La región se debate entre endurecer los castigos a menores o tratarlos como sujetos de protección especial

La discusión

El día 23 de diciembre de 2017, un joven de 15 años violó y asesinó a su hermana de 9 años en Puerto Leguízamo (Colombia). El hecho reactivó el debate, antes abierto en el país, sobre hacer que los menores de 18 años respondan como adultos en casos de delitos graves. Actualmente, debido a la legislación vigente, los menores responden con sanciones pedagógicas y diferenciadas. Por esta razón, un nuevo proyecto de ley comenzó a gestionarse en la Cámara de Representantes de la República de Colombia, con el fin de reducir la mayoría de edad para efectos penales.

Naturalmente, el problema preocupa no sólo a Colombia. Desde México hasta el Cono Sur, los menores de edad protagonizan delitos tanto menores como de alta gravedad. En ocasiones, sus acciones son aisladas y a veces obedecen a la agenda de organizaciones ilegales, que los aprovechan para tareas como el tráfico de drogas y el sicariato dada su relativa inmunidad por ser sujetos de protección.

Las discusiones han sido asiduas en toda la región. En 2006 y 2007, por ejemplo, Colombia y Chile respectivamente fijaron en 14 años la edad mínima de imputabilidad a menores. En Panamá, la edad de entrada al sistema de justicia penal juvenil se redujo de 14 a 12 años en 2010. En 2014, pasó nuevamente a 14 años.

En Paraguay, entre 2012 y 2014 se gestaron dos propuestas para reducir la edad de imputabilidad juvenil de 14 a 12 años, sin efecto alguno. En 2015, el Congreso de Brasil rechazó un proyecto que pretendía bajar la mayoría de edad penal de 18 a 16 años. Similarmente, Uruguay llevó a cabo un referendo en 2016, en el que se consultó acerca de reducir de 18 a 16 años la mayoría de edad penal, propuesta que fue rechazada por los ciudadanos. Finalmente, en Argentina, a comienzos de 2017, se puso a marchar una iniciativa para bajar de 16 a 14 años la edad de imputabilidad a menores.

La entrada al régimen penal adulto en Latinoamérica se sitúa predominantemente en 18 años, con excepciones como Bolivia, Cuba y otros países caribeños, cuyo límite es inferior. La mayor parte de las naciones determina la edad mínima de imputabilidad juvenil entre los 14 y los 12 años. Empero, ésta oscila entre un máximo de 16 años en Argentina, y un mínimo de 7 años en Trinidad y Tobago, seguido de cerca con límites bajos por otros países insulares del Caribe, por Guyana y Surinam.

Las implicaciones

Las propuestas de bajar la mayoría de edad penal no carecen de sentido. Los parámetros de socialización de los menores latinoamericanos han cambiado, debido a que ahora son hiperestimulados por el mercado, los medios y la tecnología. Asimismo, tienen acceso más temprano y constante a experiencias de sexo, violencia y su educación se desenfoca de las pautas de la escuela y la familia.

Además, según psiquiatras, a edades como la de 14 años los jóvenes ya tienen un desarrollo moral básico, pueden discernir entre lo que se considera bueno y malo, por lo que comprenden las consecuencias de sus actos. Desde esta óptica, y teniendo en cuenta la crueldad que en ocasiones muestran sus delitos, resulta ingenuo seguir entendiendo a todos los menores de 18 como niños.

No obstante, por otra parte, disminuir la mayoría de edad penal no resuelve el problema. UNICEF indica que los países que implementan esta política no han logrado disminuir la criminalidad. En este sentido, resultaría injusto limitar la respuesta de la sociedad a lo punitivo, desatendiendo los factores causales de la situación por ella misma creada: entornos de maltrato y miseria, padres y madres cuyos trabajos suprimen sus espacios de interacción familiar, familias que viven bajo presión de actores criminales, entre otros.

También se debe añadir el panorama de las cárceles latinoamericanas que, pese a los ingentes recursos que reciben, es deplorable. La situación se caracteriza por homicidios, abusos, torturas, motines, falta de agua potable, insalubridad y hacinamiento (46% en Colombia, 70% en Brasil, 130% en Perú, 248% en El Salvador, 354% en Haití).

Por tanto, encarcelar a los menores de 18 años no le permitiría a éstos reeducarse, sino que los estimularía a profundizar en prácticas delictivas, los expondría al abuso, y recrudecería el hacinamiento así como los conflictos internos de las prisiones.

Cabe decir, así pues, que los debates de los países latinoamericanos se han centrado en los aspectos más incómodos y evidentes de la problemática. Si se pretenden resultados certeros, es preciso esforzarse más por cambiar las formas de socializar de las personas. Esto debe involucrar estrategias educativas novedosas. Por tanto, la solución debe incluir también miradas distintas a los roles de los ciudadanos, menos en función de lo productivo y más en función del bienestar familiar y comunitario.

LatinAmerican Post | Ricardo Barón
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