Crisis en Perú: Dina Boluarte más parecida a Duque y Piñera, que a Castillo

La crisis en Perú parece una trama sin fin. Siendo consecuente con la fragilidad de los respaldos que la mantienen en su cargo y entendiendo el contexto de constante cambio de jefe de gobierno en la nación andina, Dina Boluarte ha copiado la agenda de respuesta institucional que desarrollaron Iván Duque en Colombia y Sebastián Piñera en Chile para deslegitimar y confrontar los estallidos sociales que sacudieron sus respectivos territorios en años pasados.

Raúl Tecco, director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert afirmó que: "Las fuerzas del orden están actuando de manera desproporcionada y desmedida. Un soldado no dispara si no tiene el respaldo de sus superiores". Esta declaración surgió en medio de las noticias de 17 personas asesinadas en medio de las protestas en la ciudad de Juliaca, lo que elevaría la cifra a al menos 47 víctimas mortales desde el inicio de las protestas.

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A su vez, Johanna Pieper, del Instituto Alemán de Estudios Globales y Regionales (GIGA por sus siglas en inglés) declaró que "Las fuerzas de seguridad no están actuando conforme a la ley" contradiciendo las declaraciones de la presidenta Dina Boluarte. La presidenta, desde su posesión como jefa de Estado ha alegado que las acciones de la Fuerza Pública se han desarrollado en el marco del protocolo constitucional de respuesta a esta clase de eventos sociales.

"Dina Boluarte, hasta ahora, niega que el Gobierno y las Fuerzas Armadas generan violencia. Igualmente, el primer ministro, Alberto Otárola, no reconoce el abuso policial y responsabiliza a los manifestantes y al exgobierno de Pedro Castillo", insistió la experta del GIGA.

Discurso contra los manifestantes

Analistas políticos vincularon este discurso de la mandataria de los peruanos a la intención de mantener el respaldo de las fuerzas policiales y militares para sostenerse a toda costa en el poder. Ligado a este respaldo del ejecutivo, expertos identificaron una narrativa que se ha venido difundiendo desde el espectro político de la derecha de carácter racista y aporofóbica en contra de los manifestantes. Constantemente en los medios de comunicación masivos se señala a los protestantes como radicales afines a grupos terroristas como Sendero Luminoso que reciben directrices, financiación y apoyo logístico del extranjero.

Alonso Cárdenas, profesor de Ciencia Política de la Universidad Ruiz de Montoya sostiene que “Perú es un país sumamente racista y sumamente discriminador, tanto que ya ni siquiera nos damos cuenta” argumentando que esta es una de las razones estructurales para entender la profunda desconexión de una gran cantidad de los pobladores de Lima con respecto al resto del país indígena, campesino y rural. Resaltó que hay un tema de clasismo y “temor a perder los años de crecimiento económico. Se aspira a un modelo más occidental y miran al depuesto presidente Castillo y su base electoral y dicen: no me representa”.

Terrucos

La antropóloga y politóloga Carmen Ilizarbe, profesora de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) explicó cómo se ha esparcido una narrativa para legitimar la violencia militar y policial contra los manifestantes al denominarlos como “terrucos” o terroristas asociados a Sendero Luminoso y a otras organizaciones de izquierda radical. Tras la eliminación del grupo armado Sendero Luminoso, gran parte de la población indigena quedó estigmatizada bajo el apelativo de "terruco", calificativo que en el Parlamento peruano o enredes sociales se utilizado para referirse a quienes impulsan propuestas de izquierda. “Todos los sectores empobrecidos del país son potencialmente terrucos, ese es el imaginario”, comenta Ilizarbe.

Víctimas mortales

En las recientes jornadas de protesta, las movilizaciones han interrumpido el tránsito de carga y de pasajeros en 6 regiones, con al menos 61 bloqueos y afectaciones en 12 vías nacionales. El saldo fatídico más reciente dejó 17 personas asesinadas con proyectiles en los choques violentos que se presentaron en inmediaciones del terminal aéreo de Juliaca. "Hasta esta hora de la noche hemos confirmado 17 fallecidos en Puno durante enfrentamientos con las fuerzas del orden en inmediaciones del Aeropuerto de Juliaca", dijo a la agencia AFP una fuente de la Defensoría del Pueblo en Lima. "Lo que está pasando es una matanza entre peruanos, les pido calma, no se expongan", afirmó el alcalde de Juliaca, Oscar Cáceres.

Con las muertes registradas en el marco de la masacre ocurrida en Juliaca, se eleva a 47 el número de víctimas fatales desde que inició la crisis política en el país en diciembre pasado, según datos de la Defensoría del Pueblo. El órgano detalló que “han muerto 39 civiles en enfrentamientos con las fuerzas del orden, otros siete por accidentes de tránsito y hechos vinculados al bloqueo en las protestas y un policía, por hechos de violencia en el contexto del conflicto”. Además, reportó que un total de 542 civiles y 290 policías han resultado heridos en medio de estas manifestaciones.

La comunicación efectiva entre manifestantes y el gobierno es la salida a la crisis

Según la experta del GIGA, Johanna Pieper, "Si Dina Boluarte renunciara ahora, el país se gobernaría por el presidente del Congreso, que tiene hasta más desaprobación que el Ejecutivo. Las elecciones no se pueden adelantar para 2023 por temas de logística y organización. Además, existe el peligro de que la oferta política sea la misma que en la elección de 2021. Finalmente, no se puede liberar a Pedro Castillo hasta que terminen las investigaciones".

De esta forma, se propone que para desescalar la violencia se inicien serias investigaciones judiciales sobre los presuntos abusos de las Fuerzas Armadas, así como el establecimiento de canales de diálogo con los manifestantes que permitan llegar a acuerdos locales para realizar unas nuevas elecciones presidenciales de forma pacífica.

Para el director de proyectos de la Fundación Friedrich Ebert, Raúl Tecco, el país necesita un acuerdo político que incluya la renuncia de la Presidencia y del Congreso, "que debería nombrar a alguien que transitoriamente pueda gobernar en los próximos tres meses, antes de que se realice una elección".

Finalmente, Robert Helbig, de la Fundación Konrad Adenauer opina que "se necesitan gestos políticos contundentes, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, para apaciguar los ánimos, demostrando empatía y solidaridad por la pérdida de vidas".