Colombia, en colaboración con una empresa privada, impulsa un proyecto para rescatar y comercializar los restos y la carga del barco español

Como si de una película de piratas se tratara, durante una visita del presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, a Estados Unidos en 2014, un historiador cubano llamado Roger Dooley le entregó al mandatario como regalo un antiguo mapa del Caribe. En este se mostraba el lugar exacto en el que yacían los restos del galeón español San José, un barco hundido a cañonazos en 1708 cerca de Cartagena de Indias por el almirante inglés Charles Wagner. Dicho presente atrajo la atención del Gobierno colombiano, que apoyándose en archivos de Cuba, Jamaica y España, lanzó una expedición que encontró los restos del buque en 2015.

Read in english: Colombia: the million-dollar expedition to reach the San José galleon

Tres años después, un equipo formado por el Ministerio de Cultura, la Dirección General Marítima, la Cancillería, la Presidencia y el Instituto Colombiano de Antropología e Historia (ICANH) tiene preparada la siguiente fase: descender a más de 600 metros de profundidad y extraer todos los restos valiosos del galeón para conservarlos, exponerlos y comercializar algunos de ellos.

Este proyecto es polémico porque Colombia tiene una ley desde 2013 que, entre otros aspectos, le permite usar este tipo de yacimientos con fines lucrativos. Sin embargo, esta ley va en contra de lo que establece la Convención de la UNESCO sobre la Protección del Patrimonio Cultural Subacuático de 2001, de la que el país sudamericano no es firmante. El director del ICANH, Ernesto Montenegro, explicó en conferencia sobre el galeón San José y tesoros submarinos que “no tenemos relación con esta institución (UNESCO) por una serie de temas que ponen en entredicho la soberanía nacional y la autonomía para gestionar los bienes patrimoniales”.

Estar al margen de esta Convención permite a Colombia contratar a un socio inversor que colabore en la expedición. De manera que, para dar con el adecuado el gobierno colombiano ha elaborado un contrato de más de 600 páginas bajo el formato APP (Alianza público-privada) con los requisitos que deberá cumplir el seleccionado a través de concurso público. El primer requerimiento es depositar en un fondo 60 millones de dólares, que es el presupuesto que Colombia estima necesario para asegurar el patrimonio. Con esta cifra se podrá llevar a cabo la expedición, la construcción de un laboratorio para analizar los restos y un museo en Cartagena de Indias para exponer algunas de las piezas rescatadas. A cambio, la empresa elegida recibirá hasta el 50% de lo que el Consejo Nacional de Patrimonio Cultural (CNPC) considere no patrimonial. Pero si el experto encargado de valorar los bienes indica que todo lo analizado es patrimonial la empresa inversora no se llevaría absolutamente nada, un riesgo que se especifica en el contrato.

Para determinar esto, esta institución trabajará de la mano con el ICANH y la Universidad Nacional de Colombia y se tendrán en cuenta cinco variables: representatividad, singularidad, repetición, estado de conservación e importancia científica y cultural. La ley colombiana especifica que no se considera patrimonio “las cargas materiales en su estado bruto, como perlas, corales o piedras preciosas; los bienes muebles seriados que hubieran tenido valor de cambio o fiscal, como monedas y lingotes de oro; y las cargas industriales”.

Expertos en arqueología submarina de la UNESCO, como Auron Tare, criticaron esta manera de proceder por parte de Colombia. “Dispersar una colección de objetos encontrados, y lo que es peor, financiar la expedición mediante la venta del patrimonio destruye las huellas más preciosas del pasado que las aguas de Colombia tienen para ofrecer”, explicó Tare en la misma conferencia sobre el galeón San José y tesoros submarinos.

Salvo sorpresas de última hora parece que la empresa Maritime Archeology Consultants (MAC), creada especialmente por Roger Dooley para la expedición y la cual hasta el momento va ganando el concurso, será la encargada de extraer los restos del galeón del fondo marino. Dooley ha logrado convencer a un grupo de accionistas capaces de invertir 60 millones de dólares. Esto encaja con las pretensiones del Gobierno colombiano que ya confirmó, en cabeza de la cancillería del país, que no se iba a gastar un solo peso de las arcas públicas en este proyecto, por lo que la empresa que lo lleve a cabo deberá aportar todos los medios técnicos y humanos para ejecutarlo.

El plazo para que otras compañías presenten su candidatura expira en pocos días. Después de eso solo quedará esperar para conocer los enigmas que se esconden a 600 metros de profundidad.

Latin American Post | José María González Alonso

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