocupar las portadas de la prensa nacional e internacional. El mandatario jubiló a los que serían un tercio de todos los 690 jueces del país luego de que hayan cumplido más de 60 años de edad o 30 años en el cargo.

La Asamblea Nacional controlada por Bukele aprobó esta ley argumentando “no más jueces corruptos y justicia a la medida de grupos de poder”, aseguró el presidente del Parlamento, Ernesto Castro.

El evidente miedo de la comunidad internacional y de la crítica, es que esta medida socava aún más la división de poderes. En un país en el que el presidente cuenta con el 87% de popularidad, la mayoría de la Asamblea Nacional, varios órganos de control y de investigación (como la Fiscalía), ahora pasará a tener mayor poder en la rama judicial.

Dentro de la reforma aprobada, también se establece que es la Corte Plena la encargada de nombrar a los nuevos jueces. Sin embargo, hoy en día, son estos mismos magistrados los que fueron escogidos por el partido de Gobierno.

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Adicional a las reiteradas críticas de la posibilidad de debilitar la ya maltrecha democracia y división de poderes en el país centroamericano, se suma a que dentro del grupo hay un juez con pasado dificultoso con Bukele. Dentro de los destituidos está Jorge Guzmán, el juez que llevó el proceso de El Mozote, una trágica masacre ocurrida en 1981 (durante la guerra civil), pero que  al día de hoy sigue sin ser resuelta.

El caso de El Mozote

Entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981, miembros de las Fuerzas Armadas salvadoreñas asesinaron a 986 personas en la localidad de El Mozote. De acuerdo con los datos recopilados en ese momento, los soldados adujeron sospecha de que esta comunidad estuviera colaborando con las guerrillas socialistas. Dentro de los casi mil asesinados, se registraron 558 menores de edad.

Este trágico hecho, se le conoce como la mayor masacre ejecutada en suelo salvadoreño y a día de hoy se siguen investigando responsabilidades de lo ocurrido.

Sin embargo, en 1993, con la Ley de Amnistía General para la Consolidación de la Paz, ninguno de estos hechos fue investigado en su momento. Pero la CIDH concluyó en 2010 que existe una deuda histórica del Estado salvadoreño con la memoria de las víctimas, sus familiares, sobrevivientes y la comunidad en general.

A pesar de que este hecho ocurriera el mismo año del nacimiento de Nayib Bukele haya nacido, el actual mandatario ha estado implicado en alegatos de obstrucción a la justicia.

Jorge Guzmán, hoy destituido junto con los demás jueces, pidió en 2020 al ente investigador que determinara si el actual presidente cometió algún delito cuando bloqueó la investigación a varios miembros militares. 

Esto, luego de que Bukele apelara a la seguridad nacional para no permitir que el juzgado de Guzmán buscara en los archivos militares pruebas relacionadas con la masacre. El mandatario calificó esto como un “show mediático”.