El espejo sangriento de Brasil: el PCC, el CV y una guerra que el Estado sigue perdiendo
Después de una operación en una favela de Río que dejó entre 121 y 132 presuntos criminales muertos, Brasil se ha visto obligado a mirarse en un espejo que evitó durante mucho tiempo. El reflejo es sombrío: el Primeiro Comando da Capital (PCC) y el Comando Vermelho (CV) ya no operan como pandillas callejeras, sino como multinacionales del crimen, exportando violencia, lavando ganancias y gobernando barrios donde el Estado solo aparece con chalecos antibalas. El asedio puede haber terminado, pero lo que reveló sigue ardiendo: un país donde el tiroteo se ha convertido en política y la política ha olvidado su propósito.
Dos siglas, un espejo incómodo
El inframundo brasileño habla en siglas. PCC y CV—nacidos tras las rejas—ahora marcan el ritmo de la violencia desde São Paulo hasta el delta del Amazonas. La reciente masacre en un complejo de favelas de Río no debilitó sus imperios; expuso la ilusión de que el número de cuerpos equivale a estrategia.
El Foro Brasileño de Seguridad Pública contabiliza ochenta y ocho facciones criminales en todo el país. Dentro de ese caos, dos se elevan por encima del resto—PCC y CV—controlando rutas de drogas, mercados negros y una fuerza laboral de desesperanza. “El crimen organizado se ha desarrollado significativamente y es el principal desafío de seguridad en Brasil. El PCC y el CV están presentes en casi todo el país,” dijo David Marques, coordinador del Foro, en declaraciones a EFE.
El ascenso del PCC se lee como la biografía de un sistema penitenciario fallido. Fue fundado en 1993 dentro de una penitenciaría de São Paulo—inicialmente como un sindicato de presos que luchaban contra las condiciones inhumanas. En pocos años, se convirtió en una burocracia de supervivencia, con estatutos internos y una cadena de mando. Treinta años después, los fiscales lo describen como una corporación transnacional del crimen, con operaciones que se extienden a Paraguay y Bolivia y un estimado de 30.000 a 40.000 miembros dentro de Brasil. Su líder, Marcos Willians Herbas Camacho—“Marcola”—sigue tras las rejas en una prisión de máxima seguridad, pero sus órdenes circulan libremente a través de una red de comunicación que el Estado aún no ha logrado descifrar.
Cuando una facción nacida en prisión se convierte en un conglomerado continental, el problema no es solo el crimen—es la gobernanza.
La franquicia que se expande por el Amazonas
Las raíces del CV se remontan a la década de 1970, cuando los presos de las cárceles de Río fusionaron ideales políticos con la rebelión bandolera bajo la dictadura. Con el tiempo, el Comando Vermelho evolucionó en una franquicia descentralizada: cada célula, una sucursal local del terror, conectada por ideología, grafitis y ganancias compartidas.
A diferencia de la jerarquía rígida del PCC, el CV es poroso—una marea roja de jefes de barrio y microfeudos. Prosperan donde las instituciones son más débiles. Desde 2017, su influencia ha crecido en el Amazonas y el empobrecido nordeste, tallando corredores de drogas y armas en territorios que el gobierno apenas logra mapear.
En Belém, sede de la próxima cumbre climática COP30, la presencia del CV es visible en cada poste de luz—letras rojas pintadas en los muros que anuncian reglas de conducta: “Prohibido robar en la comunidad.” No es benevolencia; es marca registrada. Detrás de los lemas hay rifles, redes de extorsión y “tribunales” locales que resuelven disputas más rápido que el poder judicial.
Como dijo Marques a EFE, “La capacidad del CV de adaptarse a cada barrio es lo que lo hace tan peligroso.” Tiene razón. Una pandilla que aprende el lenguaje de una ciudad antes que su policía no solo sobrevive; gobierna.
