La Justicia colombiana decomisa bienes por 230 millones de dólares a testaferros de la exguerrilla

Durante su periodo de actividad, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), contaban con su propia cadena de supermercados para abastecerse. Ahora, la Fiscalía General de la Nación –con la colaboración del Ejército- desmanteló una red de comercios de bajo coste y casas de recreo que se extendía por 23 municipios del país. Fueron antiguos guerrilleros, ahora desmovilizados, quienes con sus testimonios facilitaron a las autoridades encontrar a las dos familias que aceptaron crear este entramado para las FARC.

El clan de los Morea Urrea, conformado por 4 hermanos -3 de ellos ya detenidos- controlaba las tiendas Supercundi, Merkandrea y Mercafusa, que agrupaban 60 locales en Bogotá, Cundinamarca, Tolima y Quindío. La madre de los Morea Urrea, María Ana Bertilda, era, según la Fiscalía, “amiga cercana” de Jorge Briceño, alías Mono Jojoy, uno de los líderes más sanguinarios de la guerrilla, y que murió en 2010 en una ofensiva de las Fuerzas Armadas.

Dos de los hermanos, Norberto y Luis Alirio, además de ejercer como propietarios de estos establecimientos, también proporcionaban a las FARC información sobre posibles blancos para secuestros. De hecho, el dueño original de las tiendas era un empresario cundinamarqués privado de libertad por la guerrilla.

A pesar de que estas tiendas ofrecían productos básicos por debajo del precio del mercado e incluso inferior a lo pagado al productor o fabricante, las ganancias eran enormes, y esto fue lo que llamó la atención de la Fiscalía. Así descubrió y desarticuló una red de cinco sociedades, incautando 60 comercios, 70 cuentas bancarias, siete casas rurales, cuatro fincas, 29 lotes urbanos, 15 apartamentos, tres casas, siete locales comerciales y 27 vehículos.

Además de los Morea Urrea, las autoridades también identificaron a la familia Chaux Cuéllar como propietarios de varios bienes de esta red de blanqueo de capitales, que habrían sido obtenidos gracias al dinero entregado por el guerrillero Tomás Medina, alias Negro Acacio, pedido en extradición por Estados Unidos por narcotráfico y muerto en un bombardeo en 2007.

Estos bienes se conforman de varios inmuebles ubicados en Bogotá y en los departamentos del Meta y el Guaviare, entre los que se encuentra una casa de recreo valorada en más de 2 millones de dólares, caballos de competición y un buen número de cabezas de ganado. De acuerdo con la Fiscalía, este opulento patrimonio podría proceder del presunto tráfico de estupefacientes que el patriarca de la familia, José Hugo Chaux Cuéllar, mantenía con las FARC.

A pesar de que la antigua guerrilla ya entregó las armas y prepara su salto a la vida política en las elecciones a la cámara y presidenciales que tendrán lugar en el primer semestre de este año, las autoridades siguen ejecutando acciones que permitan desmantelar el poderío económico del grupo armado.

Las autoridades siguen ejecutando acciones que permitan desmantelar el poderío económico de las FARC

Actualmente, una de las polémicas que envuelve el proceso de politización de las FARC es que ellas alegan que no cuentan con recursos económicos ni bienes, mientras que gran parte de los partidos políticos aseguran que su patrimonio podría alcanzar cientos de millones de dólares.

Este operativo de la justicia ha provocado desmanes y saqueos en los municipios donde había presencia de estos locales. En Melgar, Fusagasugá y Facatativá fue necesario establecer el toque de queda. A través de las redes sociales se dijo que estos supermercados serían objeto de extinción de dominio, por lo que se convocaba a la gente que fuera y desocupara estos comercios.

Latin American Post | José María González Alonso

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