¿Qué tiene de nuevo este pacto entre el Gobierno de Colombia y ELN de los anteriores?

Hace un par de días, el Gobierno del presidente Gustavo Petro anunció un pacto de cese al fuego con la guerrilla del ELN. Esta noticia se dio en medio de algún escepticismo entre ambos bandos. Este no es el primer intento de cese al fuego y de inicio de negociaciones entre el Estado colombiano y esta guerrilla. Varios gobiernos anteriores y diferentes presidentes habían intentado lograr avances significativos con este grupo guerrillero sin grandes resultados.

Uno de los intentos fallidos más recientes se hizo cuando el Gobierno del expresidente Iván Duque continuó un diálogo exploratorio con el grupo armado. Sin embargo, luego de un ataque a la Escuela de Cadetes General Santander en la capital colombiana, Duque ordenó salirse del diálogo al no encontrar “intención de paz”.

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A pesar de esto, varias características hacen que este nuevo intento sea distinto a los demás y que genere más entusiasmo comparado al resto.

Un acuerdo robusto

Este alto al fuego bilateral es el más largo acordado entre esta guerrilla y el Estado colombiano. Se extenderá por 6 meses y abarcará todo el territorio colombiano. El acuerdo se terminará de concretar hasta el 3 de agosto, fecha en la que iniciarán los 180 días (prorrogables) de cese de hostilidades y se irán verificando posteriormente.

Estos logros pueden verse como una clara voluntad de ambas partes. El ELN se caracteriza por solo poder llegar a acuerdos parciales o de poca duración. Esto, ligado a su misma estructura en la que cada bloque tiene suficiente autonomía y es difícil coordinar ceses al fuego desde las cabezas.

Además de los hitos factibles de este acuerdo, también hay un contexto diferente que puede augurar un pacto definitivo. El mismo presidente Gustavo Petro estima que el cese final de hostilidades se podría dar para principios del 2025.

Un gobierno diferente

Este es el primer acuerdo entre una guerrilla socialista colombiana y un gobierno abiertamente de izquierda. El presidente Gustavo Petro es el primer exguerrillero (M-19) y abiertamente de izquierda. Su gobierno busca impulsar una serie de reformas que pueden estar muy alineadas con cambios que la misma guerrilla estaría interesada en conseguir.

Álvaro Villarraga Sarmiento, director de Construcción de Memoria, del Centro Nacional de Memoria Histórica, aseguró para LatinAmerican Post que “cada guerrilla insurgente, sigue su propio curso en la búsqueda de la paz con respectivos gobiernos nacionales. Es una ruta propia en unas circunstancias actuales muy peculiares, con la existencia de un gobierno progresista de vertientes de izquierda, con movimientos sociales, sectores indígenas, de mujeres, afros, ambientalistas y etcétera, etcétera“.

Desafíos por superar

A pesar de las señales de optimismo que pueden lanzar ambas partes con este acuerdo, hay un largo camino para lograr un acuerdo de desmovilización. Villarraga explica 3 principales desafíos que deberán sortear tanto gobierno, guerrilla y sociedad civil.

El primero son los acuerdos de fondo. “Es imposible un acuerdo de paz insípido, sin contenido de reformas políticas y sociales, con ninguna insurgencia en Colombia y en el mundo”, explica el experto. No obstante, el mismo gobierno cuenta con una serie de reformas propias que pueden alinearse con pretensiones de la contraparte, principalmente en materia de equidad social, democracia y medio ambiente.

Adicionalmente, el funcionario del Centro de Memoria Histórica también advierte de los protocolos y garantías de cumplimiento de este cese al fuego y de un pacto a futuro. Un paso de la violencia a la participación política. Finalmente, el tercer desafío importante para ambos sectores será la legitimidad del resto de la sociedad. “Todo proceso de paz aspira a la legitimidad, llama y convoca a un gran consenso nacional por la paz. Y eso también se hace, con acierto, desde la mesa del Gobierno y del ELN”, aseguró Villarraga.

Sin extorsión ni secuestros

A pesar de que en un principio se pensaba que la guerrilla y el gobierno acordaron un cese de hostilidades, descartando el secuestro y extorsión como método de financiación de la guerrilla, estas actividades sí estarían prohibidas. El senador oficialista y miembro de la delegación del Gobierno, Iván Cepeda, confirmó que estas hacen parte del Derecho Internacional Humanitario, por lo que sí deberán estar incluidas.

“Al enmarcar el acuerdo de cese al fuego en el Derecho Internacional Humanitario está claro que el secuestro y la extorsión constituyen infracciones graves. Esto quiere decir que el secuestro será objeto de observación del Mecanismo de Monitoreo y Verificación, cuando se presente esté debe activarse para buscar la liberación inmediata”, dijo el senador en plenaria del Congreso.

Esto, a pesar de que Pablo Beltrán, delegado del ELN en la mesa de diálogo, le dijo a la prensa que estas dos actividades no entraban en el acuerdo "por ahora". Beltrán explicaba que estas eran las fuentes de ingreso de la guerrilla, que, según la revista Cambio, necesita de 1 millón de dólares al mes para mantener a la tropa.

Del futuro de este acuerdo no solo depende una paz con el ELN, también puede ser vital al momento de cumplir la anhelada promesa de Petro de “paz total”. Siendo el ELN el principal grupo armado guerrillero de Colombia, el mandatario podrá avanzar en acuerdo con otros grupos como las disidencias de las FARC, grupos paramilitares, carteles de narcotráfico, entre otros que siguen prolongando la violencia en el país sudamericano.