En países como México, investigar y condenar la corrupción se ha convertido en casi un imposible

El mayor caso de corrupción y lavado de activos en Latinoamérica apenas comienza, han comentado Fiscales reunidos Panamá. Sin embargo, la presión hacía ellos ha ido en aumento. El caso de México es uno de los más representativos, en el cual el ahora ex Fiscal de Delitos Electorales (FEPADE), Santiago Nieto, fue removido de su cargo por violar el “código de conducta”, mientras llevaba a cabo una parte de la investigación Odebrecht-México vinculada a Emilio Lozoya, ex director de PEMEX y declarado culpable por Luis Alberto Meneses, director superintendente de Odebrecht en México.

Los tentáculos de la corrupción de Odebrecht, que según el Departamento de Justicia de EE.UU. repartió 788 millones de dólares en América Latina y África, han unido a Fiscales, Procuradores y representantes judiciales de Perú, Ecuador, Guatemala, Argentina, Portugal, El Salvador, Suiza, Colombia y México con el fin tener una “colaboración internacional en casos de corrupción y blanqueo de capitales, de manera especial en el caso Odebrecht”, como indicó el Ministerio Público panameño.

Hasta el momento Brasil encabeza las detenciones con 77 detenidos incluido el juicio contra el ex presidente Lula Da Silva y acusaciones contra el actual presidente Michel Temer, así como el presidente de Odebrecht. En Colombia ha habido 12, así como las acusaciones contra el presidente Juan Manuel Santos y su campaña política. Ha habido 14 detenidos en República Dominicana, 4 en El Salvador, 5 en Perú, incluido el expresidente Ollanta Humala. En Panamá ha habido 2 detenidos por Odebrecht, incluido el expresidente Ricardo Martinelli. En todos ellos, la élite en el poder ha sido cuestionada y hasta juzgada, pero en México sucede lo opuesto.

Contrario a lo que la justica latinoamericana viene haciendo al arrestar o abrir juicios contra funcionarios vinculados a Odebrecht, en México no se ha encarcelado a alguien por vínculos contra la compañía Odebrecht, a pesar de que en Brasil los culpables directos declararon que Emilio Lozoya Austin, ex director de PEMEX, recibió dinero para financiar la campaña del actual presidente Enrique Peña Nieto.

No obstante, la administración de Enrique Peña Nieto ha buscado entorpecer la labor de las instituciones encargadas del caso Odebrecht. En un principio el Gobierno Federal buscó que Raúl Cervantes -ligado al grupo en el poder presidencia- fuera el primer Fiscal General; esto no pasó por la presión de la Sociedad Civil y la oposición partidista, que causó que él renunciara al cargo. Sin embargo, unos días después Santiago Nieto, otrora titular de la FEPADE, dio una entrevista para Grupo Reforma en la cual comentó que Emilio Lozoya lo presionó para declarar su inocencia, lo cual generó que el encargado del despacho de la PGR, Arturo Elías Beltrán lo removiera de su cargo por “violar el código de conducta”. La Cámara Alta rechazó la remoción; pero el mismo Santiago Nieto desistió de buscar su reincorporación a la FEPADE.

Después de esto, en la reunión en Panamá que se dieron cita los Fiscales y Procuradores, Douglas Meléndez, el Fiscal General de El Salvador, comentó que “muchos fiscales y procuradores de países estamos siendo presionados y algunos hasta amenazados por estas investigaciones, hay que decirlo muy claramente”, y con ello la desconfianza hacía los grupos en el poder va aumentando debido a que no se respeta la división de poderes y al parecer sólo buscan ocultar la corrupción de la cual son parte.

Si bien es cierto que México es el caso más visible para que no se quiera investigar a profundidad y tocar el círculo presidencial, no quiere decir que en otros países no se esté presionando a otros Fiscales. Sin embargo, en México es excepcional porque el presidente Enrique Peña Nieto tiene una de las aprobaciones más bajas en Latinoamérica y en vez de aumentarla parece no importarle el Gobierno Federal sino sólo perpetrarse en el poder.

Latin American Post | Leonardo Daniel

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