11 años después de la represión de San Salvador Atenco, el Estado mexicano es juzgado por la CIDH

11 años han pasado sin que la justicia mexicana se haya aplicado a los servidores públicos que reprimieron y violaron, directa e indirectamente, a los pobladores de San Salvador Atenco. La corrupción y protección a servidores públicos generó que un grupo de 11 mujeres llevaran su caso ante la justicia internacional ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

El pasado 16 y 17 de noviembre el Estado mexicano fue citado a juicio por el caso que marcó a un poblado y a toda una nación por la represión y odio contra los pobladores de San Salvador Atenco, quienes defendían su tierra al no querer –como inicio el movimiento de defensa- la construcción de un nuevo aeropuerto y después de una violenta represión por el retiro de diversos vendedores de flores del mercado central. 

Las 11 mujeres relataron ante los jueces de la CIDH las violaciones y torturas que el Estado mexicano infringió contra ellas de manera sistemática con el objetivo, como argumenta Italia Méndez, una de las víctimas, de destruir la lucha social. En un país como México, con altos índices de impunidad y pobreza, la resistencia es sumamente alta pero también reprimida por el Estado.

Las víctimas sostienen que la violencia sistemática tiene diversos patrones en común que muestran cómo las autoridades no actuaron por actuar sino que hubo una premeditación para ejercer violencia sexual y tortura contra los manifestantes. Así lo narran los testimonios de la mayoría de ellas, quienes sostienen que los policías introdujeron sus dedos en su vagina, boca u ano así como tocamientos sexuales. También hubo amenazas especificas, como mencionó Angélica Patricia Torres Linares, otra víctima del pueblo Milpa Alta que se encontraba ahí para recabar información sobre lo acontecido: “ya sabemos dónde vives, te vamos a matar a ti y a tu familia”, dijeron los policías a los detenidos.

Por su parte, la defensa del Estado mexicano, que representa al presidente Enrique Peña Nieto quien autorizó –como él mismo lo ha mencionado- la movilización policiaca en Atenco, ha rechazado las acusaciones de las víctimas. Miguel Ruiz Cabañas Izquierdo, subsecretario para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la Cancillería, mencionó que la CIDH cometió un “error grave” en su informe sobre violaciones a DD.HH. porque los operativos fueron producto de un enfrentamiento entre dos bandos. Los funcionarios también negaron la tortura generalizada y dijeron que el daño a las mujeres ya había sido reparado. 

Sin embargo, las víctimas han rechazado los argumentos de los funcionarios así como los mismos jueces de la CIDH. Las víctimas piden detectar la cadena de mando para esclarecer justicia al caso, porque las mismas autoridades mexicanas las revictimizaron y les dijeron mentirosas, además de que no ha habido ningún funcionario público consignado a nivel estatal y federal por el caso, sino únicamente de rango bajo. Por su parte, el juez colombiano de la CIDH, Humberto Antonio Sierra Porto, dijo que existe impunidad porque ha pasado más de una década sin que se haya obtenido una sentencia condenatoria.

Los jueces solicitaron que en la siguiente etapa del juicio las víctimas deberán enviar los alegatos por escrito e informar por qué consideran que hubo una estrategia de tortura sexual. El Estado debe enviar diversos datos sobre los policías que estuvieron en el operativo así como otros datos. Se podría dar una sentencia para el siguiente año.

Latin American Post | Leonardo Daniel

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