Amnistía: la solución de politicos Brasileros acusados de corrupción

El presidente fue acusado de ser parte de una fórmula electoral que obtuvo millones de dólares por donaciones ilegales; lo mismo sucede con uno de sus más cercanos aliados en el senado. Y también con algunos de sus enemigos acérrimos en el congreso, lo cual ha generado un sentimiento generalizado de pánico en la élite política de Brasil.

Ahora, con las nuevas revelaciones sobre donaciones ilegales para las campañas que siguen saliendo a la luz, a legisladores de todo el espectro ideológico en Brasil se les ha ocurrido un plan.

Se están uniendo para otorgarse amnistía.

Los mismos políticos que a menudo pasan el tiempo peleándose ahora se apuran para aprobar una ley esta semana que evite que los legisladores terminen en la cárcel.

“Tenemos un dicho en Brasil: ‘Cuando la jungla está en llamas, las bestias se unen’”, dijo Gil Castello Branco, el director y presidente de Contas Abertas, un grupo de control que monitorea los casos de corrupción política. “Pues alguien ha prendido el fuego y todo lo que quieren estos políticos es salvar su pellejo”.

La extensa investigación acerca de la corrupción en la paraestatal Petrobras está entrando a una nueva fase explosiva. Testimonios de ejecutivos de uno de los contratistas más grandes de la petrolera, Odebrecht, detallan cientos de millones de dólares en contribuciones por debajo de la mesa a políticos brasileños.

Esta semana, el fiscal general de Brasil pidió nuevas investigaciones a decenas de políticos a partir de un testimonio de ejecutivos de Odebrecht dado para negociar una condena. Odebrecht es un gigante de la construcción que fue uno de los principales donantes de fondos ilícitos para las campañas.

La iniciativa de amnistía por parte de los legisladores ha provocado furia generalizada en Brasil, un país con una larga tradición de permitir que los políticos corruptos permanezcan en el poder.

Sin embargo, puesto que Brasil se está recuperando de una crisis económica prolongada y el caos posterior a la destitución de la presidenta Dilma Rousseff el año pasado, algunos políticos argumentan que la amnistía es un asunto de interés nacional.

Aseguran que es necesaria para prevenir todavía más caos en momentos en que decenas de poderosos empresarios y políticos están yendo a prisión por corrupción, el país sigue sanando después de la destitución de Rousseff y la economía intenta recuperarse.

Aécio Neves, uno de los políticos más poderosos de Brasil y el senador del partido de centro Democracia Social que quedó en segundo lugar en la elección presidencial de 2014, argumentó que aceptar fondos de campaña, aunque sean ilegales, debería ser un asunto aparte de los escándalos de corrupción que han sacudido a la nación.

“Alguien que tomó dinero de Petrobras no es lo mismo que alguien que aceptó dinero para ser elegido”, dijo Neves en una cena este marzo en Piantella, un restaurante en la capital frecuentado por políticos de élite.

“¿Vamos a ofrecerle un espacio a quien se postule como salvador del país?”, preguntó Neves, de acuerdo con el diario Folha de S. Paulo, refiriéndose a la posibilidad de que haya un disgusto generalizado hacia la corrupción que impulse a candidatos sin experiencia política en las elecciones presidenciales del año próximo.

“No, necesitamos rescatar la política”, dijo el senador.

No mencionó que un ejecutivo de Odebrecht recientemente testificó que Neves había pedido cerca de tres millones de dólares en donaciones ilegales para su partido, que es parte de la coalición de Michel Temer, el presidente actual.

El pavor político que provocó ese testimonio está poniendo bajo la lupa una práctica que en Brasil se conoce como “caixa dois”, o “segunda caja registradora”, que consiste en financiamientos que no se declaran a las autoridades fiscales. Puede utilizarse para campañas políticas, recibir sobornos o como financiamiento ilegal que abarca varias actividades ilícitas.

