Asesinato de líderes sociales en Colombia ¿una problemática invisibilizada?

De enero a marzo de 2023, se registran 23 asesinatos asociados a líderes sociales y defensores de Derechos Humanos en Colombia, según Humans Rights Watch (HRW). El panorama para el arranque del año, marca un desafío en materia de seguridad para el Gobierno. Las alarmas de distintos actores sociales y políticos encienden la necesidad de generar medidas preventivas tangibles y contundentes ante la problemática.

La trayectoria

La inseguridad y los asesinatos asociados a los líderes sociales no se remontan a una problemática del presente año. Según las cifras del diario El País y la Defensoría del Pueblo, el total de líderes sociales asesinados entre 2016 y 2022 es de 1113 casos. La mayoría de víctimas fueron líderes en Juntas de Acción Comunal, indígenas, grupos comunitarios firmantes del Acuerdo de Paz y defensores de Derechos Humanos, entre otras actividades registradas.

Para 2022, se registraron 216 asesinatos de líderes sociales, cifras que elevan a los números que han sido registrados por distintas organizaciones como el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) e Indepaz en años anteriores. De esta forma, el año pasado es uno de los más violentos en la historia del movimiento social en el país. En lo que concierne al impacto y las muertes asociadas a la distribución geográfica del país, estas se pueden relacionar principalmente a los departamentos del Cauca, Nariño, Tolima, Antioquia y Putumayo; zonas que se han caracterizado por tener una gran presencia de grupos armados e ilegales.

Las grandes víctimas sociales de los últimos años han sido también las familias y las poblaciones que han sido vulneradas por la presencia de estos grupos armados. Según El País, a pesar de que las muertes han sido mayoritariamente de activistas, "todos sufren la violencia por igual: líderes juveniles, afros, mujeres, campesinos, indígenas. Nadie que se dedique a defender los derechos humanos en Colombia parece estar a salvo".

Situación actual

El presidente, Gustavo Petro, fue uno de los grandes críticos del pasado Gobierno de Iván Duque en lo que respectaba la implementación de garantías de protección y acciones para detener los asesinatos de líderes sociales y de Derechos Humanos. Ahora, en su propio Gobierno, se han adelantado diálogos de paz con grupos como el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y otros grupos ilegales, con el objetivo de dar continuidad a la intención de disminuir la violencia en el territorio colombiano.

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No obstante, para los primeros cuatro meses de 2023, los hechos de violencia en contra de los líderes sociales parecen no cesar, sino, por el contrario, continúan agravándose. Human Right Watch documentó un total de 55 asesinatos relacionados, de enero a abril. Ante esto, Juan Pappier, Subdirector de la organización para América, menciona que "para frenar esta matazón, Colombia necesita urgentemente reestructurar y fortalecer su sistema de protección de líderes sociales e implementar eficazmente una política de seguridad destinada a proteger a la población”. De igual manera, la organización envió una carta al Gobierno de Petro, en agosto de 2022, con distintas recomendaciones para frenar esta situación crítica para dar una situación de "Paz Total". En dicha carta se destacó la necesidad de "salvaguardar los derechos de las víctimas, evitar desmovilizaciones fraudulentas y escoger con cuáles grupos armados se va a dialogar".

El llamado hacia la implementación de garantías de seguridad también ha sido recalcado por parte de otras organizaciones. Por ejemplo, la Misión para la Verificación de la ONU insiste en la necesidad de estructurar e implementar una hoja de ruta de inmediato para frenar la problemática que ha dejado a los líderes sociales y a los firmantes del Acuerdo de Paz expuestos a la violencia desmesurada.

 "Más allá de los llamados Puestos de Mando Unificado por la Vida (PMUV), que se han instalado en varias partes del país, no hay mucho más que mostrar del plan de emergencia para proteger a los líderes al que se acogió el Gobierno el año pasado" mencionan funcionarios de la ONU. De igual forma, organizaciones como Somos Defensores, enfatizan en la necesidad de adelantar las debidas investigaciones para frenar la impunidad y la violencia, factores que son cruciales al momento de asegurar la no repetición de la violencia y los asesinatos de los líderes.