¿En qué afecta la bancarrota de Odebrecht a los países víctimas de corrupción?

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El hecho de que Odebrecht se haya declarado en bacarrota, solo significa una cosa: impunidad para los casos en cada país que fueron víctimas de corrupción

El pasado 17 de junio fue un día crucial en uno de los casos de corrupción de mayor magnitud en América Latina, con Odebrecht como protagonista. Por medio de un comunicado de prensa, recogido por El Clarín de Argentina, la constructora brasileña se declaró en bancarrota, “consecuencia de una crisis económica (…) el impacto a la reputación debido a los errores cometidos, y a la dificultad de las empresas para obtener crédito y nuevos contratos después de colaborar con la justicia”.

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Pero tras esta declaración se encuentra un concurso de acreedores utilizado por Odebrecht, para poder solventarse jurídica y económicamente y así evitar su desaparición. Dicho recurso judicial, que ya aprobó un tribunal de quiebras de Sao Paulo, no es más que la forma utilizada por la empresa para ajustar cuentas con sus principales acreedores, ya sea por medio de un reajuste de la deuda que tiene con ellos o la cesión parcial de su patrimonio con la cual pueda saldar parte o la totalidad de dicha deuda.

Pérdidas económicas

De acuerdo con AFP, con el concurso de acreedores, Odebrecht espera negociar un compromiso económico de más de 20.500 millones de dólares que adeuda, no solo a una docena de países (diez de Latinoamérica y dos de África), sino a “los bancos públicos brasileños (Banco Nacional de Desarrollo, BNDES, Banco do Brasil y Caixa Económica Federal) y también tenedores de bonos”.

Países como Colombia, Perú, Ecuador, Venezuela y Panamá son solo algunos en los que Odebrecht, de acuerdo con el portal 070 de la Universidad de los Andes, depositó 230 mil 500 millones de dólares en coimas para ganar licitaciones en obras civiles dentro de su territorio.

Sin embargo, esta cifra no se acerca a los 349 millones de dólares que filtró la constructora en su propio país (Brasil), según información expuesta por el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ, por sus siglas en inglés). Cifras estratosféricas que demuestran la dimensión de lo que ya se convirtió en una problemática política y judicial de la región.

Ahora bien, como es obvio, Odebrecht no inyectaba dinero en la compra de concursos civiles dentro de estos países sin esperar una ganancia que duplicara, y muchas veces triplicara lo que se “invirtió”.

Por ejemplo, tan solo en Colombia, Odebrecht dijo al DOJ que sus ingresos fueron de 50 millones de dólares. No obstante, en 2018, El Espectador informó que el gigante constructor pretendió cerrar toda investigación, así como su deuda con este país, con tan solo un poco más de 33 millones. Entonces, ¿con cuánto estará dispuesta a negociar, ahora que está al borde de la bancarrota?

Y así será con el resto de las víctimas. Como se dijo anteriormente, fueron doce países los que se vieron afectados por la corrupción de Odebrecht y sus gobiernos (a los cinco nombrados anteriormente se suman México, Guatemala, Argentina, Cuba, República Dominicana, Angola y Mozambique), con tratos que desfalcaron los proyectos de construcción dentro de estos y, que además, detuvieron el crecimiento civil que se pretendía con estos proyectos arquitectónicos.

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Pérdidas judiciales

Pero además de las pérdidas económicas, hay algo que preocupa aún más a los afectados por este caso: el silencio judicial. Suponiendo que Odebrecht logré llegar a un acuerdo monetario con las entidades y países a los que debe (gracias al concurso de acreedores), estos tratos no solo cerrarían los libros contables, sino también las investigaciones en contra de este monopolio empresarial.

Cabe recordar que, por ejemplo, en México, se pagó una presunta coima de 4 millones de dólares a  “Emilio Lozoya, que en 2012 era coordinador del área internacional de la campaña presidencial de Peña Nieto”, tal y como lo informó El País de España.

Igualmente, en países como Colombia y Perú, se han visto envueltos en casos de corrupción, por dineros que supuestamente entraron a campañas o que fortalecieron los ejercicios políticos, a expresidentes como Juan Manuel Santos o Pedro Pablo Kuczynski, respectivamente. Incluso, hace un par de meses, el también exmandatario de Perú, Alán García, quien era investigado por Odebrecht, decidió quitarse la vida cuando uniformados llegaron hasta su domicilio para capturarlo y llevarlo a prisión.

Así como estos casos, existen decenas que aún necesitan ser esclarecidos, pero que penden de un hilo con las posibles negociaciones entre Odebrecht y sus acreedores. Solucionar de una vez por todas los líos económicos no es una buena estrategia para los países que aún viven en la ignorancia de qué ocurrió, cuándo y dónde, así como de los personajes que hicieron parte de estos hechos de corrupción; los más grandes de esta región.

LatinAmerican Post | Christopher Ramírez 

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