Reforma agraria en Brasil: ¿Puede Lula cumplir la deuda histórica?

Tras su toma de posesión como presidente de la república el 1 de enero de 2003, el recién electo Luis Ignacio Lula Da Silva prometió llevar a cabo una reforma agraria ante los líderes del Movimiento de los Trabajadores Rurales sin Tierra (MTS) basada en la redistribución de la tierra entre los agricultores y la estimulación de la pequeña producción familiar. 20 años después, tras 13 años de gobierno del Partido de los Trabajadores, en el cual también gobernó la expresidenta Dilma Rousseff, Michael Temer, tras cuatro años de gobierno de Jair Bolsonaro (2019-2022) y un regreso de Lula Da Silva a la presidencia el 1 de enero del presente año, el problema de la tierra continúa sin resolverse.

De hecho, de acuerdo con el último Censo Agropecuario hecho en el 2017, cerca del 1% de los propietarios de la tierra posee un promedio del 50% de las tierras del país, mientras que los pequeños propietarios de la tierra, que representan prácticamente la mitad de los propietarios totales (aquellos que poseen entre 1 y 10 hectáreas de tierra), posee apenas un 2% de todas las tierras del Brasil. Esto hace que el gigante latinoamericano sea uno de los países con mayor concentración de la tierra en América latina, junto con Colombia, Chile, México, Perú o Paraguay.

En América latina este no es un problema nuevo. Colombia, por ejemplo, es el país con mayor desigualdad en el acceso a la tierra, registrando una cifra alarmante: el 1% de los grandes terratenientes posee un promedio del 80% de las tierras productivas del país. Le siguen Perú, el 1% controla el 77% de las tierras productivas. En Chile, el 1% controla el 74% de las tierras productivas y en Paraguay, el 1% controla cerca del 70% de las tierras productivas del país. Estas cifras reflejan el grave problema que atraviesa América latina en el campo. No en vano podemos decir que el problema de la tierra se encuentra en la base de muchos de los males que afectan al continente. Particularmente en Brasil la llamada “Questão agrária” sigue alimentando un grave problema de desigualdad social que parece estar lejos de resolverse, aspecto que se convirtió en un caldo de cultivo para todo tipo de conflictos sociales en el futuro.

Un viejo fantasma nacional

La desigualdad en la concentración de la tierra en el Brasil posee raíces profundas que se remontan al siglo XVI tras la colonización portuguesa, pues durante la ocupación colonial, la Corona dividió la propiedad de la tierra de tal manera que las tierras cultivables (samarías) quedaron en manos de unos pocos colonos. Luego, cómo lo muestra Nelly Banchero en su investigación en torno al problema histórico de la tierra en Brasil, en 1850 fue aprobada una Ley de Tierras que establecía la adquisición de tierras desocupadas solo mediante la compra, quedando las tierras libres en manos del estado. La ley tenía como finalidad frenar el accionar de los llamados “poseiros”, esto es, los campesinos que ocupaban tierras ociosas y las convertían en tierras de labranza.

En el siglo XX la situación no mejoró. Luego del golpe de estado de 1964 y el establecimiento de una dictadura cívico-militar que duraría hasta 1985, se decretó un “Estatuto de la Tierra”, según el cual, se creaban nuevas zonas de ocupación de tierra, en las cuales el gobierno brindó toda clase de subsidios e incentivos fiscales a favor de la instalación de empresas nacionales o multinacionales agropecuarias. Estos beneficios generaron la concentración de la tierra a manos de los empresarios beneficiados por la dictadura militar.

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Entrado el siglo XXI el fantasma del pasado no desapareció. De hecho, de la misma forma en que las leyes del siglo XIX fueron pensadas en contra de los campesinos que ocupaban las tierras ociosas, así mismo se sigue condenando a los campesinos que en la actualidad ocupan tierras improductivas. Esto se evidencia en la orden que el Tribunal de Justicia de Brasil emitió el pasado 28 de abril, en la cual pidió el desalojo de 430 familias pertenecientes al MTS que ocupan un terreno improductivo en la villa de Jaboatão dos Guararapes, en el estado de Pernambuco. Esto en medio de un contexto nacional, en el cual 350.000 familias (cerca de un millón y medio de personas) se reconocen como trabajadores rurales sin tierra.

Ahora, ¿Por qué durante los gobiernos del PT no se produjo una reforma agraria? Debemos encontrar la respuesta en la ligazón del PT con las elites nacionales expresada en una política de acuerdos amplios tanto en el Senado cómo en la Cámara de Diputados. Esto obliga a los gobiernos del PT a ceder los intereses de los movimientos sociales y populares que constituyen su base social, a los intereses de aquellos que buscan mantener el modelo latifundista en el Brasil. Se entra, así, en una contradicción en la cual el discurso no se corresponde con los hechos.

Los retos para el futuro

Sin duda, la reforma agraria es uno de los grandes desafíos que posee el Brasil contemporáneo. La desigualdad social que atraviesa históricamente el campo continúa afectando la vida, y la supervivencia misma de miles de familias campesinas, mientras los diversos gobiernos que se suceden en el Brasil no parecen encontrar la forma de resolver la “Questão agrária”. Debido a esto, hoy el futuro del gigante sudamericano, más que ser un futuro prometedor, se nos presenta como un futuro lleno de desafíos e interrogantes que, si quieren ser superados y respondidos, le exigen al estado brasileño un compromiso real con las demandas de los sectores campesinos de Brasil.

El estado debe escuchar a los campesinos, cimentando las bases de una reforma agraria de carácter vinculante, en la que el movimiento campesino tenga un papel activo en su construcción. Sus demandas parten del hecho de que la emigración a la ciudad no es una solución. Quieren permanecer en el campo y exigen condiciones para ello. Así, exigen fundamentalmente dos cosas: primero, el reparto de la tierra ociosa retenida en manos de los latifundistas, y segundo, la preservación de la agricultura familiar con base en la autonomía y la soberanía alimentaria.

Pero también, cómo lo ha señalado João Stedile; dirigente del MTS, en el presente la reforma agraria no consiste únicamente en la redistribución de la tierra, sino también en un cambio de paradigma del modelo de producción en el campo. La agroecología, como una alternativa que permite aprovechar los bienes de la naturaleza sin agotarlos, se muestra como una necesidad en un país que tiene buena parte de la responsabilidad en el cuidado y la preservación de la selva amazónica (cerca del 60% del territorio amazónico se encuentra en territorio brasileño). Con base en esto, un cambio en el modelo de producción al interior del campo desde la perspectiva agroecológica tiene como prioridad la conservación de los distintos biomas presentes en el territorio, la preservación de la biodiversidad agrícola y la producción de alimentos saludables para el consumo de la dieta básica de la población.