¿El Estado colombiano cumple con el acuerdo de paz?

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El sábado 12 de enero, Iván Márquez, ex jefe de las Farc, envió un video criticando al Estado colombiano por incumplimientos del acuerdo de paz

En el video, dirigido especialmente a la XXIV Conferencia Internacional Rosa Luxemburg, además de hablar sobre Colombia, agradece a Cuba y su revolución, y pide que no se deje sola a Venezuela, que está sufriendo “un ataque brutal de la derecha latinoamericana confabulada por el Gobierno de Washington”.

Read in english: Does the Colombian State comply with the Peace Agreement?

En cuanto al acuerdo de paz, empezó calificando el panorama del post acuerdo como “desalentador”. En el video de 12 minutos habla de incumplimiento en temas como la participación política, reparación de víctimas, la "destrucción" de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y la inseguridad jurídica, entre otros. También habló de injusticias en algunos de sus presos como 400 guerrilleros que, a pesar de manifestar el acogimiento a la JEP, siguen presos, como Simón Trinidad y Jesús Santrich.

Iván Márquez, de quien no se sabe el paradero desde agosto de 2018, ha sido un gran detractor del post-acuerdo, junto a alias El Paisa y alias Romaña.

Respuestas del Gobierno

A raíz del video, el presidente Iván Duque manifestó en una entrevista con la emisora Oye Cali, la necesidad de que Iván Márquez se presente en la JEP personalmente, en vez de aparecer por medio de videos o cartas. Dijo también: “Me parece grave que haya personas que han ejercido ese rol de ser cabecillas de esa organización y que estén instando generar esa fractura y buscando llevar al país a nuevos brotes de violencia”.

De igual forma, Emilio Archila, consejero presidencial para el posconflicto, afirmó que lo que dijo Márquez en el video no es verdad, pues el Estado sí ha cumplido con lo pactado en el acuerdo: “lo que está haciendo no tiene justificación y la invitación implícita a las armas es incendiaria e irresponsable”, afirmó Archila.

Además, Archila dice que, al estar Márquez “incitando al levantamiento de armas”, es necesario que la JEP inicie un proceso en su contra por incumplimiento del acuerdo. De ser así, se podría determinar que fuera expulsado de la JEP, es decir, que no fuera juzgado por la justicia transicional, que se enfoca en la reparación, y lo fuera por la justicia ordinaria.

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Lo que dijo Iván Márquez

Las afirmaciones dichas en el video, según Emilio Archila, son inciertas, impuntuales y las catalogó como “argumentos peregrinos”.

A continuación, LatinAmerican Post presenta las principales afirmaciones que hizo Iván Márquez, en contraste con lo que está sucediendo con la implementación del acuerdo.

1. Los excombatientes asesinados

Iván Márquez afirmó que el Estado no está protegiendo a los actores del conflicto, por lo que 400 líderes sociales y 85 excombatientes han sido asesinados desde la firma del acuerdo.“El acuerdo perseguía alejar las armas de la política, pero estas siguen siendo utilizadas para el exterminio físico de los opositores políticos”, dice el exguerrillero en el video.

Si bien es preocupante la alta cifra de líderes asesinados, el alto consejero para el posconflicto afirmó que la mayoría de quienes han muerto han sido en conflictos con otros actores, mas no en manos del Estado. Afirma también que los más de 85 exguerrilleros de los que habla Iván Márquez han muerto en combates con otros grupos delincuenciales.

Esto, además, es una prueba de que hay personas que han vuelto a la criminalidad. De esta manera, defiende que las muertes no se dan dentro del marco del acuerdo de paz con las Farc, ni son producto de una desprotección del Estado.

2. Cambios en la Jurisdicción Especial para la Paz

Una de las mayores críticas fueron los cambios en la JEP, lo cuales, dice él, han hecho que la JEP deje por fuera “a los agentes civiles del Estado”, lo que para él significa que se ha “eclipsado el ofrecimiento de verdad para ocultar la identidad de los verdaderos responsables”.

En un artículo escrito por Humberto de la Calle en Colombia 2020 de El Espectador, dice que lo acordado en la JEP está respaldado constitucionalmente, aunque el Centro Democrático lanzó propuestas para realizar cambios. De la Calle aseguró en su momento que “en lo jurídico, hay normas constitucionales que garantizan la estabilidad de lo acordado. Corresponderá a la Corte Constitucional dictaminar sobre la validez de los cambios”.

En relación a esto, el alto consejero para el posconflicto afirmó en una entrevista con El Espectador que “la ley estatutaria de la justicia transicional se aprobó en la legislatura anterior, la Corte Constitucional le dio el aval a esa ley estatutaria en diciembre de este año que acabó de pasar […] El gobierno respeta la autonomía y la independencia de la JEP”, refiriéndose a las acusaciones de Márquez de que el Gobierno destruyó la JEP.

Uno de los temas más polémicos de la JEP fue el sometimiento de las Fuerzas Militares a ella, pues, quienes estaban en contra de esto aseguraban que habían actuado bajo órdenes de la presidencia. Esto fue rechazado desde los diálogos, pues la necesidad de perdón implicaba que todas las partes fueran procesadas por igual.

Incluso, para este momento, por la JEP han pasado militares, por ejemplo, de los casos de falsos positivos. Con relación a esto, De la Calle dijo: “tampoco vale arroparse con un sedicente patriotismo para señalar que es una afrenta al honor de la Fuerza Pública que la mezclen con guerrilleros al momento de la evaluación penal de su conducta. Es pura retórica hueca. La JEP es para delincuentes, no para soldados y policias heroicos”.

3. Seguridad jurídica

Márquez asegura en el video que el Estado no proporciona seguridad para mandos ni para excombatientes, por lo que deben ser ellos mismos quienes luchen por la paz.

Emilio Archila, además de catalogar esto como incitación a levantar las armas, dice que, según reportes de la Misión de las Naciones Unidas, en cada zona donde hay exguerrilleros, también hay un batallón de Ejército y Policía para asegurar la protección y, según dice, “ha sido profundamente efectivo”.

Igualmente, afirmó que se está realizando un censo de los excombatientes para saber con determinación en dónde se encuentran y qué necesidades tienen. Principalmente, el Estado busca saber qué necesidades en el ámbito de educación y trabajo, así como ayudarles a conseguir vivienda.

LatinAmerican Post | Juliana Suárez

Copy edited by Vanesa López Romero