Organizaciones de derechos humanos alertaron sobre la grave situación humanitaria y el desplazamiento de más de 1.500 personas en la zona rural de los municipios de Cáceres e Ituango, en el departamento de Antioquia

Más de 1.500 personas de comunidades indígenas y campesinas se han desplazado masivamente de los municipios de Cáceres e Ituango, en el Bajo Cauca, así lo denunció en una rueda de prensa la organización “Coordinación Colombia Europa Estados Unidos” en su Nodo Antioquia. Sus denuncian se suman a las publicadas hace dos semanas por la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos –OACNUDH- y la Agencia de la ONU para los Refugiados –ACNUR-, quienes informaron que entre el 19 de enero y el 17 de febrero de 2018 al menos 822 personas pertenecientes a pueblos indígenas y comunidades campesinas se han desplazado forzadamente de las veredas Anará, San Francisco y Bejuquillo, zona rural del municipio de Cáceres, Antioquia.

Ante el aumento del número de homicidios, Naciones Unidas sostuvo: “Expresamos nuestra alarma por el incremento en el número de homicidios en el Bajo Cauca, que a la fecha, de acuerdo con cifras oficiales, supera en más del 255% la cifra del mismo periodo del 1 de enero hasta el 14 de febrero del año inmediatamente anterior.” Situación que denuncian nuevamente las organizaciones de derechos humanos con presencia en la región.

Amenazas de grupos armados ilegales

Según documentan las organizaciones en la región “los desplazamientos se han dado a causa de las amenazas y de los enfrentamientos constantes entre las estructuras paramilitares de Las Autodefensas Gaitanistas de Colombia- AGC y Los Caparrapos. En Ituango se registra más de 215 personas desplazadas durante 2017 y lo que va corrido de 2018, y existe una alerta de riesgo por el posible desplazamiento de 338 indígenas, este desarraigo, se debe a las disputas entre las disidencias de las FARC y las AGC.”

La difícil situación de seguridad en el Bajo Cauca antioqueño empeoró a inicios de 2018 cuando un grupo de aproximadamente 30 hombres armados se trasladaron desde la vereda Alto del Tigre hasta un establecimiento en la vereda El Tigre, donde asesinaron a dos personas e hirieron una tercera, como lo consignó el Sistema de Alertas Tempranas (SAT) de la Defensoría del Pueblo en la alerta temprana de inminencia 009 del 22 de enero de 2018.

Un episodio similar se presentó días después cuando un grupo de hombres fuertemente armados y vestidos de camuflado amenazaron a los pobladores: “Es mejor que se vayan porque nos vamos a dar bala con otra gente.”, les dijeron. Tras estos acontecimientos, el 19 de enero más de 400 personas se desplazaron desde las veredas El Tigre, Ponciano, Alto Tamaná, Campanario y El Calvario.

El control territorial

“En la zona del bajo Cauca hay interés de varios grupos: post-desmovilización de los paramilitares, como el Clan del golfo y las Autodefensas Gaitanistas; que están detrás de tomar las rentas ilícitas que existen” afirmó Todd Howland, representante en Colombia de OACNUDH.

Por su parte, Castañeda considera que existen múltiples factores que causan el desplazamiento forzado, entre ellos, destaca los enfrentamientos entre bandas armadas ilegales y su impacto en la situación humanitaria de la población indígena y campesina. También se suman las “violaciones relacionadas con los derechos económicos, sociales y culturales, y afectaciones a principios y prácticas ancestrales de los pueblos indígenas”.

Respuesta estatal insuficiente

En un comunicado conjunto OACNUDH y ACNUR aseguraron que las “medidas adoptadas (por el Estado colombiano) han sido insuficientes para prevenir la ocurrencia de nuevos hechos de violencia”. Razón por la cual urgen al Estado para a crear una estrategia de respuesta integral de prevención, protección y garantías de no repetición para las comunidades del Bajo Cauca, la cual sea sostenible a largo plazo y funcione de manera articulada entre las autoridades locales, departamentales y nacionales.

Por su parte, las organizaciones de derechos humanos que denuncian la situación, le exigieron al Estado colombiano que brinde todas las garantías para proteger a las poblaciones, se avance decididamente en el desmantelamiento de las estructuras paramilitares, se proteja a las y los defensores de derechos humanos y “se investigue y sancione a los agentes del Estado que podrían tener nexos con los paramilitares, así como por conductas que por acción u omisión conlleven a graves violaciones a los derechos humanos”.

Latin American Post | Carolina Garzón Díaz

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