Argentina registra la tasa de homicidios más baja mientras debate castigos más duros para el futuro
En 2025, Argentina registró 3,7 homicidios por cada 100.000 habitantes, la tasa más baja de América Latina y el Caribe. La cifra representa más que una victoria estadística: ha reabierto un debate nacional sobre seguridad, castigo y el tipo de país en el que los argentinos quieren vivir en el futuro.
Una calma inusual en una región violenta
El Ministerio de Seguridad de la Nación presentó los datos esta semana, confirmando que los homicidios dolosos cayeron un 5,6 por ciento en 2025, lo que lleva la disminución acumulada de los últimos dos años al 17 por ciento. En una región donde la violencia suele definir las agendas políticas, las cifras de Argentina destacan no solo por su tendencia sino también por su magnitud.
“Desde el inicio de la gestión, son 392 vidas que no se perdieron, y para nosotros ese es un dato central, porque cada vida cuenta”, dijo la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva durante la conferencia de prensa en la que se presentó el informe anual preliminar de criminalidad.
Según el ministerio, 15 de las 24 provincias argentinas registraron mejoras en las tasas de homicidios durante el último año, aunque las autoridades no especificaron qué regiones impulsaron la baja. La reducción estuvo acompañada de una fuerte caída en los delitos contra la propiedad: los robos disminuyeron un 20,8 por ciento a nivel nacional, alcanzando niveles comparables solo con los estrictos meses de confinamiento de 2020, en el pico de la pandemia de COVID-19.
Detrás de las cifras está el Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC), que centraliza los datos delictivos desde 2018 y cuenta con la máxima calificación de calidad de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC). En un país donde las estadísticas suelen ser motivo de disputa, la validación externa ha dado a los números una credibilidad poco común.
Para muchos argentinos, los resultados se sienten tangibles. Menos asesinatos significan menos sillas vacías en las mesas familiares, menos vigilias en las calles de los barrios, menos nombres sumados a la larga lista de muertes evitables. Sin embargo, el significado político de esa calma está lejos de estar resuelto.
Éxito en seguridad en medio de transición política
El anuncio llega en medio de una transición dentro del propio aparato de seguridad. Monteoliva asumió el cargo en diciembre de 2025, reemplazando a Patricia Bullrich, quien había liderado el ministerio desde el inicio del gobierno de Javier Milei en diciembre de 2023, antes de dejar el puesto para asumir una banca en el Senado tras las elecciones parlamentarias de octubre.
Bullrich no es una figura neutral en la política argentina. Defensora histórica de políticas de mano dura, también fue ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri (2015–2019) y se asoció estrechamente con la represión policial durante las protestas sociales de los últimos dos años. Su gestión ayudó a definir el tono del primer tramo del gobierno de Milei: primero el orden, después los costos.
Esa filosofía ahora choca con las estadísticas. Argentina es más segura, según uno de los indicadores más utilizados, incluso cuando su presidente impulsa la reforma penal más dura en décadas.
Leyes más duras para una sociedad más segura
En octubre, Milei anunció planes para reformar el Código Penal, argumentando que se necesitan cambios estructurales más profundos para consolidar los avances en seguridad. “Presentamos estas reformas de tolerancia cero contra la delincuencia. Si logramos aprobar estas reformas, quienes delinquen la van a pagar en serio y los argentinos de bien van a vivir en una sociedad más segura”, afirmó.
Con las elecciones legislativas previstas para el 26 de octubre, Milei presentó la reforma como una línea divisoria electoral, llamando a los legisladores a estar “del lado de las víctimas y no del lado de los delincuentes”, agregó en declaraciones a EFE.
Las propuestas son de amplio alcance. Incluyen el aumento de las penas de prisión para delitos graves, la ampliación de la lista de delitos con prisión obligatoria y la modificación de los plazos de prescripción. Bullrich describió la iniciativa como un “código de tolerancia cero” que eleva las penas en general e incorpora delitos que, en sus palabras, los ciudadanos “sufren a diario”, dijo en ese momento.
Según el plan, las penas por homicidio agravado pasarían de 10 a 30 años, y se introduciría la prisión perpetua para asesinatos cometidos por barras bravas organizadas en lugares concurridos. Portar armas de fuego o armas blancas sería un delito no excarcelable, y se aumentarían las penas para delitos que van desde el robo y el narcotráfico hasta la trata de personas, el crimen organizado, la extorsión, el secuestro, la producción de material de abuso sexual infantil, los secuestros virtuales y el fraude a gran escala.
La reforma también apunta a la corrupción. Las penas se agravarían si el condenado es presidente, vicepresidente, ministro, gobernador, juez o legislador, reflejando el intento de Milei de combinar el discurso de orden con un mensaje antipolítica tradicional.
La cuestión de la edad y los límites del castigo
Quizás la propuesta más polémica es la de bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 13 años. Bullrich defendió la medida argumentando que el crimen organizado utiliza cada vez más a menores. “Hoy vemos cómo los narcos utilizan a ‘soldaditos’… Por eso, estamos planteando la reducción de la edad de imputabilidad a los 13 años”, dijo.
Actualmente, los menores de 16 años no pueden ser procesados penalmente en Argentina, mientras que los de 16 a 18 solo son imputables por delitos con penas superiores a dos años. Bajar ese umbral representaría un cambio profundo en una tradición legal moldeada por normas internacionales de protección de la infancia.
La reforma también propone declarar imprescriptibles ciertos delitos, eliminando los plazos de prescripción para delitos como homicidio agravado, delitos sexuales, trata de personas, terrorismo, narcotráfico y atentados contra el orden democrático.
Quienes apoyan estos cambios sostienen que son necesarios para evitar la impunidad y disuadir los delitos graves. Los críticos, en cambio, señalan que el momento elegido genera dudas. Si Argentina ya es el país más seguro de la región según la tasa de homicidios, ¿por qué endurecer aún más los castigos ahora?
La seguridad como dato y como relato
La respuesta puede estar menos en el delito en sí que en la política. La seguridad en Argentina siempre ha sido más que una política: es un relato. Las tasas de homicidio en baja le dan al gobierno de Milei una poderosa validación de su enfoque, incluso mientras sostiene que solo leyes más duras pueden consolidar esos logros.
Pero los números también complican la historia. La caída sugiere que factores más allá de la reforma punitiva—cambios económicos, demográficos, estrategias policiales e incluso dinámicas regionales—pueden estar influyendo. Estudios académicos en revistas como Crime & Delinquency y The British Journal of Criminology advierten desde hace tiempo que el endurecimiento de las penas, por sí solo, no reduce de manera confiable el delito violento, especialmente sin inversiones paralelas en prevención, educación e inclusión social.
El momento actual de Argentina se encuentra en esa encrucijada. El país puede mostrar 392 vidas salvadas en dos años, como remarcó Monteoliva, mientras debate si la justicia debe actuar más rápido, castigar con mayor dureza y alcanzar a personas más jóvenes.
Para los argentinos de a pie, lo que está en juego es concreto. Menos homicidios significan menos funerales, pero leyes más duras traen sus propios riesgos: cárceles superpobladas, sobrecarga judicial y la posibilidad de que el miedo, más que la evidencia, termine guiando la política.
A medida que se acercan las elecciones de octubre, la baja tasa de homicidios de Argentina se ha convertido tanto en escudo como en arma: prueba de que algo está funcionando y justificación para ir más allá. Si ese equilibrio produce seguridad duradera o nuevas fracturas definirá no solo el próximo período legislativo, sino el contrato social que los argentinos están renegociando en tiempo real.
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