¿Cómo impactará la despenalización del aborto en Colombia a la salud pública?
Este lunes 21 de febrero, la Corte Constitucional tomó la decisión de despenalizar el aborto en Colombia hasta la semana 24. ¿Cuál será su impacto en la salud pública?
Foto: Reuters
LatinAmerican Post | María Fernanda Ramírez Ramos
Colombia ha dado un paso para unirse a la “marea verde” que se ha extendido por diversos países como México y Argentina para despenalizar y legalizar el aborto en América Latina. Tras aproximadamente dos años de debates, la Corte Constitucional decidió despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación gracias a dos demandas presentadas; una por un abogado y la otra por el el colectivo Causa Justa. Dichas demandas cuestionaban la tipificación del aborto como delito, argumentando las brechas de desigualdad que generaba para las mujeres y el peligro de la recurrencia a abortos clandestinos, entre otras consideraciones.
?¡Ganamos!?
Gracias a nuestra demanda como parte del movimiento @causajustaco, la @CConstitucional de Colombia?? ha eliminado el delito de aborto hasta la semana 24.
Luego de ese límite seguirán aplicando las tres excepciones que venían desde el 2006. pic.twitter.com/O13AtSOHIf
— Centro de Derechos Reproductivos (@ReproRightsLAC) February 21, 2022
De esta forma, más allá del debate moral que sucita el aborto, se trata de un tema jurídico y de salud pública que el país no podía continuar evadiendo. Al respecto, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, entre los años 2010 y 2014 cerca del 45% de los abortos practicados en el mundo fueron riesgosos. Se estima que en América Latina y África tres de cada cuatro abortos son peligrosos. Esto quiere decir que las mujeres se exponen a métodos no reconocidos por las autoridades sanitarias, practicados de forma clandestina, que ponen en peligro sus vidas y pueden causar graves complicaciones. Se estima que en las regiones en vías de desarrollo, hay una mortalidad de entre 220 y 520 defunciones por cada 100.000 abortos peligrosos.
En relación a este peligro, información de la Universidad del Rosario señala que en Colombia se practicaban alrededor de 400.000 abortos ilegales al año. Estas cifras son fundamentales para la decisión de la despenalización, pues “400.000 abortos ilegales son 400.000 mujeres en riesgo, son 400.000 citas adicionales para el sistema de salud, de las cuales se pueden derivar el mismo número de tratamientos ocasionados por un aborto mal practicado”, de acuerdo con Óscar Javier Maldonado Castañeda investigador de la universidad mencionada. Estas cifras además muestran que la criminalización del aborto no frena que este se cometa, sino que lleva a que quienes toman la decisión se expongan a situaciones peligrosas.
Antes de esta histórica decisión, el aborto era legal bajo tres causales, que continuan vigentes después de las 24 semanas: violación, malformación del feto y peligro para la salud física o mental de la madre. No obstante, han existido diversos obstáculos para las mujeres que deciden acceder al aborto mediante los motivos de ley, como la estigmatización, la lentitud de los procesos o la penalización. De dichos obstáculos, la penalización generaba una fuerte barrera por el miedo a ser condenada. De acuerdo con una investigación realizada por la Mesa por la Vida y la Salud de las Mujeres sobre la criminalización del aborto en Colombia, después de 2008 las cifras de casos que buscaban condenar el aborto se encontraban alrededor de 400 por año. De hecho, en el 2018 se presentaron 416 casos. De los casos que terminaron en condena el 56,72% provenía de denuncias del personal sanitario, lo que violaba el secreto profesional.
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La decisión de despenalizar el aborto hasta la semana 24, que en este caso se trata del plazo más amplio de América Latina, abre también el camino para que las demás instituciones del Estado formulen políticas públicas integrales que protejan los derechos sexuales y reprodutivos de las mujeres de forma más amplia, poniendo foco en las menores de edad y mujeres rurales, que según las cifras son las más afectadas. En este sentido, uno de los principales retos después de la decisión de la Corte Constitucional será que este nuevo derecho, conseguido gracias al agenciamiento de los colectivos feministas, sea efectivo y no existan trabas para acceder a él, contando con que el tiempo para proceder en este tipo de situaciones es clave.