Coronavirus: estado de emergencia en América Latina

El Covid-19 llegó a América Latina al menos tres meses más tarde de que el brote comenzara en China, por lo que lo mandatarios tuvieron un tiempo extra para empezar a planificar el paso a paso de lo que serían los próximos días. 

A pesar de esto, el tiempo no fue suficiente y las medidas han quedado eclipsadas por la velocidad en la que parecen incrementar los casos de Coronavirus en la región. Por ello, algunos países han decidido cerrar sus fronteras, impedir la llegada de vuelos internacionales, declarar cuarentena y toques de queda. 

Adicional a éstas, los mandatarios de Perú, Brasil, Chile, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador, entre otros de la región, decidieron decretar estado de emergencia para combatir la situación sanitaria. Este estado, también de ‘excepción’ o de ‘catástrofe’ puede durar entre 30 y 90 días y otorga las facultades al presidente de la Nación de decretar las leyes necesarias durante esos días. 

En general en las Constituciones de los países, el estado de emergencia se decreta con la intención de evitar daños económicos, sociales o ecológicos ante una situación de gran magnitud (distintos, por lo general, a conmociones internas o guerras, pues la mayoría de Constituciones tienen distintos artículos para estos casos), lo que incluye la actual emergencia sanitaria. Aunque cambia puntualmente en cada país, en general afirma que en esos casos “podrá el presidente, con la firma de todos los ministros, declarar el estado de emergencia por períodos hasta de treinta días en cada caso, que sumados no podrán exceder de noventa días en el año calendario” (Artículo 215 de la Constitución colombiana).

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Esta medida, por tanto, otorga al presidente y a su gabinete un alto poder legislativo durante la emergencia, pues éste puede hacer leyes instantáneas sin la necesidad de pasar por el órgano legislativo. De ahí, para muchos surge la preocupación que los mandatarios utilicen este estado de emergencia para pasar otras leyes que tengan “en el bolsillo” y queden automáticamente aprobadas. Esto está prohibido en las Constituciones pues se afirma que las leyes que se pasen durante el período deben estar estrechamente ligadas con la emergencia. Sin embargo, algunos temes porque se disfracen algunas leyes de interés particular del administrativo para pasarlas como medidas ante la crisis.

En medio de la emergencia del Covid-19, los presidentes de la región podrían, además de declarar de manera obligatoria toques de queda, cierres de fronteras y cuarentenas, que son las medidas básicas que han tomado ya la mayoría de países, decretar tributos o aliviar cargas económicas a las empresas que se están viendo afectadas por el brote, entre otras cosas. A pesar de ser un proceso distinto y que otorga facultades a los mandatarios, los decretos deben pasar antes por la revisión de las Cortes Constitucionales para que éstos vayan alineados con las Constituciones de cada país.

Los estados de emergencia, excepción o catástrofe en este caso del virus también buscan suavizar los impactos en hospitales y en el sector de la salud. Se puede también limitar ciertos derechos constitucionales como el del libre tránsito y evitar que entren más personas al país.

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Estas decisiones serían solo transitorias durante los 30 a 90 días que dure el estado de emergencia. Después de eso, el órgano legislativo es el encargado de revisar las decisiones del presidente durante esos días.

Los gobiernos han afirmado estar en constante reunión del gabinete total o parcial para ir determinando las acciones necesarias para contener la crisis en todos los ámbitos. Las principales decisiones con esta declaración han sido impedir la llegada de vuelos, impedir el tránsito en las calles de la ciudad, posponer eventos, cerrar restaurantes y demás lugares de ocio, hacer jornadas extensas de limpieza en el transporte público para quienes deben seguir acudiendo a sus trabajos y poner multas y sanciones a quienes incumplan las medidas de aislamiento, entre otras acciones que cambian en cada país.