Y, sin embargo, la respuesta del Estado sigue siendo dolorosamente predecible: operaciones, redadas, funerales, silencio. Cada asalto puede recuperar una calle, pero el modelo de negocio permanece intacto. En Río, las pandillas monopolizan lo esencial—gas, internet, cable, transporte. En el Amazonas, controlan las cadenas de suministro más rápido de lo que el Estado puede emitir órdenes judiciales. La lógica de “disparar, informar, repetir” no solo ha fracasado: ha industrializado la inutilidad.
Cárceles, pobreza y el interminable canal de reclutamiento
Para entender cómo estas bandas se regeneran, basta entrar en cualquier prisión brasileña. Setecientos cinco mil reclusos ocupan espacio construido para la mitad de ese número. Hacinadas, mal alimentadas y brutales, estas instalaciones son menos centros de corrección que centros de reclutamiento. Los nuevos detenidos son clasificados por afiliación de pandilla para sobrevivir; negar la afiliación puede significar la muerte.
Dentro, los jefes emiten órdenes a través de abogados, redes familiares o teléfonos de contrabando. Los muros de concreto no detienen las órdenes—las distribuyen.
Cada celda abarrotada es una lección de abandono estatal. No es casualidad que tanto el PCC como el CV surgieran dentro del mismo colapso carcelario. Cuando el encarcelamiento se convierte en el sistema de bienestar del pobre y las redadas policiales sustituyen la política social, las pandillas se convierten en lo más parecido a un gobierno que muchos brasileños conocen.
Nada de esto excusa su crueldad. Pero explica por qué los tiroteos no pueden vencer a la pobreza. En favelas y pueblos rurales por igual, los residentes enfrentan una elección brutal: el extorsionista que mantiene las luces encendidas o el gobierno que llega solo en camiones blindados y desaparece al anochecer.
Si Brasil quiere dejar de enterrar a los mismos adolescentes año tras año, debe romper la cadena de reclutamiento: educación, clínicas, empleos y un sistema judicial que trate la prisión preventiva como último recurso, no como reflejo. Vaciar las cárceles de delincuentes menores debilitaría la fuerza laboral de los cárteles.
Seguir el dinero, no solo las armas
Los hombres con fusiles son reemplazables. Los hombres con hojas de cálculo, no. El presidente Luiz Inácio Lula da Silva llama al PCC y al CV “multinacionales del crimen,” y la evidencia lo respalda. Los investigadores han descubierto redes de lavado ocultas en empresas de autobuses, moteles, gasolineras, bienes raíces e incluso startups fintech. Un informe policial detalló un grupo que lavaba ganancias a través de una cadena de tiendas de peluches, una grotesca metáfora de las borrosas líneas entre legalidad y crimen en Brasil.
Las operaciones del CV son más burdas pero igualmente lucrativas. Gravan todo lo que se mueve en su territorio—el comercio, los servicios, incluso los hoteles por horas—convirtiendo el control en ingreso perpetuo. “No buscan tomar el poder ni lanzar revoluciones,” dijo el sociólogo Ignacio Cano, de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, a EFE. “Buscan ganancias, y las logran corrompiendo al Estado.”
Si el objetivo es desmantelar estos imperios, el Estado debe seguir a los contadores, no solo a los pistoleros—auditar contratos municipales, rastrear flujos fintech sospechosos, apuntar a los abogados y banqueros que lavan el dinero ensangrentado en carteras legítimas. Combinar cada redada policial con investigaciones financieras—y cuando los disparos cesen, llenar el vacío con vida civil.
Eso significa trabajadores sociales, maestros, inspectores fiscales, oficiales de microcrédito y defensores públicos caminando por las mismas calles donde antes operaban los comandos. La seguridad comienza cuando regresa la normalidad.
El dilema de Brasil ya no es quién controla las calles, sino quién define el orden. El PCC y el CV no colapsarán bajo el peso de otra operación. Caerán solo cuando el Estado aprenda a actuar con la misma paciencia y estructura que sus enemigos han perfeccionado durante décadas.
La masacre de Río no fue una victoria: fue déjà vu. La verdadera prueba comienza el día después de la redada, cuando los camiones blindados se van y el extorsionista vuelve a llamar a la puerta. Solo entonces decidirá Brasil si pretende gobernar sus barrios o simplemente vengarlos.
