En Bangladesh, el gobierno cortó el internet para tratar de mermar las protestas estudiantiles: ¿qué países latinoamericanos han tomado la misma medida?

Desde el pasado 29 de julio, miles de estudiantes en Daca, capital de Bangladesh, salen a protestar por la muerte de dos de sus compañeros. Abdul Karim Rajib de 18 años y Khanam Mim de 17, fueron atropellados por buses de servicio público cuando éstos realizaban carreras para ver quién podía recoger más pasajeros. Ante eso, el gobierno está considerando darles una sentencia de por vida. Pareciese que el infortunado accidente fuera la gota que llenó el vaso, pues según el medio Global Voices “todos los años, alrededor de 12.000 personas pierden la vida en accidentes de carreteras de Bangladesh”.  Cabe resaltar que las leyes de tránsito en ese país son conocidas por ser fáciles de infringir y por su falta de control.

La red social WhatsApp fue la fuente para compartir imágenes y videos de lo que ocurría en las calles, pues el gobierno de Bangladesh pidió a los periodistas no hacer preguntas de lo ocurrido a los policías. Sin embargo, la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones decretó que, durante 24 horas, la velocidad del internet disminuyera para así impedir el paso de archivos multimedia por medio de redes sociales. “El regulador de telecomunicaciones nos ha ordenado bajar la velocidad durante las próximas 24 horas y luego evaluarán la situación y nos darán nuevas directivas", afirmó un ejecutivo que pidió el anonimato al diario The Daily Star.

La medida implantada por el gobierno se usó para tratar de frenar el envío masivo de fotografías y videos. Frente a esto, las personas que estaban reportando en vivo los hechos, fueron detenidos por la polícia. Tal es el caso del fotógrafo y activista Shahidul Alam, quien reportaba y analizaba lo que sucedía por medio de sus cuentas de Facebook y Twitter. Ante eso el 5 de agosto fue detenido por las autoridades, y, si bien no se sabe el motivo real por lo que se le detuvo, la policía lo acusó ante la Ley de Información, Comunicación, y Tecnología de Bangladesh de 2013. Esta ley se usa para restringir la libertad de prensa y expresión ante periodistas y activistas en línea.

Otra medida para controlar el internet en Venezuela

Bangladesh no es el primer país que recurre a restringir el internet para tratar de mitigar las protestas o críticas a los gobiernos. En el caso venezolano, la restricción del internet parece ser más evidente en medios independientes como el Pitazo, que según Global Voices, “El sitio ya no es accesible desde las principales redes de proveedores de servicios de internet de Venezuela, y sus dueños no recibieron notificación alguna del bloqueo de los reguladores de telecomunicaciones. En oportunidades anteriores, el sitio creó numerosos dominios alternativos, pero todos fueron bloqueados también”.

Además del portal web el Pitazo, medios como la Patilla, El Nacional, Tal Cual, y RunRunes, también han sido perjudicados por el control y los filtros que el gobierno realiza. Frente a esto el abogado venezolano Jesús Ollarves Irazábal escribe para la Patilla que “estas medidas de filtrado o bloqueo deben diseñarse y aplicarse de modo tal que impacten, exclusivamente, el contenido reputado ilegítimo, sin afectar otros contenidos; de lo contrario, constituyen una restricción ilegítima a libertad de expresión”. Además de lo descrito por Ollarves, la velocidad del internet podría contribuir al problema pues Venezuela se encuentra en el último puesto de países latinoamericanos con velocidad de banda ancha fija con una velocidad de 3.53 Mbp, según lo informa Infobae.

Por otro lado, el navegador de internet Tor fue bloqueado por el gobierno venezolano. Tor es conocido “por ser uno de los navegadores empleados para saltarse bloqueos estatales de Internet en países con regímenes autoritarios” según información de El Mundo. Los venezolanos suelen utilizar este navegador para poder acceder a páginas que han sido bloqueadas en el país.

El caso de Nicaragua

En marzo de este año la Asamblea Nacional sandinista propuso una serie de reformas para controlar la información que circula en redes. Según el medio La Prensa se pretendía que los medios de comunicación “no publiquen denuncias que los usuarios hagan en las redes sociales, cuando esas informaciones contradigan el modelo de familia y de seguridad del país que conceptualiza el Gobierno”.

Si bien la medida no tuvo mucha receptiva, con las protestas de abril frente a las reformas pensionales, las redes sociales fueron la solución a la censura que los medios de comunicación de ese país tienen. Para el ex embajador de Nicaragua en Colombia, Edgar Genie en entrevista con El Mundo, “las redes sociales han jugado un papel importante y han hecho que la gente esté informada. Son tan efectivas que aquí se convoca una marcha y en dos, tres horas, las calles se llenan de gente.”

Frente a esto, el bloguero Cristhian Alvarenga escribe para Onda Local que Leyes como la que está proponiendo Ortega, afectan la libertad de expresión y de información en Internet, al permitir la censura gubernamental y por concesionarios, limita la neutralidad de la red, posibilita a las autoridades ordenar bloqueo de servicios de telecomunicaciones en áreas determinadas con supuestos tan vagos como “lugares críticos para la seguridad pública”.

LatinAmerican Post | Laura Viviana Guevara Muñoz

Copy edited by Laura Rocha Rueda