La reciente liberación de 44 presos políticos fue un “regalo de navidad” en medio de la crisis política y social que azota al país

Para el 25 de diciembre fueron liberados 44 presos políticos bajo medidas alternativas de cumplimiento de pena; algunos se encontraban tras las rejas desde las manifestaciones del 2014.

Entre los liberados figura el ex alcalde de Barquisimeto, Alfredo Ramos, condenado a 15 años de cárcel; el asesor electoral de la Mesa de la Unidad Democrática, Roberto Picón, que llevaba seis meses en la cárcel esperando su juicio y una docena de policías opositores del municipio Chacao, área opositora de Caracas. Según la ONG Foro Penal Venezolano, solo el 4% de los presos son dirigentes políticos, la mayoría fueron detenidos en manifestaciones.

El presidente Nicolás Maduro aparenta jugar constantemente con la oposición, cediendo por una parte y atacando por otra. La liberación de estos 44 presos políticos antes de navidad, a pesar de ser una buena noticia, no fue más que un placebo momentáneo para calmar a los ciudadanos y como cortina internacional para mejorar las relaciones con países en contra de sus métodos inconstitucionales, como Trump en Estados Unidos, que le exigió en agosto la liberación de todos los presos políticos y le impuso sanciones financieras para ejercer presión.

Esta excarcelación es parte de una lista de 80 prisioneros inocentes que la ANC prometió liberar, aun si cumple su palabra, no constituirá ni siquiera el 30% de los 268 presos políticos registrados oficialmente por la ONG Foro Penal Venezolano. Alfredo Romero, director ejecutivo de esta organización no gubernamental, resaltó que el Gobierno “utiliza el efecto de la puerta giratoria: mientras libera a unos, encarcela a otros”, debido a que no le conviene mantener la imagen de represión totalitaria frente al panorama global.

En el 2014, surgió la primera ola de protestas contra el Gobierno de Maduro, llamada “La Salida”, iniciativa de los líderes opositores Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledezma. La rebelión del 2014 dejó atrás 43 muertos, más de 486 heridos y 1854 detenidos, según datos de la Fiscalía General de la República.

Leopoldo López se convirtió en el preso político más importante y emblemático del régimen de Maduro. A partir de este momento, comenzó la estrategia gubernamental de utilizar a los presos políticos como rehenes y monedas de chantaje en el ámbito nacional e internacional. La liberación de Leopoldo López en el 2017 fue utilizada como mecanismo para intentar calmar las protestas, estrategia efectiva al principio, pero no distrajo por mucho tiempo a los venezolanos de la crisis jurídica, económica, social y política del país. Durante las manifestaciones del 2017, se perdieron 125 vidas.

Los eventos recientes de liberación condicionada están rodeados de incertidumbre, puesto que los juicios que se supone que tendrían lugar el martes 26 de diciembre nunca sucedieron.

Aún después de su nueva ganada libertad, los ex presos políticos están a la expectativa de los tribunales que muestran irregularidades y no dan a conocer las restricciones o alternativas de privación de libertad. El líder estudiantil Jhosman Paredes, uno de los excarcelados, indicó por su cuenta de Twitter: “Son las 12:30pm nos retiramos del Palacio de justicia sin respuestas. Los ex presos políticos hicimos presencia y una vez más los tribunales sin despacho”. La paralización de asuntos legales no es un fenómeno extraño para los venezolanos.

Los presos políticos son un arma de doble filo para el Gobierno: Por un lado, son su ficha de cambio para negociar con la oposición frente a la elecciones presidenciales del 2018; por otro lado, también son la mayor amenaza a su credibilidad democrática internacional. Por consiguiente, mantenerlos presos o liberarlos a todos traerá consecuencias negativas para el Gobierno que cada vez se ve más adentrado en un callejón cuyas únicas salidas son declararse abiertamente como una dictadura o dejar el poder con la amenaza de ser ellos los presos políticos del futuro.

La crisis humanitaria, social y política que enferma a Venezuela desde los últimos años no parece estar cerca de llegar a su fin. Las organizaciones de derechos humanos a nivel mundial se han pronunciado en contra del régimen inconstitucional de Maduro, y progresivamente el presidente de Venezuela ha perdido importantes aliados y ganado cada vez más enemigos. A pesar de la liberación de algunos presos políticos, aún queda un largo camino por recorrer para reparar al país más fracturado de Latinoamérica.

Latin American Post | María de los Ángeles Rubio

Copy edited by Susana Cicchetto