Un año después de la firma se estima que la implementación de los acuerdos avanza, aunque no con la celeridad esperada

Ya se cumplió un año de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el Gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) lo que puso fin a la guerra más larga del continente americano con 53 años de duración.

El fin del conflicto

Recientemente, el Instituto Kroc de Estudios Internacionales de Paz de la Universidad de Notre Dame, publicó el Informe sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia. 

Según el informe es evidente que el cese de la violencia y la dejación de armas ha construido uno de los fundamentos centrales para la implementación del Acuerdo. Las cifras más relevantes es que fueron acreditados por el Gobierno cerca de 12.000 integrantes de las FARC, que se entregaron 7200 armas de acompañamiento y 8.994 se descubrieron en caletas. 

Además, la Organización de las Naciones Unidas entregó al Gobierno uno 69 mil kilos de material, resultado de la destrucción de armas y según esta entidad se pudo prevenir la muerte de más de 2.700 personas en un periodo de 15 meses. 

Sin embargo, el informe del Instituto Kroc indica que se necesita avanzar en medidas de seguridad y protección para los excombatientes de las FARC, los defensores de DDHH y las comunidades en los territorios, con especial atención a aquellos que han asumido roles de liderazgo en la implementación del Acuerdo. 

Campaña electoral 2018: un reto nacional

Sin duda, otro de los retos que tendrá que sopesar la implementación de los acuerdos es la carrera que recién inicia, para alcanzar la presidencia en el 2018 y que dejan entre ver el talante de campañas agresivas, mucho más después, de que el Consejo Nacional Electoral reconociera la personería jurídica como partido político a las FARC, ahora Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común y el líder del grupo exguerrillero, Rodrigo Londoño, (Timochenko) anunciara su candidatura a la presidencia junto a su fórmula vicepresidencial Imelda Daza. 

Las FARC, también anunciaron que Iván Márquez, jefe negociador de la ex-guerrilla en el proceso de paz, y Jesús Santrich, encabezarían la lista que proponen para el Senado y la Cámara de Representantes respectivamente. 

En ese sentido, el informe indica que se necesita con urgencia, tramitar las prioridades de implementación normativa, legislativa y administrativa pendientes que son necesarias para sustentar algunos de los principales instrumentos requeridos por el Acuerdo. “Sin la aprobación de estas normas se pone en riesgo la seguridad jurídica del proceso de implementación y varias de las áreas realmente importantes para la sostenibilidad de la paz que podrían colapsar por “efecto cascada negativa”, se menciona en el informe del instituto Krok. 

Sobre este aspecto, la Cámara de Representantes llevó a cabo la discusión y aprobación en su último debate de la ley Estatutaria de la Justicia Especial para la Paz (JEP) que tuvo un largo y dispendioso trámite en el Senado.

Aunque se espera que la JEP se encargará, únicamente durante 15 años, de juzgar a exguerrilleros que hayan firmado un Acuerdo con el Gobierno, agentes de Estado y particulares con participación directa o indirecta en el conflicto armado, ha recibido fuertes críticas por considerar que quienes han incumplido la ley serán cubiertos por beneficios ante crímenes de lesa humanidad y puestos al mismo nivel de miembros de la Fuerza Pública y otros agentes estatales. 

¿Un vaso medio lleno o medio vacío?

Según el Informe del instituto Krok sobre el estado efectivo de implementación del Acuerdo de Paz en Colombia existen dos perspectivas que hablan de la mitad de un camino largo y dispendioso, “las lecturas que se hacen en Colombia sobre el avance del proceso tienden a mostrar el vaso medio vacío. Una lectura comparada muestra un vaso medio lleno. Probablemente ambas permiten observar las dos caras de una misma moneda de un país que sale de más de 50 años de conflicto armado”.

Latin American Post | Yulieth Mora

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