Varios colectivos se han movilizado para mejorar la situación de las mujeres y niñas de este país centroamericano

En un siglo en el que las mujeres han levantado la voz para luchar por sus derechos y en el cual han sido empoderadas, aún se sigue luchando, y este es el caso del El Salvador, un país done la vida de las mujeres vale menos, no sólo por las cifras de homicidio, sino porque el acceso a la salud sexual. Las mujeres no cuentan con las posibilidad de acceder a un mejor servicio de salud como fue el caso de las ‘17’, mujeres pobres que fueron encarceladas por problemas obstétricas durante su embarazo y sin acceso a la sanidad, esto debido a que El Salvador no permite el aborto bajo ninguna causal.

El pasado 5 de julio Evelyn Hernández fue condenada a 30 años de prisión por la muerte de su hijo recién nacido, tuvo un parto prematuro según el estudio histopatológico, tenía de 28 a 32 semanas de embarazo. Su parto fue precipitado y extrahospitalario, lo cual significa que es una emergencia y no contó con ninguna asistencia especializada hasta que su mamá la llevó al hospital. Las posibilidades de supervivencia del recién nacido eran exicuas. A Evelyn se le acusa de homicidio agravado, aunque no se presentó en la audiencia pública alguna prueba de que ella realizara alguna acción intencional que condujera a la muerte de la criatura.

Diferentes colectivos han solicitado una reforma del código penal para cambiar el destino de estas mujeres a través de cuatro causas que permitan la interrupción de embarazos ya que en  El Salvador, el aborto es ilegal en cualquier circunstancia, sin excepción, incluso en caso de violación o cuando la vida de la madre correo peligro.

Los cuatros casos en los que se buscan la despenalización del aborto son:

• Cuando la vida y la salud de la mujer corran peligro
• En casos de violación contra un menor de edad o estupro
• Cuando exista una malformación del feto que haga inviable la vida fuera del útero
• Cuando el embarazo sea fruto de violación sexual o trata de personas

Esta propuesta liderada por el Ministerio de Salud, que asegura que no se encuentra promoviendo el aborto, sino que busca el paso de “una penalización absoluta a una despenalización puntual” para promover la vida y la salud de las mujeres, esta iniciativa ha sido propuesta por la diputada Lorena Peña Mendoza.

En un informe del 2013 del Centro de Derechos Reproductivos dijo que el Estado Salvadoreño “traspasa el límite del irrespeto a los derechos humanos y a la dignidad de sus mujeres mediante el ejercicio de su poder sancionatorio” así mismo en un informe en el 2015, Amnistía Internacional calificó como “absurda” la legislación salvadoreña en esta tema y aseguró que encarcelar a una mujer que ha sufrido complicaciones con el embarazo conllevan a su familia a una vida de porbreza y trauma.

Han sido varios los colectivos que se han unido para luchar porque los diputados aprueben los cuatro casos de interrupción del embarazo a través de frmas a la petición, difundiendo contenidos en las redes sociales bajo los hashtags #SeguimosUnidos y #Conellas, buscando la participación de los salvadoreños con el objetivo de que los mensajes llegue a los diputados y a la Asamblea Legislativa.

Latin American Post | Dima Flórez

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