Colombia: liberación de jóvenes detenidos en protestas 2021 reaviva debate de crisis carcelaria

El pasado 3 de diciembre, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció en un encuentro con las Juntas de Acción Comunal en Pasto que haría realidad una de sus promesas cuando fue elegido como dirigente: la liberación de los jóvenes de la llamada "Primera Línea" que fueron detenidos durante las protestas de 2021. “El derecho a la protesta es un derecho democrático. El derecho a expresarse, a movilizarse, es un derecho democrático. Los gobiernos que ordenan a su policía a matar, encarcelar, torturar y detener jóvenes no son gobiernos democráticos. Y este es el gobierno del cambio”, dijo en medio de su intervención.

El mandatario también aseguró que se liberaría a 230 personas antes de Navidad, además de nombrarlos “gestores de paz”. La noticia ha generado polémica y ha desatado críticas sobre todo desde la derecha colombiana y, por supuesto, volvió a poner sobre la mesa la discusión alrededor de las medidas para controlar el hacinamiento en las cárceles del país.

¿Perdón judicial?

Una de las críticas más recurrentes que ha recibido la medida que está siendo implementada por el actual Gobierno es la del uso indebido del poder para interferir en la rama Judicial. Alfonso Prada, ministro del Interior, y Néstor Osuna, ministro de Justicia, son los encargados de hacer esto realidad. Ante las críticas, Prada aseguró que la medida “no es un proceso ni de amnistía, ni de indulto, ni de perdón judicial”, y que todos los procesos judiciales continuarán con los respectivos jueces hasta que finalice el debido proceso. Asimismo, Prada recalcó que cada caso será revisado detenida e individualmente. 

Tanto Petro como Prada han aclarado que esta medida es transitoria y tiene como fin hacer uso de los líderes juveniles de las protestas para un proceso de justicia que le haga frente a los hechos sucedidos en las protestas del año pasado. Sin embargo, ninguno de los dos ha dado detalle sobre cómo se manejará esta medida a nivel legislativo. 

Esta movida del Gobierno está amparada bajo la Ley 2272 de 2022, que busca definir la política de paz como política de Estado. Al hablar de “gestores de paz” se hace referencia a los voceros, sobre los cuales la ley dice: “Se admitirá como voceros a quienes actúan como integrantes de organizaciones sociales y humanitarias a quienes el Presidente de la República considere puedan aportar al proceso de paz, a la conflictividad social, y se encuentren en privación de libertad”. En ese orden de ideas, los excarcelados tomarían un papel de voceros. Los vacíos legislativos que rodean la Ley, y en sí a el procedimiento que busca hacer Petro, no han definido cuáles serían las condiciones, en qué situación o escenario cumplirían su deber de voceros y cómo se llevaría un proceso de vocero a la par de un proceso judicial. 

Ante este escenario cabe la pena preguntarse si el Gobierno de Petro toma esta decisión con afán y pasando por encima de la rama Judicial conducida por la presión que ha recibido de sus votantes de cumplir sus promesas de campaña, o si la decisión sí puede traer un beneficio en los procesos de paz que el mandatario está construyendo. 

En contraposición, esta medida es histórica, porque está mostrando a un Estado que da libertad a personas presas durante el anterior gobierno. Las fichas que mueve Petro pueden parecer peligrosas, pero también son certeras a la hora de definirlo como un dirigente que poco a poco cumple con las promesas que lo llevaron a la presidencia. 

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¿Una solución temporal a la crisis de hacinamiento carcelario?

El hacinamiento carcelario en Colombia ascendió a 20.9% a inicios de noviembre y actualmente amenaza con ser una problemática que estalle en las manos del Gobierno de Petro de no controlarse a tiempo. Ya en ocasiones anteriores, el mandatario mencionó como solución al problema un proyecto de ley que ofrezca penas alternativas a los reclusos que estén condenados por delitos que no sean de “mayor gravedad”. 

Excarcelar a los jóvenes detenidos de la Primera Línea hace parte en cierta medida de esta necesidad por buscar y encontrar soluciones veloces a esta problemática que pone en evidencia la falta de garantías en derechos humanos a los presos y, por supuesto, a una crisis en materia económica. Se calcula que tan solo un preso puede llegar a costar al Estado 31,1 millones de pesos al año. 

Dar la libertad a 230 personas que contaban con prisión preventiva mientras se les resuelve su situación jurídica no va a solucionar de ninguna manera esta crisis, sobre todo teniendo en cuenta los vacíos legales que rodean la situación. Pero esto parece ser el inicio de lo que se espera sea un proyecto de ley concreto para calmar la crisis de hacinamiento. Desde el Ministerio de Justicia se espera que dicho proyecto sea presentado al Senado y Cámara en marzo del próximo año.