El “Impuesto Verde” en Colombia, verdad o mito?
Para comenzar el 2017 el gobierno Colombiano incluyo en la reforma tributaria el “impuesto verde”, impuesto a las emisiones de dióxido de carbono que busca desincentivar el uso de combustibles fósiles para así reducir las emisiones de gases efecto invernadero.
La inclusión de este impuesto se debe a las crecientes preocupaciones ambientales de Colombia y al compromiso que adquirió el país en el COP21 (XXI Conferencia Internacional sobre Cambio Climático) de reducir las emisiones de dióxido en un 20% para el año 2030.
La reforma tributaria define el impuesto de carbono como “un gravamen que recae sobre el contenido de carbono de todos los combustibles fósiles, incluyendo todos los derivados de petróleo que sean usados con fines energéticos”; también señala que el hecho generador del impuesto al carbono es la venta, retiro, importación para el consumo propio o importación para la venta de combustibles fósiles y se causaría en una sola etapa respecto del hecho generador que ocurra primero.
El impuesto tendrá una tarifa de $15.000 pesos por tonelada de CO2 y dado que cada uno de los combustibles registra diferentes niveles de emisiones de dióxido, el Ministerio de Hacienda especifico la tarifa para cada combustible por unidad: gas licuado de petróleo (GLP) $95 pesos por galón, gasolina, $135 pesos, Kerosene y Jet Fuel, $148 pesos, ACPM $152 pesos y Fuel Oil, $177 pesos.
Aunque Colombia quiere hacerle frente al desafío global del cambio climático y se espera que con el “impuesto verde” se realice un recaudo importante, quedan aún varias inquietudes acerca del arancel, ya que los nombrados derivados del petróleo son combustibles de uso frecuente en diversas actividades económicas lo cual afectaría el precio final de estos combustibles y por ende al consumidor final.
Pero hay una inquietud más grande, a donde van a llegar esos recursos recaudados y en que se van a invertir?
Se supone que el dinero colectado por los impuestos debe ser destinado al sector ambiental, a planes de adaptación al cambio climático, proyectos de reforestación, incorporación de nuevas tecnologías para mejorar el medio ambiente, etc. Pero lo cierto es que hasta la fecha el Ministerio de Hacienda no ha establecido hacia donde van a ser dirigidos dichos recursos.
Muchos ya especulan acerca de la posición oportunista del Gobierno sobre este impuesto por que aunque el cobro es necesario para cumplir las metas, no se sabe a ciencia cierta si los recursos serán destinados al sector donde corresponden.
Deberá ser el congreso el que revise si los impuestos verdes que corren por cuenta del bolsillo de los contribuyentes son en realidad una medida efectiva de protección al medio ambiente.