La ley brasileña permite imponer multas y condenas de hasta cinco años en prisión por el delito de financiamiento de campaña, aunque en la práctica pocos políticos van a la cárcel por esos crímenes. Aun así, con la excepción de líderes de partidos relativamente pequeños, la iniciativa de la amnistía está uniendo a personajes influyentes de todo el espectro (la amnistía actualmente no está en discusión para crímenes como cohecho, malversación o lavado de dinero).

“Desafortunadamente, el financiamiento de campaña por debajo de la mesa es histórico y cultural, pero no siempre conlleva la práctica de la corrupción”, dijo José Eduardo Cardozo, un antiguo juez e integrante del Partido de los Trabajadores, de izquierda, que defendió a Rousseff en su proceso de destitución.

Otros personajes políticos han expresado su apoyo para diferenciar entre el financiamiento ilegal de campaña y otro tipo de crímenes, incluyendo al respetado expresidente Fernando Henrique Cardoso.

Aún así, otros insisten en que las leyes de campaña vigentes deberían permanecer intactas y cumplirse en su totalidad.

Carlos Ayres Britto, un antiguo magistrado presidente del Supremo Tribunal Federal de Brasil, dijo que el financiamiento ilegal de campaña es “un ataque a la constitución”, y afirmó que la iniciativa por parte de los legisladores para otorgarse amnistía por violaciones es igual a “negar el Estado de derecho”.

A algunos brasileños les pareció que la iniciativa de amnistía era especialmente indignante porque esta no es la primera vez que el congreso ha intentado convertir el financiamiento de campaña ilícito en algo legal. Los legisladores buscaron hacerlo en noviembre pasado, pero después abandonaron la propuesta ante la indignación popular.

“Veo lo que está pasando; no soy tonto”, dijo José Francisco da Silva, de 78 años, un pIGNORE INTOr de automóviles retirado. “Desde luego que todos se darán amnistía. En Brasil solo hay ladrones”.

Con la resurrección de la medida este mes, los expertos en derecho señalan que uno de los beneficiarios podría ser el presidente Temer.

Estuvo en la misma campaña que Rousseff y sirvió como su vicepresidente antes de que hiciera maniobras para remplazarla. Ahora está en medio de un caso en el que él y Rousseff enfrentan acusaciones de recibir financiamiento ilegal en su campaña de 2014.

Temer podría ser destituido si el tribunal electoral que lleva el caso falla en su contra. Aunque el antiguo director ejecutivo de Odebrecht reveló que la empresa dio cerca de 50 millones de dólares a su campaña, tanto Temer como Rousseff dicen que son inocentes de cualquier crimen.

Al mismo tiempo, se están encendiendo los ánimos en torno a reportes de que jueces del tribunal electoral negocian un acuerdo para retrasar el fallo del caso o resolverlo a favor de Temer, con lo cual le permitirían seguir como presidente hasta 2018 a pesar de que cada vez hay más testimonios que revelan violaciones de leyes de financiamiento de campaña.

Rousseff fue destituida por cargos distIGNORE INTOs: haber manipulado el presupuesto para ocultar problemas económicos. Ahora los simpatizantes de Temer, entre ellos algunos de los que respaldaron la destitución de Rousseff, dicen que deben permitirle seguir en el cargo para evitar más agitación mientras su administración intenta restaurar el crecimiento económico.

Lucas de Aragão, un socio de Arko Advice, una firma de consultoría de riesgo político, dijo que el caso se parecía a lo que sucedió en Estados Unidos en el 2000, cuando la corte suprema de ese país decidió otorgarle la victoria electoral a George W. Bush a pesar de supuestas irregularidades en la votación de Florida.

“El Estado de derecho y la democracia aún están intactos en ese país”, dijo y citó la necesidad de que haya “estabilidad”.

Sin embargo, Míriam Leitão, una de las principales analistas económicas de Brasil, dijo que el país está en riesgo de destruir lo que ha ganado con su iniciativa anticorrupción.

“El país necesita crecer de nuevo y volver a generar empleos”, escribió Leitão en su columna del diario O Globo. “Pero ese camino será más sólido si las instituciones siguen combatiendo la relación promiscua entre los líderes políticos y las empresas elegidas como beneficiarias del poder”.