Los regímenes autoritarios en Latinoamérica no sólo han vulnerado la democracia en la región, sino que han normalizado prácticas como las ejecuciones extrajudiciales

Que en un mismo día la Organización de los Estados Americanos (OEA) y Amnistía Internacional (AI) hayan presentado informes sobre crímenes de lesa humanidad, como las ejecuciones extrajudiciales, en países como Venezuela y Nicaragua no es una simple coincidencia, sino la demostración de la grave situación de los derechos humanos y la degradación de los regímenes que gobiernan en estos dos países.

Read in english: Extrajudicial executions: a practice that takes strength in Latin America

Lo denunciado por ambas organizaciones se asemeja y recuerda casos de países como Colombia y México, en donde también han ocurrido ejecuciones extrajudiciales por parte de agentes estatales quienes, para demostrar su capacidad de poder eliminar y perseguir a sus opositores o simplemente demostrar que estaban ganando una confrontación armada, terminaron asesinando a civiles indefensos.

Son bien conocidos por la comunidad internacional los hechos ocurridos en Colombia entre los años 2002 y 2010, con las ejecuciones extrajudiciales realizadas por miembros del Ejército Nacional, lo que la opinión pública conoció como falsos positivos. Estos falsos positivos consistían en el asesinato de jóvenes que posteriormente eran presentados por las tropas como guerrilleros muertos en combate.

En un reciente artículo publicado por el diario británico The Guardian se hace referencia al libro titulado: Ejecuciones extrajudiciales en Colombia, 2002 – 2010, en el que sus autores, Omar Rojas Bolaños y Fabián Leonardo Benavides, describen cómo de forma sistemática el Ejército de Colombia asesinó aproximadamente 10.000 civiles, todos ellos jóvenes socioeconómicamente vulnerables.

Respecto a México, el pasado mes de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó una audiencia sobre el Caso Alvarado Espinoza y otros. Este caso hace referencia a la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, José Ángel Alvarado Herrera y Rocío Irene Alvarado por parte del Ejército de ese país en el año 2009, dentro del denominado Operativo Conjunto Chihuahua, que continúa en la impunidad.   

Las ejecuciones extrajudiciales documentadas en Venezuela desde 2014

El pasado 29 de mayo la Secretaría General de la OEA presentó un informe realizado en conjunto con un panel de expertos internacionales independientes, en el que se analizó la posible comisión de crímenes de lesa humanidad en Venezuela durante el régimen de Nicolás Maduro.

El panel de expertos designado por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro, concluyó que existe fundamento suficiente para considerar que se han cometido crímenes de lesa humanidad en Venezuela, los cuales se remontan por lo menos al 12 de febrero de 2014.

Entre sus conclusiones, el informe destaca que se identificaron 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas realizadas en 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los denominados Colectivos. Igualmente, identifica otras 8292 ejecuciones extrajudiciales documentadas desde el año 2015.

Nicaragua, los abusos del régimen de Daniel Ortega

Por otra parte, en su informe titulado: “Disparar a matar: Estrategias de represión de la protesta en Nicaragua”, Amnistía Internacional denunció que las autoridades nicaragüenses han desatado una estrategia de letal represión contra los manifestantes que desde el pasado 18 de abril protestan en contra del régimen de Daniel Ortega. Según Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional, la estrategia se ha caracterizado por el uso excesivo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales, control de los medios de comunicación y el uso de grupos parapoliciales (o Turbas sandinistas) para sofocar las protestas en las que han muerto por lo menos 81 personas.

En ese sentido, Amnistía Internacional destaca que para concluir que se han cometido múltiples ejecuciones extrajudiciales, se tuvieron en cuenta indicios como:

• El uso de armas letales por parte de la policía
• Heridas con arma de fuego
• Concentración de heridas de bala en la cabeza, cuello y pecho de las personas asesinadas
• Intentos de obstaculizar la justicia y encubrir la naturaleza de los hechos

Las protestas en Nicaragua son lideradas en su mayoría por jóvenes y estudiantes universitarios que se oponen, en principio a la reforma pensional que quiso impulsar Daniel Ortega, y en general al régimen instaurado en ese país.

“El gobierno del presidente Ortega debe permitir la creación de una comisión internacional que lleve a cabo una investigación inmediata, imparcial y efectiva, y, si procede, formular cargos contra las personas sospechosas de cometer y ordenar ejecuciones extrajudiciales o uso excesivo de la fuerza, así como otras violaciones graves de derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, aseguró Guevara Rosas.

La comisión de ejecuciones extrajudiciales atenta contra la ya debilitada democracia latinoamericana, los derechos humanos y las libertades civiles.

Latin American Post | Samuel Augusto Gallego Suárez

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