Un decreto del presidente de Colombia, Iván Duque, revivió el debate sobre el uso de la dosis mínima de droga

Un mes después de haberse posesionado como presidente de Colombia, Iván Duque ha generado un intenso debate en el país como consecuencia de un decreto mediante el cual faculta a los miembros de la Policía Nacional para que incauten cualquier tipo de dosis mínima en las calles. Esto con el fin de combatir el microtráfico, prevenir el consumo y mejorar la percepción de seguridad de la ciudadanía.

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No obstante, más allá del apoyo de un sector de la población a esta medida, el rechazo ha sido mayoritario. Tanto así que desde analistas y académicos expertos en el tema, hasta movimientos de ciudadanos, han cuestionado y puesto en duda la efectividad del decreto de Duque; además de sugerir la posibilidad de que con este se agudice la problemática ya existente con respecto al microtráfico e incluso se lleguen a cometer abusos por parte de los miembros de la policía, así como a estigmatizar y perseguir a los consumidores.

¿Por qué se cuestiona la medida de Iván Duque contra la dosis mínima?

"Incautar, castigar, retener, eso es una acción de un Estado mediocre que no ha podido educar a sus ciudadanos y entonces tiene que castigarlos. Vamos a poner a la Policía a que persiga universitarios, estudiantes y niños que consumen droga de forma recreativa, cuando debería estar persiguiendo realmente ladrones, asesinos y narcotraficantes", aseguró Julián Quintero, sociólogo y experto en políticas de drogas, e investigador de Échele Cabeza, programa de prevención del consumo de drogas, en entrevista con Semana.

Quintero señaló que la incautación de la dosis mínima puede ser una solución momentánea, pero que esta es fácilmente reversible con una demanda, debido a que constitucionalmente se ampara la dosis mínima. Igualmente, el experto sostiene que desde Échele Cabeza no se habla de la legalización del consumo, sino de la regulación de los mercados ilegales de la droga.

"Eso quiere decir que el Estado se apropia del negocio y lo regula de manera fuerte, así como lo hace con el cigarrillo, el alcohol y la morfina. El mundo camina hacia ese rumbo", dijo.

Por otra parte, en un artículo titulado "Si prohibir la dosis personal no es la solución, ¿cuáles son las opciones?", publicado en el portal Razón Pública y realizado por María Victoria Llorente, Juan Carlos Garzón y Julián Wilches, directora ejecutiva e investigadores, respectivamente, de la Fundación Ideas para la Paz, también se analiza y se cuestiona el decreto de Duque.

En primer lugar, los investigadores manifiestan que la oposición a la dosis mínima se basa en una creencia extendida entre la ciudadanía sobre la estrecha relación entre las drogas y los delitos, y en la eficacia de las leyes estrictas para reducir el consumo y la distribución de esas drogas.

Los investigadores también explican que hay quienes sostienen que la eliminación de la dosis mínima sería perjudicial para los usuarios de drogas, violaría sus derechos constitucionales e implicaría un uso inapropiado del derecho penal. Además, sostienen que hay dudas fundadas de que el endurecimiento indiscriminado de las medidas vaya a tener un impacto en el mercado ilegal de drogas. 

A cambio de eso, los investigadores proponen orientar las estrategias de seguridad ciudadana hacia la prevención, persecución y judicialización de los delitos graves y de alto impacto, concentrándose en combatir las organizaciones criminales que más afectan el orden social, en vez de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico.

Si bien es cierto que el presidente Duque ha insistido en varias ocasiones que con la incautación de la dosis mínima no se va a criminalizar al consumidor, ni se le va a perseguir, la discusión vuelve al mismo punto: cuestionar su efectividad, considerando que, aunque se incauten esas dosis a los consumidores, la estructura del narcotráfico y el negocio no se debilitarán.

"Estas medidas son ineficientes para combatir a los grandes grupos del narcotráfico y para reducir los daños asociados a estos. Duque tiene que entender lo que ya demostró la experiencia de América Latina y el mundo: para golpear al narcotráfico es inútil centrar los recursos del Estado en perseguir a los consumidores recreativos. Con esta decisión, el gobierno solo seguirá inflando las estadísticas de la guerra contra las drogas, que ya son altas", concluyó el periodista Jorge Eduardo Espinosa en The New York Times.

LatinAmerican Post | Samuel Augusto Gallego Suárez

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