Un nuevo caso de lavado de activos parece surgir en Argentina, lo que abre una discusión sobre si la corrupción en campañas políticas es realmente un delito con consecuencia

En Argentina, la justicia comenzó a investigar a profundidad el financiamiento de las campañas electorales de 2017, luego que el periodista Juan Amorím revelara en el portal El Destape que 467 personas de escasos recursos aparecieron como donantes a campañas del movimiento Cambiemos, del cual hace parte el actual presidente Mauricio Macri. El caso ya ha salpicado a la gobernadora de la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, la pregunta real de la corrupción en campañas políticas es si realmente es un delito con consecuencias.

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María Eugenia Vidal, gobernadora de la provincia de Buenos Aires, fue denunciada por la senadora de la oposición Teresa García, quien la involucra en el reciente caso en el que nombres falsos aparecen como donantes de las campañas. Más aún, en el que el dinero aportado se acerca a los 64 mil dólares, es decir, cerca de un millón 160 mil pesos argentinos. El dinero fue recibido para las campañas de Esteban Bullrich y Graciela Ocaña, quienes para las elecciones encabezaban las listas de candidatos de Cambiemos al Senado y a la Cámara de Diputados respectivamente.

De acuerdo con La Nación de Argentina, las 467 personas que aparecen como donantes al ser consultadas dejaron claro que no están afiliadas a ningún movimiento político. En ese sentido, según la reglamentación de partidos argentina, para que una persona sea afilie a una agrupación política se requieren dos copias de documento de identidad, llenar un formato y firmar dos fichas, una que es para el partido y la otra para el afiliado. En la investigación de El Destape, y con lo expuesto por La Nación, las 467 personas afirmaron ser víctimas de falsificación para inscribirlos. Además, según la investigación, el 100% de los implicados recibió un subsidio social.

¿Cuándo el financiamiento electoral se vuelve lavado de activos?

El abogado peruano Rolando Sousa, quien ha estado al frente del caso Odebrecht en Perú y ha hecho seguimiento al caso en toda Latinoamérica, dialogó con el diario El Correo de Perú acerca del lavado de activos en campañas electorales. Sousa afirmó que “para la conjunción del delito de lavado de activos se necesita de tres requisitos del tipo penal, pero que hacen sumamente difícil que el delito imputado pueda ser probado en juicio”.

Los tres puntos que enumera Sousa son: En primer lugar, determinar el origen de los fondos, en el caso argentino, la investigación tiene que concluir si ese dinero proviene de alguna fuente ilícita. Sousa usa el caso Odebrecht para recordar que el dinero provenía de la caja 2 de la multinacional, por lo cual es difícil determinar si el dinero llegó a la multinacional por carácter ilícito o no; pero, según él, la justicia puede investigar en este caso los manejos de la empresa, lo mismo puede ocurrir en cualquier caso latinoamericano si es de una empresa o consorcio.

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El segundo requisito es que el sujeto pasivo, quien recibe el dinero, carece del conocimiento del origen del dinero. Respecto al caso reciente de argentina, la justicia tiene que evaluar si el partido político y sus fondos de campaña realmente no saben de dónde proviene el dinero. De comprobarse que sí sabían de dónde viene, no se hablaría de lavado de activos, sino de complicidad en la situación. En el caso Odebrecht, hay que resaltar el reconocimiento que ya tenía la multinacional, lo que podía augurar que no había un origen ilícito. Para Sousa, es aquí donde la justicia se va a tardar más para probar la culpabilidad de la multinacional y sus funcionarios.

El último requisito para considerar el lavado de activos como un delito en campañas electorales es determinar la finalidad del dinero, es decir, si realmente se quiere encubrir el dinero ilegal o si el destino verdadero es a gastos de campaña. “La justicia latinoamericana tiene problemas con Odebrecht, precisamente porque se dice que el dinero si iba dirigido a la campaña y no a cubrir ningún ilícito, los vacíos legales han dejado que los dineros sigan entrando al demostrar su finalidad”, aseguró Sousa.

Tanto en el caso Odebrecht como el reciente escándalo en Argentina de las elecciones de 2017, el lavado de activos recorrerá un largo camino en la justicia. Aunque cada país latinoamericano cuenta con una estructura específica en materia penal, el abogado Sousa esboza tres lineamientos básicos. Será ahora deber de cada país evaluar su respectivo caso, pero por el momento, de poder evitar cualquiera de los requisitos expuestos, las campañas argentinas pueden librarse del castigo.

LatinAmerican Post | Carlos Eduardo Gómez Avella

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