Guatemala amanece bajo estado de emergencia mientras las pandillas ponen a prueba el poder del Estado

Tras disturbios en las cárceles que se extendieron a ataques en las calles, Guatemala entró en un estado de emergencia de treinta días que limita las protestas y amplía los poderes policiales. Con diez agentes muertos, las familias lloran mientras los viajeros se mueven con cautela, midiendo cada diligencia frente al miedo.

Ataúdes adentro, retenes afuera

La violencia comenzó donde se supone que el orden en Guatemala debe ser más absoluto: tras las rejas. El sábado, reclusos tomaron el control de tres cárceles en lo que las autoridades describieron como motines aparentemente coordinados, tomando como rehenes a cuarenta y tres guardias. La exigencia, según los funcionarios, fue directa y conocida en una región donde los grupos criminales negocian con el Estado mediante la intimidación: privilegios para miembros y líderes. Para el público, el mensaje era igual de claro: si las cárceles pueden ser tomadas, la línea entre encierro y mando ya se ha desdibujado.

Para la mañana del domingo, la policía había liberado una prisión. Pero la restauración del control adentro no detuvo la represalia afuera. Poco después, presuntos pandilleros atacaron a la policía en toda la Ciudad de Guatemala, convirtiendo la capital en una advertencia: esto no era una perturbación contenida, sino una escalada dirigida directamente al uniforme más visible del Estado.

Para el lunes por la noche, las autoridades informaron que un décimo agente policial había muerto a causa de los ataques. La cifra importaba no como estadística, sino como herida nacional: diez familias sumidas en el duelo, diez asientos vacíos, diez vidas que ahora llevan la carga de servir como símbolos. En una ceremonia en el Ministerio de Gobernación, la policía rindió homenaje a los agentes caídos. Los ataúdes cubiertos con banderas estaban alineados, las banderas haciendo lo que siempre hacen en momentos como este: convertir la pérdida privada en narrativa pública.

El presidente Bernardo Arévalo habló con un lenguaje marcado por el deber y el luto. “Hoy me duele entregar a cada una de las familias esta bandera, símbolo de la nación que no olvidará el sacrificio y el compromiso de sus policías caídos en el cumplimiento de su deber”, dijo el lunes. Afuera del ministerio, el dolor no necesitaba retórica. José Antonio Revolorio, de setenta y dos años, se presentó como el padre de José Efraín Revolorio Barrera, de veinticinco, y dijo lo que los padres suelen decir cuando el Estado les pide absorber lo impensable: “Espero que los criminales que le hicieron esto a mi hijo algún día paguen, que la ley los persiga. Y que esto no termine aquí, porque mi hijo era un hombre honesto, competente en su trabajo.”

Esa frase—“que esto no termine aquí”—cargaba más que enojo. Llevaba consigo una memoria regional de casos que sí terminan ahí, disolviéndose en impunidad, papeleo o resignación silenciosa.

Una declaración que aprieta la calle

Mientras se desarrollaba el duelo, el gobierno se movió para reafirmar el control mediante la ley. El diario oficial publicó el lunes la declaración de Arévalo de un estado de emergencia de treinta días, describiendo “acciones coordinadas de autodenominadas maras o pandillas contra fuerzas de seguridad del Estado, incluyendo ataques armados contra autoridades civiles.” Las palabras eran burocráticas, pero la realidad detrás de ellas era inmediata. Entre los derechos limitados bajo la declaración están la libertad de acción y de manifestación. La medida también permite a la policía detener personas sin orden judicial si son sospechosas de pertenecer a pandillas. Las fuerzas de seguridad pueden prohibir la circulación de vehículos en ciertos lugares o someterlos a revisiones.

En un país donde la confianza pública es frágil y la línea entre protección y abuso ha sido históricamente disputada, esas disposiciones pesan de manera ambivalente. Prometen rapidez, pero también conllevan riesgo: la sospecha puede convertirse en atajo, y los atajos en precedente. Los poderes de emergencia siempre se venden como temporales; el público suele descubrir después qué parte de lo “temporal” sobrevive.

La noche del lunes, el Congreso unicameral de Guatemala aprobó el estado de emergencia con cambios menores, con ciento cuarenta y nueve votos a favor, uno en contra y diez ausentes o con permiso. La declaración ya había entrado en vigor el domingo, lo que significa que las nuevas reglas del país ya estaban moldeando el comportamiento antes de que los legisladores terminaran de debatirlas.

