Colombia: ABC de la reforma a la salud de Gustavo Petro

El pasado 13 de febrero, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, en compañía de su vicepresidenta, Francia Márquez, y la ministra de Salud, Carolina Corcho, presentaron oficialmente el documento de la reforma a la salud en ese país. Ese mismo día quedó radicado ante la Cámara de Representantes, con el fin de que sea el Congreso quien apruebe o no la reforma.

Son 180 páginas con 18 capítulos y 152 artículos, los que componen el documento que hoy se ha convertido en tema de discusión en Colombia. Mientras que el oficialismo defiende este cambio como una estrategia con la cual “transformar el sistema para cubrir todo el territorio nacional”, la oposición tilda la reforma como un retroceso en el país.

Pensando en esto, LatinAmerican Post trae un ABC de lo que es la reforma a la salud, a la vista del documento oficial ofrecido por el Gobierno colombiano, y en pro de explicar de forma objetiva algunos de los puntos más álgidos del mismo.

Prevención y predicción desde los territorios

Para comenzar es importante destacar que además de la universalidad que pretende asegurar Gustavo Petro con su reforma, la prevención y predicción son dos términos y prácticas que el Ejecutivo defiende.

“El cambio hacia una salud para la vida propone un sistema preventivo y predictivo. Eso implica garantizar la calidad de vida de los colombianos para cubrir de manera integral todos los factores que influyen en su salud. Desde la satisfacción de sus derechos básicos, pasando por la atención en salud mental, hasta el monitoreo y oportuno diagnóstico de enfermedades”, explica el documento oficial.

Para alcanzar este objetivo, el nuevo sistema de salud se basará en una estrategia territorial más que poblacional, en la que los colombianos recibirán atención médica de acuerdo a la zona geográfica en la que viven.

En ese sentido, los Centros de Atención Primaria (CAP) entran como los protagonistas de esta reforma, ya que se convierten en los principales (y casi únicos) espacios que atenderán la salud de los colombianos.

Según el Gobierno, la función de estos CAP “no será solamente atender a los pacientes, sino organizar el territorio en un promedio de 25 mil personas por cada uno y distribuidos según el lugar de vivienda o trabajo”. Es decir, el sistema cambia en el sentido de que cada ciudadano será inscrito a una única sede en la que será atendido, y la misma quedará en un sitio cercano a su residencia.

Lo que se intenta con esta iniciativa es que los CAP sean responsables de sus respectivos territorios, no solo en atención en los sitios físicos, sino en visitas a las familias cobijadas por su jurisdicción.

“De esta forma, los equipos médicos visitarán de manera permanente, rutinaria y constante a las familias de dicho territorio, estén donde estén, para disminuir las causales de la enfermedad, eliminarla si es posible o atenderla aún en un estado primario en donde todavía sea posible salvar la vida”, añade el Gobierno.

Ahora, esto no quiere decir que las personas no puedan ser atendidas en centros lejanos a sus casas. En caso de ser necesario, el CAP encargado (tras solicitud del paciente) lo remitirá a clínicas, hospitales o centros médicos de mediana y alta complejidad en el que podrá recibir atención especializada. Dichos espacios serán coordinados por las Redes Integrales e Integradas de Servicios de Salud (Riiss).

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¿Y las EPS?

Tal como lo explicó el ministro del Interior, Alfonso Prada, el proyecto de la reforma a la salud no acabará con las Entidades Prestadoras de Salud (EPS), sobre las que gira hoy la atención médica en Colombia, ya que “van a cumplir un papel fundamental. Se necesitan los 30 años de experiencia” que tienen. No obstante, “sí se requieren cambios”.

En ese sentido, el documento del Gobierno informa que, al menos por los primeros años, las EPS pasarán a convertirse en las administradoras de los CAP, manejando los recursos que la ADRES (Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud) como pagador único disponga para cada uno de ellos.

Así, las EPS “con estados financieros óptimos acogerán, de manera progresiva y ordenada, a sus pacientes para que no queden sin cobertura”, mientras que aquellas que se encuentran en liquidación serán eliminadas.

Lo preocupante de esta situación es que, según Corcho, de las 27 EPS activas, tan solo ocho podrían cumplir con los requisitos para ser parte de esta reforma. Cabe indicar que los pacientes de las EPS eliminadas serán enviados, en su mayoría, a la Nueva EPS (con acciones mayoritarias del Estado), por lo que será la entidad la encargada de ofrecer cubrimiento a los territorios hoy abandonados o que correrían ese riesgo con la liquidación de algunas EPS.

Finalmente, el Gobierno indica que tras finalizar la transición, “las EPS que se acondicionen y crean que pueden convivir dentro del nuevo sistema de prevención y atención primaria van a tener todas las posibilidades de desarrollar su objeto social como Instituciones Prestadoras de Salud (IPS) y/o auditoras del cobro al ADRES”. Es decir, pasarán de organizar la salud a ser intermediarias del Estado.

Un sistema mixto

Por último, es importante destacar que, aunque la transición hacia la estatalización de la salud en Colombia parece ser el camino que busca el actual gobierno, aún se conservarán los servicios privados como una alternativa democrática a la libre elección de los colombianos.

“Los planes complementarios, medicina prepagada o pólizas de salud seguirán funcionando con normalidad y no serán afectados por el proyecto”, dicta el Ejecutivo. De esta forma, el gobierno de Gustavo Petro concluye que su reforma tiene en cuenta al sector privado como aliado “en la prestación del servicio, en sus clínicas y hospitales”.