Las calles reflejaron ese cambio. El tráfico en la capital el lunes parecía más ligero de lo habitual, el tipo de silencio que no se siente pacífico sino cauteloso. Para muchos guatemaltecos, la emergencia no comenzó como una política; comenzó como una decisión sobre si salir o no de casa.

“Esta situación es una vergüenza. Afecta psicológicamente a la gente: no quieren salir”, dijo Óscar López, técnico en radio de sesenta y ocho años que igual tuvo que acudir a su cita médica. Su apoyo al estado de emergencia reflejaba un tipo de alivio complicado que suele aparecer en momentos de inseguridad. “Estoy de acuerdo con que el presidente imponga el estado de emergencia porque no detiene la violencia, pero relaja a la gente”, dijo. La frase es casi paradójica—admitiendo que una medida puede no acabar con el peligro y aun así creer que puede calmar los nervios lo suficiente para que la vida diaria continúe.

Para Ileana Melgar, de sesenta y cuatro años, el riesgo se sentía más personal. Necesitaba renovar su identificación, una tarea cívica ordinaria que de repente cargaba el peso emocional de un viaje. “Pero tenía miedo de salir, llamé a mi amiga para que fuera conmigo”, contó. Su miedo no era abstracto; era logístico. “No sabes si también van a detener el transporte (público) y no podemos regresar a casa.” En América Latina, la inestabilidad suele llegar primero como una interrupción del movimiento—buses detenidos, calles bloqueadas, rutas controladas—antes de convertirse en un titular.

Como medida de precaución, el lunes se suspendieron las clases en todo el país, una decisión que señala tanto la gravedad como la vulnerabilidad. Cuando un gobierno le dice a los niños que se queden en casa, está admitiendo que el espacio público ya no es confiablemente seguro.

Etiquetas de terror, ojos extranjeros y un patrón regional

La crisis también atrajo la atención internacional, y con ella, el lenguaje internacional. La Embajada de Estados Unidos en Guatemala instruyó a su personal gubernamental a resguardarse el domingo, luego levantó la orden ese mismo día, aunque recomendó mantener la precaución al viajar. El lunes, la embajada condenó los ataques contra la policía, calificando a los perpetradores de “terroristas” y advirtiendo que quienes cooperen con ellos o estén vinculados “no tienen cabida en nuestro hemisferio.” Reafirmó su apoyo a las fuerzas de seguridad de Guatemala “para frenar la violencia”, enmarcando el asunto no solo como una emergencia guatemalteca, sino como una cuestión de estabilidad hemisférica.

La palabra “terrorista” ahora sobrevuela el problema de las pandillas en Guatemala de una manera que redefine cómo el Estado—y sus socios extranjeros—justifican la acción. En octubre, el Congreso de Guatemala reformó leyes para declarar terroristas a los miembros de las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha, aumentando las penas de prisión para los pandilleros que cometan delitos. El gobierno de Estados Unidos también declaró a esas pandillas como organizaciones terroristas extranjeras el año pasado.

Estas etiquetas importan porque no solo describen; autorizan. Amplían el espacio moral y legal para medidas más duras, sentencias más largas, una policía más agresiva. En algunos casos, también pueden ayudar a los gobiernos a conseguir recursos y cooperación. Pero en Guatemala, donde los ciudadanos han visto tanto a criminales como a instituciones ejercer poder con poca rendición de cuentas, la pregunta de fondo no es cómo deben llamarse las pandillas. Es en qué se convierte el Estado cuando las combate.

Por ahora, la emergencia ha creado un país que camina con pasos más cortos. La gente sigue yendo al médico, sigue renovando su DPI, sigue intentando trabajar. Pero lo hace con una nueva aritmética interna: ¿vale la pena este viaje, podré regresar a casa, qué pasa si la ruta cambia, qué pasa si alguien decide que parezco sospechoso?

Y detrás de esa aritmética está la verdad más dolorosa que se hizo visible en el Ministerio de Gobernación: una fila de ataúdes, diez banderas y familias a quienes se les pide creer que el sacrificio será recordado en una región donde la memoria suele ser la única justicia ofrecida.

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